Un terremoto provocó la arista muñeca bielorrusa. Se trata de una de las tramas judiciales por las cuales el fiscal nacional, Ángel Valencia, anunció una investigación contra Ángela Vivanco, la suspendida ministra de la Corte Suprema a la que se le abrió un cuaderno de remoción en el arto tribunal.
El conflicto se desencadenó cuando Codelco determinó en febrero de 2023 rescindir el contrato con Consorcio Belaz Movitec SpA, integrado por la empresa chilena Movitec y la estatal bielorrusa Belaz, (CBM), encargado de las obras del proyecto estructural Rajo Inca en la División Salvador. El proyecto buscaba extender la vida útil de la división por 47 años.
Según Codelco, CBM presentó un retraso de doce meses en las obras, completando solo el 23% del avance requerido, además de incumplir normas de seguridad. Por ello, Codelco presentó una querella, cobrar
las boletas de garantías y quedarse con sus maquinarias. En ese contexto, la Corte de Apelaciones de Copiapó falló a favor de la cuprífera
Según consignó El Mostrador, tras el dictamen desfavorable, el consorcio privado decidió presentar un recurso de protección ante la misma corte, lo que fue rechazado. Sin embargo, la empresa decidió trasladar la causa a la capital, para insistir con el rechazado recurso de protección. Pero, esta vez ante la Corte Suprema, que acogió el recurso en junio de 2023.
El 4 de julio de 2023, la Tercera Sala, presidida por la ministra Ángela Vivanco en suplencia del juez Sergio Muñoz por vacaciones, revirtió este fallo obligando a Codelco a pagar los US$20 millones a CBM, más otros US$ 5 millones en gastos.
¿Quiénes integraban la sala?
La sala estaba integrada por los ministros por los ministros Ángela Vivanco, Mario Carroza y María Cristina Gajardo, mientras que las abogadas integrantes eran Leonor Etcheberry y María Angélica
Benavides.
De ellos, solo votó en contra de la ministra Gajardo, que estuvo por rechazar el recurso de protección.
-Mario Carroza: El 21 de diciembre de 2020 la sala del Senado aprobó su designación como nuevo integrante del máximo tribunal, en el puesto que dejó el ex ministro Lamberto Cisternas, que finalizó su carrera judicial tras alcanzar la edad máxima legal.
La decisión fue adoptada por 35 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. Los cuatro votos contrarios a la designación propuesta por el Presidente Sebastián Piñera, fueron de los senadores de la UDI Jacqueline van Rysselberghe, Iván Moreira, José Miguel Durana y Kenneth Pugh (RN).
Carroza ingresó al escalafón de empleados del Poder Judicial en 1977, a los 26 años de edad. Más tarde, ocupó los cargos de secretario, juez y relator en las jurisdicciones de Cauquenes, Puente Alto, Santiago y San Miguel. Luego, fue nombrado Fiscal Judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, incorporándose al tribunal en calidad de ministro el año 2007.
Según acuso Ciper, al ex juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Poblete, le escribió en 2021 Carroza, haciéndole llegar un mensaje del magistrado Antonio Ulloa, en el que pedía favorecer a un postulante a notario en Tierra Amarilla.
También asumió como coordinador nacional del máximo tribunal en las más de 1.500 causas sobre violaciones a los derechos humanos pendientes entre el 11 de marzo de 1973 y el 11 de marzo de 1990.
El magistrado ya investigó más de 250 causas de violaciones de derechos humanos con anterioridad. Entre sus indagatorias más emblemáticas están el caso Caravana de la Muerte, caso Quemados y Operación Cóndor.
-María Cristina Gajardo: En 2022, que con 29 votos a favor el senado, aprobó la propuesta para designar a la profesora María Cristina Gajardo Harboe como nueva ministra de la Corte Suprema.
Ella fue propuesta por el Presidente Sebastián Piñera para el cupo destinado a abogados que no se hayan desempeñado como juez. El puesto había pertenecido a María Eugenia Sandoval, que dejó el Poder Judicial tras cumplir la edad legal para ejercer como ministra.
Es titulada de la Universidad de Chile, diplomada en Seguridad Social por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, OISS, Madrid (1989); magíster en Planificación y Dirección Tributaria por la Universidad Adolfo Ibáñez (2005) y doctora en Derecho de la Universidad de Chile y Universidad de Sevilla (2017). También fue profesora del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Facultad de Derecho U. de Chile.
En su trayectoria resalta haber sido parte de la Corte de Apelaciones de Santiago (2010 a 2012), y es abogada integrante de Corte Suprema para el período 2018-2021 y 2021-2024.
-Leonor Etcheberry: La integrante de la sala también fue parte de la resolución que condenó en 2021 al Estado de Chile a pagar una indemnización total de $1.000.000.000 por falta de servicio, a los cuatro hijos del matrimonio de Werner Luchsinger Lemp y Vivian Mackay González.
En la sentencia, la Tercera Sala del máximo tribunal –también integrada por los ministros Ángela Vivanco, Adelita Ravanales, Jorge Zepeda y el abogado y Gonzalo Ruz– estableció la falta de servicio de las policías al no adoptar medidas de seguridad que evitaran hechos delictuales en contra del fundo, pese a existir amenazas previas al ataque incendiario.
También fue presidenta del Colegio de Abogados de Chile.
-María Angélica Benavides: Doctora en derecho por la Universidad del Sarre (Alemania). Abogada y licenciada en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También máster en Derecho Europeo y Diplomada en Derecho Europeo con mención en Derechos Humanos en la Universidad del Sarre (Alemania).
Abogada integrante de la Corte Suprema y participó en el dictamen de 2021 de la Corte Suprema, que acogió el recurso de protección y ordenó a un establecimiento educacional de Quilpué, Región del Valparaíso, a promover a alumna con síndrome de Down a segundo año básico y adoptar la modalidad de exámenes libres.
