Dos investigaciones penales enfrenta el fiscal regional de Aysén Carlos Palma por los chats que intercambió con el abogado Luis Hermosilla, formalizado en el caso Audio. Una por el delito de omisión de denuncia, relacionada con la supuesta propuesta que le hizo Gonzalo Migueles, pareja de la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, para que dejara la carrera a fiscal nacional (2022); y otra por violación de secreto, debido a la entrega de información al penalista sobre una causa por narcotráfico.
Si bien en esas causas aún no existen determinaciones, sí las hubo en la investigación administrativa que la fiscalía lleva por estos hechos. El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, propuso la suspensión de Palma, la que ya se concretó. Así lo confirmaron esta mañana conocedores de la investigación administrativa, quienes detallaron que la decisión se tomó considerando que hay una indagatoria penal abierta.
Palma descartó los hechos que se le atribuyen en la solicitud de sobreseimiento que esta semana ingresó ante la Fiscalía Regional de Los Lagos, que lo indaga penalmente. Dijo que no había delitos en los chats con Hermosilla y, mediante su defensor Humberto Alarcón, pidió discutir en audiencia su requerimiento.
No hubo ofrecimiento de Migueles
En ese escrito, además de rechazarse el delito, se menciona la colaboración del fiscal con su declaración, la apertura de sus cuentas bancarias y la entrega de su teléfono que —afirman— no fue "reseteado". Según la versión judicial de Palma, solo hubo borrado de mensajes en resguardo de las investigaciones que llevaba, como el caso Convenios.
Un informe pericial descarta el reseteo de su celular marca Xiaomi. Solo indica, sostiene el escrito, que este se aplicó al aparato de Migueles.
Afirma que "más allá, de no existir algún ofrecimiento de beneficio económico o de otra naturaleza, para que en su ‘calidad’ de funcionario público, el señor Palma, ejecutara u omitiera ‘actos propios de su cargo’, malamente podría configurarse algún tipo de obligación de denuncia, por cuanto, de haber existido, las afirmaciones contenidas en el pantallazo de WhatsApp objeto de investigación, en el contexto que se le ha querido dar en esta indagatoria, razonablemente, ellas no son constitutivas de delito, y por tanto, no generan obligación de denunciar". Asimismo, indica que la propia PDI da cuenta de la prescripción del supuesto ilícito.
Defensores tenían expediente
Sobre la indagatoria en la que se le atribuye a Palma la entrega de información a la defensa de un imputado, el 20 y 21 de octubre de 2022, dice en otra presentación que, a la fecha de las comunicaciones entre Palma y Hermosilla, la investigación ya era pública, porque se había realizado la formalización de los involucrados (20 de octubre de 2022). Y que además se le había entregado copia de la carpeta investigativa a los defensores días antes.
Entre otros argumentos, agrega, la conversación entre Palma y Hermosilla fue de advertencia: "Manifestando su preocupación ante la posible implicación de su colega en la defensa de un individuo vinculado al tráfico de drogas". "Basado en la secuencia temporal establecida, fehacientemente, no existe diligencia pendiente que pudiera alterar la naturaleza ‘no secreta de lo informado’ en los antecedentes que originan y fundamentan esta causa, quedando solo por reconocer la valoración jurídica planteada y concluir que no hay delito".
