En ambos casos, la Corte de Apelaciones de La Serena (en la imagen) debió revertir la medida y decretar la prisión preventiva para los imputados, ordenando su recaptura.
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Uno de los sucesos más polémicos de los últimos días tuvo lugar en Ovalle. El Tribunal de Garantía de esa ciudad permitió el pago de una fianza de $2 millones de pesos cada uno a 23 imputados que habían sido detenidos por delitos de asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos.
Lo ocurrido en Ovalle presenta similitudes con lo ocurrido a mediados de año en Los Vilos.
En aquella ocasión, específicamente el martes 4 de junio de este año, la jueza Daniella Pinto del Juzgado de Garantía de Los Vilos
liberó de prisión preventiva a cinco imputados de nacionalidad venezolana, miembros del Tren de Aragua, que estaban siendo investigados por delitos de secuestro, asociación ilícita y robo con intimidación.
A cambio de recibir arresto domiciliario, los sujetos debían pagar una fianza de $5 millones de pesos cada uno, el que fue cancelado por su defensa.
Este fallo causó indignación en el Ministerio Público, quien apeló a la Corte de Apelaciones de La Serena para revertir la medida.
Tras revisar los antecedentes, el miércoles 5 de junio, la segunda sala del tribunal de alzada dio razón a la Fiscalía y ordenó el reingreso de los imputados a prisión preventiva. Para la Corte no existían elementos que permitieran entender un cambio de la medida cautelar impuesta previamente.
Despachadas las órdenes de detención, el jueves 6 de junio, la Policía de Investigaciones recaptura al primer imputado, quien se entregó en Los Vilos. Horas después, en la Cuarta Comisaría de Carabineros de Santiago se entregó durante la madrugada un segundo sujeto que vio su rostro en los medios de comunicación.
Este caso no solo quedó en las medidas de recaptura, sino que también se causas administrativas. Desde el Ministerio Público se reconoció que uno de sus abogados asistentes, Luis Soto, realizó una débil presentación dado que "no conocía bien la investigación", como acuñó por esos días el ministro de Justicia, Luis Cordero.
En consecuencia, se abrió una investigación en contra de Soto, se establecieron medidas cautelares para la jueza y se gestó un amplio debate en torno a la seguridad de los fiscales o la posibilidad de que puedan caer en delitos de corrupción.
"La investigación se da inicio por una denuncia interpuesta por el fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local de Los Vilos, Patricio Jory, en contra del abogado asistente de esa fiscalía, Luis Alejandro Soto Pérez, por hechos eventualmente constitutivos de delito ocurridos en la audiencia desarrollada el 3 de junio pasado en el Juzgado de Garantía de Los Vilos", informó la fiscalía nacional
En Ovalle fue el juez Luis Muñoz quien descartó la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público y fijó la fianza de $2 millones para que salieran los 23 imputados en libertad.
La Fiscalía apeló a la Corte de La Serena quien decretó la prisión preventiva para todos los sujetos que habían sido detenidos luego de una investigación realizada por la PDI que permitió incautar 1.600 kilos de marihuana procesada, de dos revólveres, de una escopeta, de una subametralladora, de $280 millones.
Hasta la fecha, solo una persona ha sido recapturada. Se trata de Javiera Alfaro Andrade.
