Imagen sitio Fundación Daya.
Fundación Daya
Sumarios en las municipalidades de Peñalolén, Quilpué, Calera de Tango, Calama, Parral, Antofagasta, Quinta Normal, Copiapó, Graneros, Puerto Natales y Tocopilla iniciará la Contraloría General de la República (CGR), con el fin de determinar eventuales responsabilidades administrativas de funcionarios que no exigieron el cumplimiento de los contratos suscritos con la Fundación Daya ni ejercieron acciones tendientes a recuperar recursos transferidos a esa entidad sin que se hayan recibido los productos contratados. El contrato era para implementar el "Programa de uso compasivo de aceite de cannabis como terapia complementaria para pacientes oncológicos y con epilepsia, entre otras patologías con dolor crónico", por un total de $423.426.000, de los cuales se entregaron $359.025.625 a la fundación. Pero durante la investigación, según la Contraloría, se detectó, entre otras situaciones irregulares, que el laboratorio que elaboraba un fitofármaco en base a cannabis no contaba con permiso del ISP, sino hasta 2018, en forma previsional y sólo para la elaboración de 7.200 dosis.
