Ministro de Justicia, Luis Cordero.
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El señor Juan Pablo Hermosilla reconoce en su recurso de amparo una comunicación ilegal". Esas fueron las palabras que utilizó ayer el ministro de Justicia, Luis Cordero, para referirse a la arremetida judicial contra el Gobierno que hizo la defensa de Luis Hermosilla, imputado en el caso Audio.
Esto por la molestia que generó en la defensa del abogado -encabezada por su hermano Juan Pablo Hermosilla- que el Presidente comentara la prisión preventiva decretada el martes. "Acaban de enviar a la cárcel, a prisión preventiva, a un señor que se creía todopoderoso", dijo el Mandatario. Pero además, la arremetida apunta a que Hermosilla no fue enviado al anexo Capitán Yáber, sino que a Santiago 1.
De hecho, fue el propio ministro quien leyó ayer, desde el Congreso, un extracto del recurso: "Contiene una distracción indebida. No solo una imputación que realiza al Presidente, por cierto, completamente impropia, sino que contiene una afirmación que señala: 'adicionalmente, en insistentes y frustrados contactos con Gendarmería de Chile y personal del Ministerio de Justicia, ha sido imposible gestionar el ingreso de mi representado al recinto correspondiente (Capitán Yáber)", y luego de eso, acusó
"comunicación ilegal".
Consultado esta mañana por las acusaciones de ilegalidad -en Radio Universo-, Cordero comentó que "son unas precisiones que yo tuve que hacer... por una entrevista que él (Juan Pablo Hermosilla) dio a Radio Infinita, en el cual se le atribuía esta idea de politización del caso al Presidente, pero además, se hacían algunas afirmaciones técnicamente incorrectas sobre el Ministerio de Justicia en este caso, y yo tuve que hacer la aclaración técnica sobre ese punto".
El ministro añadió que Juan Pablo Hermosilla le envió un WhatsApp al jefe de gabinete del subsecretario de Justicia, para solicitar que su defendido fuera a Capitán Yáber.
"Yo hice la precisión ayer en la mañana y me vi en la necesidad de hacerla, fundamentalmente, porque dada la afirmación que tenía el recurso, no hay que llamar a equívoco de que el Ministerio de Justicia o personal tiene facultades o roles en la manera en que las personas quedan en prisión preventiva y su distribución", explicó el ministro.
Añadió que "es cierto que el artículo 17 de la ley de procedimiento administrativo establece el derecho de las personas a formular alegaciones, es cierto que existe el derecho de petición, pero es cierto también que la ley regula la forma en que se realizan esas presentaciones. Si vamos a considerar la comunicación por WhatsApp en ese estilo, me parece que tenemos un problema".
Cordero explicó que desde el punto de vista institucional, afirmar que le correspondía al personal de Justicia un rol en esto, "es un error legal, y eso fue la precisión que hice ayer".
Consultado por el uso del concepto "ilegal" en su alocución de ayer en el Congreso, el ministro comentó que "en el derecho público, usted puede hacer presentaciones que son improcedentes, incompetentes, que no se ajustan a procedimientos que, en consecuencia, son consideradas ilegales".
"En el derecho, la nota de ilegalidad es delito; la comunicación que hizo el abogado de Hermosilla al subsecretario, pidiéndole que se ordenara el traslado (a Capitán Yáber) y luego la respuesta del jefe de gabinete pidiéndole que concurra donde corresponda, es en rigor, una respuesta de la regla de competencia. ¿Existe en esa presentación una regla de incompetencia?, por cierto que sí. ¿Ese es un delito?, no".
Añadió en esa línea que "no toda ilegalidad o no toda presentación incompetente es delito, por cierto, el Ministerio de Justicia no ve en esa comunicación ningún delito, no lo hay".
