La polémica por el despido de
Isabel Amor, a 48 horas de haber sido confirmada en su cargo como directora del Sernameg de Los Ríos, "por razones de confianza", ha sumado en sólo cinco días, varios capítulos y versiones en torno a las causas que motivaron su salida.
El tema tiene ingredientes complejos, pues atraviesa un enfoque en materia de derechos humanos: Amor dijo en una entrevista publicada en la Revista Sábado de El Mercurio que "se me debe juzgar por mi trabajo, no por la condena a mi padre", en referencia a que Manuel Amor, ex militar, fue condenado por encubrimiento de torturas durante la dictadura militar.
No obstante, luego de varios días de silencio y de emplazamientos -tanto desde parlamentarios del oficialismo como de la posición-, la
ministra Antonia Orellana expuso su versión de lo ocurrido en una carta a El Mercurio, donde apuntó a que el 30 de julio Amor envió el borrador de una entrevista que había concedido al citado medio, donde "se incluían declaraciones respecto de delitos de lesa humanidad que, comprensibles para una hija, no lo son para una autoridad pública", además de otras razones.
La defensa de Orellana a las presuntas causas por las que se habría despedido a Amor, no ha logrado cesar la polémica. De hecho, la afectada ya ha anunciado acciones legales y acusó -en Radio Cooperativa- que desde la cartera "están siendo bien matonas" en el manejo del tema, post despido.
Así las cosas, el tema viene a incomodar nuevamente al oficialismo y enfrenta al Frente Amplio con el Socialismo Democrático, luego de complejas semanas de un contexto nacional marcado por un extenso corte de suministro eléctrico. Algunas voces apuntan a que el Gobierno se ha visto envuelto en la "política chica" en el tema, especialmente el Frente Amplio; con posturas que vienen a interpelar profundamente la "ideologización" de algunos cargos. Otros, en tanto, piden que la polémica escale al Presidente Gabriel Boric, e incluso, que pida la salida de la ministra Orellana.
Sobre esto último, la ministra del Interior, Carolina Tohá, intentó poner paños fríos esta mañana: dijo lamentar la situación que se ha producido, pero al ser consultada por una eventual reincorporación, dijo que "esto es un nombramiento que se hace en el seno de un servicio" y que ello "está bajo la responsabilidad de esa cartera".
Respaldo oficialista a Amor
Uno de los primeros en sacar las voz desde el oficialismo fue el diputado por la Región de Los Ríos, Marcos Ilabaca (PS) quien el domingo aseveró que "en el caso del nombramiento de la señora Amor, ha existido un nivel de liviandad y ligereza de improvisación no visto hace muchos años".
Asimismo, emplazó a que la cartera liderada por la ministra Orellana se pronunciara. "Aquí el Ministerio de la Mujer tiene algo que decir, y el Sernameg también. Creo que el daño que se le ha provocado a la señora Amor, que además era funcionaria del Instituto Nacional de Derecho Humano en Chillán, a la cual se le invita a cambiarse de región, venirse con su familia, es incalculable".
El miércoles, el senador Esteban Velásquez (FRVS) llamó al Sernameg a retractarse de la decisión, devolver a Amor a sus funciones e "idealmente, dejar las cuñas con argumentos confusos por los medios de parte de las autoridades del servicio".
"Los hijos no son portadores de nuestros males y demonios, más aún si en sus vidas personales, como decían los abuelos, han demostrado ser buenas personas. Por lo que el llamado es a que no se enrede más este incidente con explicaciones confusas e Isabel Amor se reintegre a su cargo. Sin lugar a dudas, que el reconocimiento de algún error va a superar con creces este momento, y estas nuevas generaciones podrán demostrar que, sin renunciar al respeto y la dignidad humana, puede haber también momentos de reencuentro", sostuvo.
En tanto, en las últimas horas, el senador PPD, Ricardo Lagos Weber, pidió que Amor fuese reincorporada a sus funciones. En su cuenta de X expresó que "se debe resolver este problema, reincorporando a su cargo a Isabel Amor. Las explicaciones sobre su salida han sido débiles y no tienen ningún argumento técnico consistente".
Aunque fuera del pacto oficialista, el senador Iván Flores (DC) también se sumó al debate: "¿Qué tuvo que haber pasado para que en dos días se pierda la confianza política de un cargo que no es un cargo político, sino que es alta dirección pública? ¿Quién entiende eso? En el caso particular de la señora Amor, que no conozco, entiendo que por un problema su padre y entonces la pregunta que surge es ¿Por qué los hijos tienen que ser culpables por añadidura de los problemas que hayan tenido sus padres o viceversa?", cuestionó.
A favor del despido
Los contrastres al interior del oficialismo han sido explícitos. La diputada Claudia Mix, una de las jefas de bancada del Frente Amplio, dijo sobre este tema que "la protección del proyecto político de nuestro gobierno hace necesaria la defensa constante de los Derechos Humanos en todos los flancos".
"Tal como ocurrió con la renuncia del encargado interministerial por los 50 años del golpe, aquí debe existir una coherencia argumental entre todos los funcionarios y funcionarias de confianza del gobierno, oponiéndose a cualquier relativización de los crímenes de la dictadura, por lo que la pérdida de confianza en la exsubdirectora del Sernameg de Los Ríos por parte del Ministerio y la ministra Orellana está plenamente justificada", expuso la parlamentaria.
Por su parte, la diputada Mercedes Bulnes (Ind.- pro FA), apeló a la Carta Magna para expresar su postura. "Debo recordar que de acuerdo al artículo 5 de la Constitución es obligación de todo órgano o autoridad del Estado, cualquiera sea su cargo o responsabilidad, respetar y promover los DDHH".
"En el caso de Isabel Amor, no se le reprocha ser hija de una persona condenada por sus acciones u omisiones como médico en el Estadio Nacional. Lo que se le puede reprochar es olvidar que ninguna autoridad del Estado puede relativizar, bajo ningún concepto, los hechos ocurridos y las gravísimas violaciones a los DDHH ocurridas en dictadura", afirmó.
Quien también se sumó recientemente al debate fue el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, quien dijo a Radio Cooperativa que "la sentencia dice que en este caso, de acuerdo con el artículo 16 del Código Penal, al desempeñarse como médico en el Velódromo del Estadio Nacional, sindicado como lugar donde se aplicaban torturas a los detenidos, el señor Amor facilitó y cooperó en la ejecución de los hechos por actos simultáneos".
En ese sentido, expresó que "es bastante evidente que cuando se mezcla el tema individual, personal, con el de una autoridad, y refleja una postura", junto con remarcar que "cuando (Amor) dice que 'el problema fue no denunciarlo en ese momento', (limitarse a) la mera no denuncia para mí sí implica una relativización de los hechos que ocurrieron, porque no hablamos de un cabo reclutado por el servicio militar obligatorio, sino de un profesional de las ciencias médicas que tiene un juramento respecto a la vida".
