Diversas autoridades de la Región de Valparaíso le piden al Gobierno ampliar el Plan Calles sin Violencia de la misma forma que en la capital. La medida, que se implementó en diversas comunas desde abril del año pasado, busca que detener la tendencia al alza de los homicidios.
Durante julio, una ola de asesinatos fue registrada en la Región Metropolitana, gallito que las autoridades del Ejecutivo lanzaran el reforzamiento de la medida. Fue este lunes que se puso en marcha la segunda fase de la medida, con la destinación de 909 carabineros en la Región Metropolitana.
"Necesitamos ser considerados en las políticas de carácter nacional y que sobre todo a la hora de hablar de seguridad no exista centralismo".
La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti
Actualmente, la estrategia se aplica en las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Cartagena y Quilpué.
Según consignó El Mercurio de Valparaíso, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, indicó que "existe un déficit de dotación policial de al menos 30% que se arrastra desde el gobierno anterior. Esto en concreto se nota en las comisarías, subcomisarías o retenes que hay en nuestros barrios, donde la falta de carabineros es pan de cada día. Al igual que en la Región Metropolitana, el Plan Calles sin Violencia debe extenderse a toda la región de Valparaíso, el delito es móvil, se mueve de una comuna a otra, no existen fronteras que lo limiten".
Añadió que "Valparaíso no puede tener un trato distinto a Viña del Mar, Concón, Reñaca, Las Condes, Vitacura o Providencia, todos los ciudadanos tienen derecho a la seguridad, a vivir sin violencia y en paz, y es deber del Estado garantizar aquello".
La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, enfatizó que "nosotros también queremos que Viña del Mar sea una ciudad segura para vivir, y para eso necesitamos ser considerados en las políticas de carácter nacional y que sobre todo a la hora de hablar de seguridad no exista centralismo. Entendemos que estas decisiones suponen un análisis situacional y de indicadores, pero acá en Viña del Mar tenemos la base económica de la región y es la comuna con mayor concentración de habitantes. Además, tenemos una presión muy importante, también, por la cercanía con Santiago".
Para la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán, "esta segunda etapa del Plan Calles sin Violencia nos pone también en alerta en la Región de Valparaíso, donde hay comunas que también formamos parte de la primera etapa de este plan y necesitamos que se continúe profundizando el trabajo acortando las brechas de dotación policial".
Comentó que "sería un error que un plan que ha tenido alcance en regiones se transforme en una política centralista más. Hasta ahora, incluso en la región, la mayor parte de las acciones se concentran en las comunas más grandes; y una comuna como Quilpué, donde enfrentamos desafíos como tener una de las ferias más grandes del país, por la cual cada sábado transitan más de 20 mil personas, no recibe la atención suficiente. Espero que el Ministerio del Interior impulse una nueva etapa del plan, donde las acciones lleguen a todas las comunas y los resultados satisfagan las expectativas que se generaron en la ciudadanía".
El concejal porteño Dante Iturrieta (UDI) expuso: "Siento que, lamentablemente, Santiago es Chile y los recursos para las regiones siempre deben esperar o pasar a segundo plano. Es más, siento que la aplicación del plan en nuestra comuna no tuvo el efecto esperado, manteniendo los índices de inseguridad y también los índices delictuales".
El concejal viñamarino René Lues (DC) comentó que "no hay que dejar de lado a regiones, como la nuestra, que son vecinas a la capital y donde se trasladan los delincuentes cuando son hostigados y perseguidos en Santiago, sobre todo si vemos que en la Región de Valparaíso se encuentra uno de los puertos terrestres y los dos puertos marítimos más importantes del país".
Advirtió que "la mirada en seguridad no puede ni debe ser de límites geográficos de una determinada comuna o región, sino que debe abarcar grandes zonas territoriales, consideradas de manera más integral, para que la lucha contra el flagelo de la delincuencia y el crimen organizado sea más potente y eficaz".
John Byrne, consejero regional de Valparaíso, afirmó que "se necesita una base única de registro biométrico que sea compartido por Carabineros, PDI, Aduana, Policía Marítima, Ministerio Público y Registro Civil. Los delincuentes saben que los sistemas de los policías no hablan entre sí y ocultan su identidad, permitiendo quedar como primerizos frente a los tribunales".
