La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró la responsabilidad internacional del Estado de Chile por la violación de derechos a garantías judiciales y protección judicial respecto de 49 víctimas de delitos de lesa humanidad, así como también la vulneración a la integridad personal de 99 familiares de ellos. En fallo dividido, la instancia internacional determinó que en el caso Vega González y otros vs. Chile, entre los años 2007 y 2010, la Segunda Sala de la Corte Suprema, "interviniendo como tribunal de casación penal, aplicó la medida de prescripción como parte de un proceso de revisión a sentencias condenatorias de personas que habrían sido encontradas responsables de hechos de desaparición forzada y de ejecución extrajudicial", ocurridos durante el régimen militar.
