Estudio de abogados Carey y Cía.
El Mercurio
"Es parte de la cultura organizacional de la empresa demandada la discriminación por género y maternidad". Esta fue la afirmación de la abogada del estudio jurídico Carey en la demanda de tutela laboral que presentó ante el 1° Juzgado de Letras de Santiago contra la oficina, en la que comenzó a prestar servicios en 2019.
Según informa el diario El Mercurio, el estudio fue notificado a fines de julio y las partes se encuentran citadas a una audiencia preparatoria en octubre.
En concreto, en la demanda la abogada, Camila Beltrán, acusa vulneración de derechos fundamentales, en específico a no ser discriminada por género y maternidad, así como a la integridad psíquica, la honra y la libertad de trabajo. Y es que asegura que la firma "realizó conductas de acoso laboral con el único fin de presionar mi renuncia o abandono de labores, y al no lograr su cometido, trató de despedirme y ofrecerme convenientes 'propuestas de salida' para renunciar a mis derechos maternales y a todo tipo de acción contra la empresa".
Luego de un período posnatal, regresó a trabajar en noviembre de 2022, momento en que asegura "el trato laboral de mi jefatura comenzó poco a poco a cambiar, iniciando un largo período de hostilidad".
Según expresó Beltrán le comenzaron a asignar "menos casos y labores sin sentido", agregando que "ir al trabajo me ocasionaba ansiedad y estrés, ya que el trato desigual era evidente". Lo anterior, sostuvo, habría afectado su desarrollo profesional y económico. Y asegura que el último episodio ocurrió en abril pasado, cuando rechazó una tercera propuesta para terminar su relación laboral -la primera fue en enero, cuando tenía tres meses de un segundo embarazo-.
Desde Carey indicaron que al plantearle a la abogada su desvinculación "por hechos ajenos a su maternidad", ella "no había informado ni a la empresa ni a su equipo que estaba embarazada". Al conocer su estado, aseguran "se le indicó de inmediato que, dado su fuero, su salida no se produciría".
Además defendieron que promueven "el desarrollo de la carrera profesional" de las mujeres y que esperan que los tribunales "resuelvan dando cuenta de la inexistencia de cualquier vulneración (...) que la abogada infundadamente nos atribuye".
En 2022 Carey llegó a un acuerdo económico con una ex asociada que denunció discriminación de género, tras una fallida postulación a socia.
