Nuevos antecedentes fueron entregados por el municipio de Freirina en torno al caso de dos mujeres, Marcela Cortés y Gloria Escobar, que se encuentran en prisión preventiva tras ser acusadas de hurtar 10 panes desde una residencia de niños mientras cumplían funciones como manipuladoras de alimentos.
El recinto es administrado por la municipalidad, encabezada por el alcalde Cesar Orellana (PS), en conjunto con el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia "Mejor Niñez".
Según la declaración pública que realizó el mismo municipio, "a comienzos del 2024, la municipalidad de Freirina acredita hechos irregulares en la Residencia de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), que involucran la sustracción diariamente de pan, destinados a menores en situación de vulnerabilidad".
Tras lo anterior, es que, "en marzo de 2024, el municipio presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de Freirina por hurto, específicamente, de pan, señalando como responsables a dos funcionarias involucradas".
En la misma declaración, se sostiene que la denuncia fue interpuesta por el municipio luego de que se reunieran los antecedentes suficientes para sustentar la acusación, la cual "si bien se centra en el pan, los relatos de varios testigos dan cuenta del hurto de otros alimentos e insumos como: carne, quesos, colaciones, frazadas, zapatillas, entre otros".
Además, explicaron que "en nuestra calidad de funcionarios públicos, tenemos la obligación de denunciar estos hechos, para que sean las instituciones competentes las que resuelvan la veracidad de estos (...) se recalca que en ninguna circunstancia se avala la sustracción de alimentos, menos cuando estos están destinados a los NNA más vulnerables de la comuna y más aún cuando no se trata de un robo aislado, sino que fueron hurtos que se generaron de manera sistemática en el tiempo".
También desmintieron que se tratara de panes "añejos", haciendo referencia a las declaraciones del diputado FRVS, Jaime Mulet, quien presentó un recurso de amparo en la Corte de apelaciones de Copiapó, en contra del Juzgado de Garantía de Freirina, con el objetivo de dejar sin efecto la prisión preventiva de las acusadas.
Finalmente, desde el municipio lamentaron que el caso "haya sido caso de politización y tergiversación, lo cual ha puesto en tela de juicio la labor profesional de nuestros funcionarios", agregando que "más allá de las acciones tomadas por el Ministerio público, desde la municipalidad de Freirina creemos que fue una medida desproporcionada y que se pudo resolver en instancias anteriores, sin embargo, por el mal proceder del abogado defensor, estas vecinas terminan en la cárcel".
