En el marco de la investigación que sustancia la fiscal regional de Los Lagos, Carlos Gloria Wittwer, su par de Aysén, Carlos Palma declaró el pasado 30 de julio para explicar su eventual participación en una arista del caso Audio y ante la persecutora dijo que el borrado de los mensajes de su teléfono incautado se debía a motivos de seguridad.
La declaración la prestó para abordar el "pantallazo" de una conversación de WhatsApp que supuestamente él le mandó al abogado Luis Hermosilla —hoy en prisión preventiva— que da cuenta de una especie de oferta que le habría hecho Gonzalo Migueles, la pareja de la suspendida ministra de la Corte Suprema Ángel Vivanco, para dejar la carrera a fiscal nacional en 2022, a cambio de un doctorado y el cargo de fiscal regional metropolitano Centro Norte.
Sobre esa comunicación afirmó: "Entiendo que lo que él quiso decir es que estaba de acuerdo conmigo en seguir estudiando y seguir en el Ministerio Público. Ignoro si él conversó con alguien de eso".
"Soy enfático en señala que no pedí nada a Gonzalo Migueles y él no me ofreció nada en cuanto a pagarme un doctorado o gestionarme un nombramiento de fiscal regional, que pueda dar lugar a un delito de cohecho o soborno, ni menos a una omisión de denuncia", agregó.
Fue en esa diligencia en la que, a su vez, abordó por qué no guardaba mensajes en su teléfono, indicando que se debía a motivos de seguridad. Situación que está en el eje de los cuestionamientos luego que Ciper diera a conocer que "reseteó" el celular que le incautaron en la indagatoria.
Información puede caer en manos de terceros
El persecutor, que también es indagado administrativamente, detalló: "Quiero señalar que no guardo chats en mi celular de esa época, por razones de mi cargo tengo en mi poder información relacionada con causas de alta complejidad que me son asignadas por el art. 19 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Púbico por parte del fiscal nacional".
Tras esto detalló "como por ejemplo, el fraude del Ejército que involucró a todo el alto mando de dicha institución y cerca de 800 oficiales; las falsificaciones, obstrucciones en la Unidad de Inteligencia de Carabineros de Chile (caso Huracán), que involucró a generales, comandantes, coroneles y otros oficiales de la institución; el caso ProCultura, donde se investigaban delitos de eventuales fraudes, tráfico de influencias en distintos servicios públicos, con imputados que en muchos casos tienen cargos de jefaturas en ellos; investigaciones penales a fiscales, jueces y políticos".
Y, en ese sentido, advirtió que todo ello es "una responsabilidad enorme. Es de riesgo respaldar las conversaciones con los grupos de trabajo, donde constan estrategias y líneas de acción, puesto que dicha información puede caer en manos de terceros, poniendo en riesgo el éxito de las investigaciones penales por lo cual es mi deber dar protección y reserva de esas investigaciones".
Menciona seguimientos y temor por imparcialidad
"Antes de iniciar mi declaración, solicito que esta investigación no sea delegada a las policías, y que, en el caso de ser necesario, lo sea vía Policía Investigaciones de Chile. Esto, ya que en el transcurso de estos 23 años de fiscal me ha correspondido en mi especialidad de anticorrupción, lavado de activos, crimen organizado, tener que investigar en reiteradas oportunidades a altos mando de Carabineros de Chile, estructura policial altamente jerarquizada y en especial, a la Unidad de Inteligencia de dicha Institución", dijo ante la fiscalía.
También, que "una de esas causas, actualmente, se encuentra abierta en etapa de juicio oral y se trata de la llamada operación Huracán, la que producto de las pesquisas, me correspondió allanar múltiples recintos policiales, incautación de un sin número de equipos computacionales y teléfonos, lo que significó desestructurar la Unidad de Inteligencia de dicha institución, quedando el general a cargo de dicha División Gonzalo Blu en prisión preventiva junto con otros nueve funcionarios policiales".
Este último, puntualizó, "hoy se encuentran acusado y el Ministerio Público a pedido penas sobre 20 años de privación de libertad. Atendida la complejidad de esta causa y el riesgo al que me vi expuesto con seguimiento permanentes e interceptaciones telefónicas de manera ilegal, desde el año 2018, soy objeto de protección personal policial por parte de PDI, luego, si en una investigación en mi contra de un hecho delictivo que no existe se logra hacer diligencias por parte de dicha entidad, temo que la imparcialidad y la objetividad de las diligencias que lleven se vea afectado".
Hoy reiteró sus dichos en medio de cuestionamientos por el reseteo de su teléfono.
