Este 1 de octubre, a las 09.00 horas, quien fuera hasta el viernes el general director de Carabineros,
Ricardo Yáñez, enfrentará ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la formalización de cargos en su contra por los
delitos de omisión de apremios ilegítimos en el contexto del estallido social.
Fue en enero cuando se conoció que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte solicitó formalizar a Yáñez por dichas omisiones mientras era parte del alto mando de Carabineros, en concreto, como jefe de la Dirección de Orden y Seguridad (Dioscar). También se interpusieron acciones contra el exdirector de la institución, Mario Rozas, y contra el exsubdirector, Diego Olate.
Pero Yáñez quedó en el ojo del huracán, puesto que ahora era general director de Carabineros, y además, porque por esos días entonces director de la PDI, Sergio Muñoz, se veía obligado a dar un paso al costado al conocerse de filtraciones de secreto a Luis Hermosilla, en una de las primeras aristas del caso Audio. Yáñez, como otra cabeza de las instituciones policiales, aunque cuestionado por otras materias, formaba parte de ese puzzle de una institucionalidad que se tambaleaba.
Desde entonces, quien fuera general director intentó aplazar lo más posible su formalización, presionado por el llamado "criterio Tohá" que tomó fuerza en marzo, cuando la ministra del Interior, Carolina Tohá, apuntó a que aquellos funcionarios dependientes del Estado dieran un paso al costado al enfrentar una formalización.
Fue una tragedia lo que, pese al dolor para la institución, paradojalmente permitió a Yáñez ganar algo más de tiempo: la muerte de tres carabineros en Cañete, quienes fueron asesinados y luego calcinados el 27 de abril, hizo que su formalización, fijada entonces para el 7 de mayo, fuera reprogramada para este 1 de octubre.
Hubo más intentos de Yáñez entre aquellos meses, pero fue infructuoso. El pasado viernes, la Corte de Apelaciones selló el destino que el todavía general director buscaba evitar: sería formalizado y debería abandonar de forma inminente el cargo, sin poder cumplir con su ideal de permanecer los cuatro años completos al mando de Carabieros, misma suerte que corrieron sus predecesores.
2022: Yáñez reagendó declaraciones
La trama comenzó en 2022, cuando en agosto de ese año, la fiscal jefa de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, Ximena Chong, citó a Yáñez a declarar en calidad de imputado.
Esto, en el marco de una causa sustentada en dos querellas presentadas en 2021 por abogados particulares, las que apuntan a establecer una responsabilidad de superior o de "mando" por supuestos "delitos de omisión" en apremios ilegítimos durante el estallido, entre el 18 de octubre de 2019 hasta el 30 de marzo de 2021.
Si bien la defensa de Yáñez aseguró que colaboraría en la entrega de todos los antecedentes requeridos, la instancia para declarar se aplazó en varias oportunidades. En noviembre de ese año ya se contaba la tercera vez en que el entonces general director de Carabineros no asistía a declarar ante Chong.
Marzo 2023: "Uso del derecho a guardar silencio"
En marzo de 2023, la fiscal Chong volvió a citar a Yáñez para declarar, hecho que se concretó en la Dirección General de Carabineros, hasta donde se trasladó la persecutora. Sin embargo, Yáñez hizo uso de su derecho a guardar silencio.
La propia fiscal confirmó entonces que "el imputado nos señaló que por ahora, recalcando aquella afirmación, iba a hacer uso de su derecho a guardar a silencio. En consecuencia, se materializó la diligencia, pero nosotros no pudimos obtener respuestas a los interrogatorio que teníamos porque efectivamente el imputado hizo uso de su derecho".
Además, aseguró que la investigación continuaría "al margen de la colaboración que puede entregar, sin perjuicio que, como señalaron sus abogados, lo más probable en un horizonte de tiempo de aproximadamente tres meses pudiera estar en condiciones de prestar declaración".
Por esos meses, la relación entre el Gobierno y el otrora general director comenzaba a afiatarse, incluso pese a la citación que le hizo la ministra del Interior, Carolina Tohá a Yáñez, luego que éste hiciera un emplazamiento en el Parlamento para que se aceleraran los proyectos de ley que daban más atribuciones a la policía para enfrentar el crimen. Las muertes de los carabineros Rita Olivares y Daniel Palma abrieron un respaldo irrestricto del Gobierno hacia la institución.
"Es verdad que hubo una época en Chile de mucha discordia sobre la actuación de Carabineros, de muchas cosas, tuvimos una explosión social y cuestionamientos a las instituciones, pero lo que tenemos hoy no es que exista un clima en la sociedad chilena que le amarre las manos a Carabineros", dijo Tohá en marzo a Radio Cooperativa al ser consultada por la relación.
Es más:
enero había arrancado con buenas noticias para la institución, luego que la
encuesta CEP diera cuenta que las universidades, la PDI y Carabineros eran los organismos que generaban mayor confianza en la ciudadanía.
Enero 2024: Solicitud de formalización
El 2 de enero, la Fiscalía Centro Norte ingresó oficialmente la solicitud de formalización contra Yáñez por delito de omisión de apremios ilegítimos en el contexto del estallido social. Durante las protestas, Yáñez tenía a 22 generales bajo su mando, y de él dependía el despliegue táctico y operativo; cada día, recibía además un informe de todas las zonas operativas del país con los hechos que ocurrían en ese entonces.
En concreto, la fiscalía va por el delito omisivo de apremios ilegítimos en la figura homicida; en palabras de la fiscal Ximena Chong, por "no haber realizado acciones tendientes a evitar que se materializaran los apremios ilegítimos y las torturas que se verificaron durante un período determinado". Se trata de una figura legal poco usual, donde la conducta "de omisión" tiene la misma pena que la conducta activa.
Por su parte, la defensa del ahora exgeneral director, el abogado Jorge Martínez, respondió ingresando un recurso de inhabilidad contra los fiscales Ximena Chong y Xavier Armendáriz, acusando de que a los persecutores los movilizaba el odio o resentimiento contra la persona del general director de Carabineros y contra la institución. Asimismo, el abogado aseguró que preferían enfrentar una formalización para conocer la información que se cursaba en contra de Yáñez.
Sobre este tema, el entonces ministro del Interior (s), Manuel Monsalve, sostuvo que "el General Director de Carabineros tiene el derecho de hacer uso de los recursos judiciales que la ley y la constitución les permite"; un guiño en respaldo que el abogado de Yáñez recogió.
"Nosotros agradecemos el apoyo del Gobierno y haber tomado la neutralidad que tomó en cuanto a señalar que la formalización, dependiendo cómo se fuese desarrollando, no era una corta vista para seguir trabajando y mantener la confianza sobre el general director de Carabineros de Chile", dijo Martínez en entrevista con radio ADN.
Pocos días después, ya se conocía que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago había fijado audiencia para las 09.00 horas del 7 de mayo la formalización contra Yáñez.
Ese mismo día Yáñez citó a los 41 generales a una reunión a través de una videoconferencia, donde les expresó una de las frases que se continuó repitiendo a lo largo de la trama: "Yo voy a seguir trabajando hasta que las condiciones así lo permitan y poniendo siempre por delante nuestra institución".
Criterio Tohá y nueva fecha de formalización
En marzo de este año, la ministra del Interior, Carolina Tohá, instaló un "criterio" para todos los funcionarios dependientes del Estado que enfrentaran formalizaciones, lo que incidió -en lo público- a Yáñez hasta estos últimos días.
"Nuestra filosofía, con los funcionarios que son de nuestra dependencia, es que en los momentos en que hay una formalización, aunque se trata solamente de una garantía del imputado y no presume de antemano culpabilidad, es importante tomar algunas decisiones para evitar que la investigación de las autoridades afecte a las instituciones", sostuvo la titular del Interior en esa oportunidad.
De todas formas, el 28 de abril, la propia ministra salió a ratificar que Yáñez continuaría en su cargo, pese a la hasta entonces inminente formalización. "En este momento no vamos a hacer cambio en el mando de Carabineros", sostuvo. El día anterior, tres carabineros habían sido asesinados y posteriormente calcinados en Cañete, lo que terminó por hacer inviable la salida de Yáñez pese al criterio instalado por el Gobierno y las presiones de la oposición por mantenerlo en el cargo.
Ese mismo día, el fiscal nacional, Ángel Valencia, salió a anunciar que el fiscal Xavier Armendáriz había ingresado una solicitud ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para aplazar la formalización de Yáñez. Sobre los motivos para pedir la postergación, no confirmó que se debiera a las presiones que habían surgido desde la oposición para que la Fiscalía aplazara la audiencia. Pese a esto, Valencia dijo que le parecía una decisión "prudente".
Así las cosas, el tribunal finalmente determinó acoger la solicitud del persecutor, y fijó la audiencia de formalización para el 1 de octubre.
Varios recursos y el portazo de la Corte de Apelaciones
Luego que se fijara la cita ante el tribunal, la defensa de Yáñez inició una serie de tratativas para aplazar la formalización. Martínez presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones, pero fue declaro inadmisible; también ingresó solicitudes ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago para que se aplazara la fecha de formalización, las que fueron rechazadas.
La última semana de septiembre, ante un nuevo recurso de amparo, la Corte de Apelaciones de Santiago declaró la acción como inadmisible el pasado viernes 27.
El texto, la parte defensora argumentó que el abogado Jorge Martínez tomó conocimiento el 16 de septiembre de este año de que le afecta una enfermedad cardíaca, lo que le significaba una imposibilidad física del defensor titular en la causa para el estudio de antecedentes.
A raíz de ello, la salida de Yáñez de su cargo se debía concretar en cuestión de horas. Cerca de las 16.00 horas del viernes, Yáñez llegó hasta La Moneda para concretar su renuncia ante el Presidente Gabriel Boric, la que fue aceptada, en su lugar, fue nombrado como general director a Marcelo Araya.
Así, dejando una serie de intentos atrás, críticas y presiones, se selló el destino de Ricardo Yáñez en su paso por Carabineros, para enfrentar este martes la imputación de la fiscalía, ahora, como un civil.
