Toma de terreros en Quilpué, que pertenecen al empresario asesinado Alejandro Correa.
El Mercurio
La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió el recurso de protección presentado por la familia del empresario Alejandro Correa, asesinado por un sicario en mayo de 2020 afuera de su casa en Concón.
Según consignó El Mercurio de Valparaíso, la acción judicial apuntó a la seremi de Vivienda para exigir la ejecución de su propia orden de demolición de las casas construidas en el terreno tomado por usurpadores en Quilpué, perteneciente a Correa. El tribunal de alzada le ordenó hacerlo en un plazo máximo de 30 días.
La "omisión ilegal ha significado una afectación a las recurrentes en su garantía constitucional de igualdad ante la ley, ya que la negativa de la recurrida a ejecutar su resolución exenta N° 1.000, de 2021, y a restablecer la legalidad urbanística ha supuesto
para aquellas un infundado trato discriminatorio frente a otros administrados que ante una situación similar han recibido una respuesta diferente y acorde al ordenamiento en materia de urbanismo y construcciones", consideró el fallo.
Ordena que "dentro del plazo de treinta días contados desde que este fallo quede firme, proceda a notificar su Resolución Exenta N° 1.000".
La abogada de la viuda e hijas de Correa, Jeanette Bruna, destacó que "el fallo lo que hace es acoger el recurso de protección porque se estima que el hecho de que la seremi Minvu mantuviera guardada la orden de demolición sin realizar ninguna acción para ejecutarla, era una omisión ilegal permanente que vulneraba las garantías de la familia Correa, en particular la igualdad ante ley, porque les daba un trato discriminatorio".
Ante la posibilidad de que la seremi apele al fallo ante la Corte Suprema, Bruna presentó una solicitud de reunión por Ley de Lobby al ministro de Vivienda, Carlos Montes, y a la seremi, Belén Paredes.
"Específicamente, la solicitud es para que no apelen el fallo y lo cumplan, y en definitiva se avance en esa línea, dado que ya hay fallos de la Corte Suprema en orden a la obligación de hacer ejecutar las órdenes de demolición", explicó.
En la cita espera "resolver esto y que se gasten los recursos en avanzar hacia el cumplimiento de la Ley de Urbanismo y no en seguir judicializando y discutiendo este tema, porque eso revictimiza a la familia Correa y mi labor es tratar de evitar de cualquier manera esta revictimización".
Valentina Correa, hija del empresario asesinado, resaltó que "es la primera sentencia que reconoce que los derechos constitucionales de mi familia estaban siendo vulnerados por la seremi Minvu al no ejercer sus deberes como autoridad para ejecutar la demolición".
"Aquí hay que recordar que es un recurso de protección donde nosotros como familia le pedimos a la seremi Minvu que se haga cargo de una resolución que ellos mismos emitieron, y lo que nosotros esperamos ahora es que la seremi no apele, que no tengamos que ir a enfrentarnos a la Corte Suprema, y así también demuestre que está del lado de la solución, para que de una vez se pueda empezar a ejecutar esta orden y se notifique también a los ocupantes de estas construcciones que son irregulares, son ilegales, y que contravienen el Plan Regulador", agregó.
Desde la seremi de Vivienda señalaron que "por ahora se solicitará a la sección jurídica de esta seremi que revise los fundamentos del fallo a fin de determinar las acciones a seguir".
