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Tras un informe de Contraloría que advierte anomalías en los convenios suscritos por la Fundación Daya -fundada por la diputada Ana María Gazmuri (AH)- con 13 municipios y luego de una denuncia presentada este jueves por el diputado republicano, Juan Irarrázaval, solicitando al Ministerio Público investigar eventuales delitos, la parlamentaria respondió a los cuestionamientos.
"Estoy satisfecha". Así comenzó Gazmuri sus declaraciones, apuntando a que el informe emitido "es coherente con lo que hemos señalado desde que se realizó la denuncia. Queda en manifiesto que los municipios incumplieron sus obligaciones, eso significó que muchos no hayan podido entregar los fármacos de cannabis comprometidos para pacientes de sus comunas".
Lo anterior, fundamenta la parlamentaria, "implicó que la materia vegetal fuera destruida, por norma, por el ISP", sin embargo, "se logró que sin costo adicional para los municipios, el laboratorio dispusiera de material fresco, para así entregar los productos a quienes, aunque fuera de plazo, quisieran implementar el programa".
Agregando que, en las comunas que sí se cumplió con los aspectos correspondientes, los pacientes lograron recibir sus tratamientos.
A juicio de la diputada, el documento del ente fiscalizador "reconoce el absoluto cumplimiento de Daya en sus obligaciones" y "deja claro que se realizó la rendición de cómo fueron invertidos cada uno de los recursos". Además de señalar que la fundación "siempre estuvo dispuesta a cumplir, manteniendo informados a los alcaldes y municipios e insistiendo para que avanzaran con sus compromisos".
En cuanto a los cuestionamientos al laboratorio que elaboraba el fármaco y que este no contaba con permiso del ISP, Gazmuri aseguró que "SÍ se obtuvieron las autorizaciones tanto del SAG, como del ISP, en la etapa correspondiente".
La diputada rechazó tajantemente las implicancias en las que se ha visto envuelta tanto la fundación como su persona, asegurado que "el informe cuestiona el abandono de deberes de los municipios".
Finalmente, se refirió a la denuncia del legislador Irarrázaval y sus declaraciones, anunciando que "estamos estudiando acciones legales en su contra, por seguir mintiendo y confundiendo con dichos imprecisos y malintencionados".
