Fue el pasado 13 de agosto cuando el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fijó la fecha de formalización de cargos contra el abogado Luis Hermosilla -y también para Leonarda Villalobos y su esposo Luis Angulo; y para los funcionarios públicos Renato Robles y Patricio Mejías- en el marco del caso Audio: lo dejó para el miércoles 21. Así, y a partir de ese día, se han revelado una serie de informaciones como, por ejemplo, las penas que arriesga el jurista y los otros involucrados.
Una de los primeros datos que se entregaron, fueron los que tienen relación con los delitos imputados. La fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra, y su equipo integrado por el persecutor jefe de Las Condes, Felipe Sepúlveda, y su par de Alta Complejidad, Miguel Ángel Orellana, fueron quienes detallaron aquello.
Mientras a Hermosilla se le acusó de lavado de activos, soborno y delitos tributarios; a Villalobos se le formularon cargos por lavado de activos, soborno y delitos tributarios. A Angulo, en tanto, fue por lavado de activos y delitos tributarios, y a Mejías y Robles por cohecho.
El tribunal determinó las medidas cautelares de arresto domiciliario para Robles -de la Tesorería General de la República (TGR)- y Mejías -del Servicio de Impuestos Internos (SII)-.
Ahora bien, la audiencia, continuó para el resto de los participantes, para quienes la Fiscalía Oriente solicitó aplicar prisión preventiva.
Las defensas de los imputados podrán exponer el lunes y, luego, el tribunal deberá resolver si aplica la medida cautelar más gravosa del sistema procesal penal.
Las penas que arriesgan Hermosilla y Villalobos, por otra parte y según detallaron desde el Ministerio Público, parten de los 18 años de cárcel, mientras que para Angulo es de al menos de 6 años de privación de libertad.
Hay que recordar que este caso quedó al descubierto en noviembre del año pasado. Según expuso Ciper en dicha oportunidad, el reconocido abogado Hermosilla mencionó pagos irregulares a funcionarios del SII y de la CMF a cambio de información privilegiada, en un registro que también involucra, en primera instancia, a Daniel Sauer y a la abogada Villalobos.
Una arista que dio pie para iniciar las indagaciones de dicho caso, fue justamente la de los hermanos Daniel y Ariel Sauer, y Rodrigo Topelberg, quienes se encuentran en prisión preventiva en el penal de Capitán Yáber tras ser imputados por el delito de lavado de activos en el marco del caso Factop.
"El lenguaje críptico"
En medio de las pruebas que presentó la Fiscalía para respaldar sus imputaciones, hubo chats que evidenciaban el uso de un "lenguaje críptico" para referirse a montos de dinero.
En la segunda jornada de audiencia, el fiscal Jefe de Alta Complejidad Oriente, Miguel Ángel Orellana, sostuvo replicó una conversación entre Hermosilla y Sauer, quien señaló: "Hola, compa, no me contesta don Álvaro (Jalaff). Tengo los zapatos en la caja, ¿te los envío?" (Cabe mencionar que Álvaro y Sergio Jalaff con controladores del Grupo Patio).
En ese sentido, el fiscal recordó que realizó investigaciones en torno al crimen organizado y "hace mucho tiempo no escuchaba lenguaje críptico como este". Por ello, asoció a la frase de los "zapatos en la caja" con montos de dinero en efectivo.
Otras frases leídas fueron: "Tengo los zapatos, ahora es responsabilidad 100% mía"; "te llevo un solo zapato para que te lo pruebes"; "dejen los zapatos, yo vengo el viernes a mediodía".
Presidente Boric dice que hay una "trama siniestra"
El jueves, el presidente Gabriel Boric abordó la formalización en entrevista con la red local La Araucanía de TVN.
"En Chile durante mucho tiempo hubo un sector muy privilegiado de la sociedad que creía que por la alcurnia que ostentaba, era inmune ante la justicia que al resto se aplicaba. Yo quiero decir que acá nosotros, como un gobierno progresista, pero sobre todo como firmes convencidos de un Estado de derecho, no podemos permitir que existan ciudadanos de primera y segunda clase", dijo en primer lugar.
Luego, manifestó que "acá lo que hemos visto es claramente una trama bien siniestra que raya en la desfachatez, justamente por esta sensación de impunidad que, seguramente, un sector de la sociedad pensó que tenía, pero que no le corresponde".
Consultado por las lecciones que deja el caso, el jefe de Estado contestó que "todos tenemos que comportarnos con un poquito más de humildad, que la justicia a veces se demora pero llega, que quienes cometen delitos, tráfico de influencias, no la van a 'sacar pelada' como se dice. Y me imagino que debe haber mucha gente nerviosa por las incautaciones de teléfonos".
Nueva arista y visión del fiscal nacional
Una nueva arista se abrió durante las últimas horas en el marco de caso, pues el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, le habría entregado información sensible a Hermosilla.
Según consignó Canal 13, el persecutor le habría entregado antecedentes, mediante un audio de WhatsApp, al acusado. Se trataría de comunicaciones impropias en torno a una causa de narcotráfico, que involucra cerca de 20 kilos de cocaína.
Ahora bien, Palma respondió asegurando que "jamás he violado la confidencialidad y la reserva ni el secreto de la ley de droga, a propósito de la causa que se me está siguiendo".
Por otro lado, el fiscal nacional, Ángel Valencia, entregó su visión general sobre el asunto. El caso Audio "no se agota acá" dijo y, por el contrario, afirmó que "tiene para rato". "Estamos desmontando una llanta y para desmontar la llanta hay que ir sacando los pernos de a uno", precisó.
Montos
Por último, y en cuento a los montos, la fiscal Parra detalló el miércoles los cargos del capítulo de lavado e identificó flujos en las cuentas bancarias de tres de los imputados por cerca de $30 mil millones: casi $25 mil millones respecto de Villalobos y Angulo, y más de $5 mil millones de Hermosilla.
De acuerdo a lo que señaló, estos "conociendo que el dinero de Factop SpA y de STF corredora de bolsa, provenía directa e indirectamente de las actividades ilícitas (...) recibieron abultadas sumas de dinero".
A su vez, expuso que Hermosilla "adquirió, tuvo y usó, de manera sistemática, dineros de Factop SpA, STF corredora de bolsa y otras empresas controladas por los hermanos Jalaff, cubriendo sus gastos personales y los de su familia, solventando altos costos de vida, la realización de inversiones e, incluso, costear gastos derivados del ejercicio de sus actividades profesionales".
Fueron "abonados a su cuenta corriente (...) $5.515.265.899 entre los años 2017 a 2023", dijo y agregó que con parte de esos fondos, el abogado compró un departamento al contado en Concón y un vehículo de unos $41 millones.
