El ministro de Justicia, Luis Cordero.
ATON.
El ministro de Justicia, Luis Cordero,
asumió haber incurrido a una "imprecisión" respecto al alcance del patrocinio del abogado Luis Hermosilla, al jefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi, en el caso Convenios.
La formalización del abogado en el caso Audios ha traído a colación la oportunidad en que el militante frenteamplista lo escogió como representante en las indagatorias del Caso Convenios.
Despejando esa relación, la semana pasada, Cordero había indicando que Hermosilla
"no alcanzó a asumir ningún patrocinio. Tomó contacto con él y estalló el Caso Audios y, por lo tanto, no alcanzó a tener ningún tipo de representación legal ni acceder a ningún tipo de documento".
Sin embargo, una publicación de Ex Ante develó que existen al menos cuatro documentos disponibles en el Poder Judicial, que evidencian que Hermosilla, entre octubre y noviembre de 2023, patrocinó a Crispi en el escándalo protagonizado por fundación Democracia Viva.
Consultado al respecto, el titular de Justicia rectificó. "Hago la precisión (...) Siempre ha existido preguntas si acaso el abogado de Crispi recibió documentos por parte del Ejecutivo o por parte de Miguel Crispi. Nosotros lo que hemos dicho es que él no alcanzó a tener una posición activa. Yo, en consecuencia, creo que es conveniente aclarar, porque los elementos de esa nota son ciertos".
"Es decir, él tuvo un patrocinio formal", indicó. "Las dos gestiones que realizó fue solicitud de copia de la investigación y solicitar que él declarara. No obtuvo copia de la investigación porque en ese momento la investigación decretaba reservada, y tan pronto estalló el caso Audio a mediados del mes de noviembre, es de público conocimiento que Miguel Crispi cambió de abogado al abogado Guillermo Chahuán. Por lo tanto, él no tuvo acceso a ninguna información, que era la inquietud inicial sobre la cual estaba esto presentado", añadió.
Dicho eso, el ministro precisó que, el que Hermosilla no alcanzó a asumir ningún tipo de patrocinio de Crispi, "es una imprecisión de parte mía", mientras que es efectivo haber sostenido que el jurista no accedió a "ningún documento oficial por parte del Estado".
