El 20 de mayo pasado se suscribió entre el Ejecutivo y el Legislativo el "fast track 2.0" de seguridad. Sin embargo, a tres meses de su anuncio, la iniciativa se encuentra totalmente estancada en el Congreso. Esto mismo, generó que el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde (PS), asistiera a la comisión de la materia de la Cámara durante esta semana donde dio cuenta que solo uno de los 32 proyectos de la agenda, -el de reincidencia- ha sido despachado a ley.
En la instancia, el secretario de Estado detalló que 30 están aún en tramitación y el otro, sobre gobernanza digital está pendiente de su ingreso.
Según consignó El Mercurio de Valparaíso, la exposición del ministro dejó rostros de incredulidad en la comisión de Seguridad de la Cámara, por la tramitación de esta nueva agenda que se acordó hace casi tres meses por la crisis de seguridad que enfrenta el país. En ese sentido hay parlamentarios que, por la lentitud de la tramitación del proyecto, responsabilizan al Gobierno mientras que otros al oficialismo y a la oposición.
"Más que fast-track, parece una tramitación tortuga", señaló el diputado oficialista, Tomás Lagomarsino (PR), quien cree que el primer responsable "es el Ejecutivo, que es quien pone la urgencia".
En segundo lugar, culpa "al temor que tienen muchos diputados oficialistas, principalmente del Frente Amplio y del Partido Comunista, que le tienen temor a legislar en esta materia".
En este punto coincide la presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Gloria Naveillán (PSC), ya que considera que el Socialismo Democrático sí ha colaborado, pero no ha visto la misma postura por parte del FA y el PC.
"Buena parte del oficialismo muestra disposición, sobre todo del PPD y buena parte del PS, pero claramente el Partido Comunista y el Frente Amplio no están dispuestos a avanzar y tratan de obstaculizar u oponerse a temas que incluso el mismo Gobierno propone. Claramente no tienen el mismo afán de avanzar en lograr leyes más duras, penas más altas. Les cuesta", aseguró Naveillán.
Otro aspecto que ha entrampado la tramitación de la agenda legislativa es que los proyectos no han logrado convencer a Renovación Nacional.
El diputado
Andrés Longton admitió que "la verdad, nosotros nunca estuvimos de acuerdo con el segundo fast-track legislativo. Creíamos que había
proyectos que no tenían ninguna relevancia desde el punto de vista de la seguridad, como uno que potenciaba la música y eventos culturales".
Asimismo, lamenta que hayan quedado fuera de la agenda algunos proyectos como el que tipifica el ingreso ilegal al país, o el que endurece las penas a lo homicidas hasta los 50 años, que para ellos, "era fundamental". Asimismo, estableció que "este fast-track solamente tuvo como efecto dar una señal comunicacional".
Por su parte, el diputado Andrés Celis (RN) cuestiona que "este acuerdo fue presentado como la solución definitiva a la crisis de inseguridad, pero lamentablemente se está quedando en el papel y diluyéndose en la burocracia".
El parlamentario, que apoyó la agenda legislativa en materia de seguridad, también coincidió en que el proyecto se transformó en una estrategia comunicacional. En esa línea, manifestó que "es desalentador ver cómo este fast-track, que apoyamos con la esperanza de traer cambios tangibles, se convierte en una estrategia mediática que sirvió para controlar la crisis", afirmó.
En tanto, el diputado Luis Fernando Sánchez (Partido Republicano) fue más duro y apuntó contra el Ejecutivo. "El Gobierno se ha empeñado en echar toda la responsabilidad por la lucha contra la delincuencia al Congreso. Supuestamente todo depende de leyes nuevas y no son capaces de hacer nada por vía administrativa. Eso es falso, y reflejo de su incompetencia", aseveró.
Desde el Frente Amplio, el diputado Diego Ibáñez, responsabiliza a la oposición por el estancamiento y la lentitud con la que ha avanzado el proyecto. "Al parecer el compromiso de la derecha con la seguridad es solo de palabra, porque si bien acordamos apurar estos proyectos, eso no se ha visto reflejado a la hora de tramitarlos en sus respectivas comisiones", sostuvo.
Críticas al Ejecutivo por mociones de la oposición
Según informó El Mercurio, en la instancia en la que el ministro Elizalde acudió al Congreso para referirse al "fast-track 2.0", el Ejecutivo también fue criticado por parlamentarios que lo acusaron de incumplir lo que consta en la agenda de seguridad, en orden a que el Gobierno iba a patrocinar e indicar mociones de la oposición sobre sancionar el ingreso de objetos prohibidos a las cárceles.
En esa línea, los legisladores indicaron que eso no ocurrió y que incluso el
Ministerio de Justicia ingresó un proyecto propio de La Moneda en la materia.
Ante los cuestionamiento, el secretario de Estado dijo que se hacía cargo de los reclamos y por eso anunció la fusión de las mociones de los parlamentarios con el mensaje presidencial, sobre el no ingreso de elementos prohibidos a los recintos carcelarios.
