La expulsión de la delegación diplomática de Chile decretada por el Gobierno de Venezuela, que ordenó también el retiro de su personal diplomático en el país, ha agudizado la incertidumbre sobre materias de seguridad que involucraban la ya escasa cooperación previa de las autoridades venezolanas. Una materia en la que hoy resulta muy difícil avanzar, según plantean expertos, como ocurre en los casos pendientes de expulsiones administrativas y judiciales.
A esto se agrega el necesario intercambio de información para identificar a venezolanos indocumentados participes de delitos de alta connotación social. Mijail Bonito, exasesor de políticas migratorias en la Subsecretaría de Interior del gobierno anterior, define como totalmente bloqueado avanzar en los procesos de salidas forzadas de extranjeros. "Si antes era complejo expulsar, hoy es prácticamente imposible (...). Si uno no logra la identificación de las personas, es imposible el traslado, pues no sabes a quién estás trasladando y además, el otro país ni siquiera toma conocimiento de que es un ciudadano suyo. Si el otro país no te responde, no hay forma de hacerlo".
