De izquierda a derecha, los ministros de la Corte Suprema: Ángela Vivanco, Jean Pierre Matus, Sergio Muñoz y Mario Carroza.
Emol.
Son cuatro los ministros de la
Corte Suprema quienes por estos días enfrentan un complejo escenario en torno a cuestionamientos a su desempeño ético a raíz de la polémica que se abrió
por el presunto tráfico de influencias, develados en medio del caso Audio.
De ellos, algunos ya se encuentran en calidad de imputados, con investigaciones abiertas y diligencias en curso ordenadas por el Ministerio Público. Además, ya se abrieron iniciativas en el Congreso para
impulsar acusaciones constitucionales en su contra,
acción que el ministro de Justicia, Luis Cordero, salió a cuestionar por ocurrir en periodo electoral.
Se trata de la ministra
Ángela Vivanco -suspendida y con una causa penal abierta por la arista "muñeca bielorrusa"- y el ministro
Jean Pierre Matus, ambos salpicados en el caso Audio.
A ellos se suman sus pares,
Mario Carroza, por presuntas influencias para la nominación de un notario; y
Sergio Muñoz, por una denuncia por
filtraciones.
De resultar desfavorable el resultado de los libelos para los ministros, deberán dejar sus funciones en el alto tribunal y quedarían inhabilitados por cinco años para ejercer cargos públicos. Pero ¿cuál es el peso de cada uno en la Suprema y cuál es su trayectoria?
Ángela Vivanco
En el caso de Vivanco, su llegada al máximo tribunal ocurrió en julio de 2018. En marzo de 2022, asumió como vocera de la Corte Suprema, sin embargo, duró en ese cargo hasta el 7 de junio de 2023, luego de la polémica que se abrió por su comentario sobre el fallo contra las isapres, al descartar la devolución de excedentes tendrían un alcance general para los afiliados.
Vivanco formó parte de la Tercera Sala de la Suprema, la que maneja decisiones clave para la ciudadanía, incluyendo temas constitucionales. En esas materias, Vivanco también tomó un rol activo al expresar sus opiniones durante el Proceso Constitucional, cuando aún no llegaba al cargo de vocera. En ese contexto, manifestó su preocupación al Presidente Gabriel Boric, puesto que algunos cambios que sugería el fallido proceso al sistema judicial, podría, a su juicio,
tener efecto sobre la independencia de los jueces.
Ángela Vivanco es es abogada de la Pontificia Universidad Católica y doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de La Coruña, España. Además, ejerció como decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás entre 2011 y 2012, y como vicerrectora académica en dicho plantel hasta 2016. También hizo clases en la Universidad San Sebastián (USS), y en la Universidad Católica, esta última casa de estudios anunció hace pocos días que suspendió su actividad docente.
Jean Pierre Matus
En tanto, Jean Pierre Matus, al igual que Vivanco, no sólo está sometido al Comité de Ética por presuntos vínculos con Hermosilla, sino que también está en calidad de imputado en una arista del caso Audio, luego de una querella presentada por la diputada Camila Musante (Ind.), "contra quienes resulten responsables", de eventual negociación incompatible, tráfico de influencias y prevaricación administrativa.
Matus es ministro de la Segunda Sala de la Corte Suprema, luego de su arribo al máximo tribunal en septiembre de 2021. Su nombre fue propuesto por el ex Presidente Sebastián Piñera, y obtuvo luz verde en el Senado con 30 votos a favor.
El ministro ya era cuestionado en ese entonces por haber asesorado Ejército en distintas materias, situación que reflotó luego que en mayo de este año, el máximo tribunal acogiera la solicitud de la Fiscalía Militar para emitir una orden de no innovar en la investigación por la muerte del soldado conscripto Franco Vargas (19); en ese contexto, se abrieron críticas porque Matus se pudo haber inhabilitado, por eventuales conflictos de interés.
Mario Carroza
El juez Mario Carroza, también sometido a la Comisión de Ética de la Corte Suprema tras ser salpicado por el caso "WhatsApp"; en concreto, porque registra conversaciones con el exjuez Juan Antonio Poblete, donde, a nombre de un tercero, le pide ayuda para la nominación de un notario.
Al igual que Matus, Carroza fue propuesto para el máximo tribunal por el ex Presidente Piñera, en diciembre de 2020, y su nombre fue aprobado en el Senado con 35 votos. El magistrado afirmó tras la resolución que "esta nueva etapa no es la cúlmine de mi carrera, sino el inicio de un trabajo para seguir sirviendo al país desde el máximo tribunal.
En este cargo abogaré por la elaboración consensuada de reformas a la carrera judicial, al régimen disciplinario y nombramientos".
En ese entonces, Carroza era juez de la Corte de Apelaciones de Santiago. La trayectoria del magistrado estaba marcada por llevar adelante varias causas de Derechos Humanos, como también el asesinato del senador Jaime Guzmán.
Entre sus resoluciones se encuentra aquella que condenó al ex comandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre por encubrimiento en el caso de la Caravana de la Muerte. Así también, procesó al ex general director de Carabineros, Bruno Villalobos, como cómplice de tormentos a estudiante en 1985, situación que terminó por ser revocada por la Corte de Santiago.
El abogado de la Universidad de Chile ingresó al Poder Judicial en 1977 como Secretario del Juzgado de Letras de Cauquenes. En 2002 llegó a Santiago como fiscal judicial de dicha corte, asumiendo como ministro en 2007.
Sergio Muñoz
El juez Sergio Muñoz se vio envuelto en julio de este año por un caso relacionado con filtraciones a su hija, la jueza de Garantía, Graciela Muñoz. Esto, luego de una denuncia presentada por el abogado Marco Antonio Fuentes, representante de la Inmobiliaria Fundamenta, quien manifestaba que existió "violación a la ética profesional" por parte del ministro del máximo tribunal.
La presentación sostiene que Muñoz habría entregado información "sensible y detallada" a su hija, quien le habría dicho a una trabajadora de la empresa mencionada que su padre le comentó que el caso -en donde tendría suscritas promesas de compraventa por dos departamentos- tardaría, por lo que quería recuperar sus bonos.
El arribo de Muñoz al máximo tribunal ocurrió en 2005, y actualmente preside la Tercera Sala. En 2018, Muñoz se refirió a la controversia que habían generado los últimos fallos en los cuales se ha obligado al Estado a costear el financiamiento de medicamentos de alto valor, fuera de la Ley Ricarte Soto.
Asimismo, enfrentó las acusaciones acerca del límite de los recursos y que los jueces estarían interfiriendo en las políticas públicas de salud, algo que no es de su competencia, según han dicho expertos y autoridades. "La Constitución dice que lo más importante es la dignidad de la persona y que el Estado está al servicio de la persona, no la persona al servicio del Estado. Eso nos dice la Constitución (...) si no, que deroguen la garantía al derecho a la vida y pongan que lo más importante es el equilibrio de las finanzas públicas", expresó.
En enero de 2023, la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió acoger la solicitud de inhabilitación que presentó la inmobiliaria Fundamenta, impulsora del polémico megaproyecto Egaña Comunidad Sustentable, en contra de Muñoz.
