Conmoción provocó el atentando incendiario adjudicado por un grupo anarquistas contra las empresas cementeras Melón y Áridos Río Maipo, en el sector de San Juan de San Antonio, Región de Valparaíso. De hecho, el Gobierno anunció la presentación de una acción judicial en contra de quienes resulten de la agresión, que terminó con ocho camiones destruidos.
A través de un comunicado, el grupo dijo ser parte del movimiento mundial "Campaña Switch Off!", la cual "busca ser una ofensiva contra empresas e infraestructuras que alimentan la catástrofe ecológica". Y es que la investigadora de AthenaLab, Pilar Lizana, vincula la operación con la desembocadura del río Maipo, lugar en donde se cometió el ataque: "Tienen un objetivo político y una consigna que buscan perseguir".
En conversación con Emol, la investigadora señala que los atacantes tiene "un cierto nivel de organización,
sobre todo para tomar la decisión de cuál es el objetivo que van a atacar".
Los miembros de "Campaña Switch Off! Grupo Volcán" argumentan que "la actividad cementera y de extracción de áridos conlleva el sacrificio ecológico y la degradación de las comunidades que habitan el entorno, convirtiéndose así en otra zona de sacrificio (son 4 en total las empresas hormigoneras, cementeras y de áridos que funcionan allí), lo que tampoco ha sido indiferente para la población local que ya se ha manifestado contra los efectos provocados por el funcionamiento de esta nefasta actividad industrial".
"El objetivo es movilizar políticamente su causa", dijo la experta.
También plantea que "en Chile hoy día tenemos crimen organizado, actividad terrorista, delincuencia común funcionando, las que operan al mismo tiempo. Por lo tanto, las respuestas tienen que ser distintas".
En tanto, Pía Greene, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, sostuvo que "este tema hay que mirarlo con extrema cautela", ya que "si bien pareciera ser un atentado contra una compañía específica, esto puede escalar e instalarse como método de resolución de conflictos o incluso como una forma de entregar un mensaje, como pareciera ser este caso".
"Al igual como comenzó en la región de La Araucanía, hay que poner atención y no permitir que estos hechos se transformen en algo recurrente ni se normalice este accionar que constituye una manera de infundir temor en la población", agregó.
Por su parte, el ex ministro del Interior durante el segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, Jorge Burgos, indicó a este medio que si bien "no es muy común, no es primera vez que un grupo que se califica de anarquista y que reivindica causas ecológicas o de otro tipo realiza acciones delictuales de esta naturaleza".
En ese sentido, recordó que "en muchos de estos casos no ha habido impunidad, y tanto las policías como las fiscalías han logrado detectar a los autores y en varios casos hay sentencias muy duras".
También destacó que "siendo un grupo que no se conocía desde el punto de vista de la reivindicación, haya hecho un atentado de esta magnitud, con ese nivel de daño, lo que implica un grado de organización para nada despreciable".
"Un representa un grave ataque a la industria del cemento y del hormigón
El Instituto del Cemento y del Hormigón emitió un comunicado y expresó su "más absoluta condena al atentado incendiario".
"Este acto de violencia de carácter intencional no solo ha causado daños materiales significativos, incluyendo la quema de 8 camiones y parte de las oficinas administrativas, sino que también representa un grave ataque a la industria del cemento y del hormigón, sectores fundamentales para el desarrollo y la construcción en nuestro país", indicaron.
En ese sentido, ahondaron que "el impacto de este atentado va más allá de las pérdidas materiales, afectando directamente a quienes día a día contribuyen al progreso de Chile a través de su labor en estas empresas".
