Por siete horas se extendió la primera jornada de formalización de cargos en contra del exgeneral director de Carabineros,
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Al inicio de la instancia, fijada para las 09.00 horas de este martes, la nueva defensa de Yáñez pidió que la audiencia fuera aplazada, bajo el argumento de que argumentando la cantidad de información contenida en la carpeta de investigación, además del cambio de defensa, puesto que el abogado Jorge Martínez se vio afectado por una condición cardíaca.
No obstante, las partes querellantes se opusieron, acusando otra "acción dilatoria" por parte de Yáñez, destacando además que hace casi un año que se conoce que se formalizará al otrora general director. Así, luego de ponderar los argumentos,
el tribunal determinó no acoger el aplazamiento de la audiencia.
Imputación: Rol de Yáñez en la Dioscar
Respecto a la imputación de Yáñez, la fiscal de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Ximena Chong, relató una serie de hechos y deberes del imputado cuando se desempeñaba como alto mando, en concreto, en su rol de jefe de la Dirección de Orden y Seguridad (Dioscar) durante el contexto del estallido social.
Chong expuso que entre
octubre de 2019 y marzo 2020, Yáñez tuvo a su cargo las operaciones desplegadas en todo el territorio nacional, y que fue el responsable de administrar la función policial en sus diferentes roles. "De la Dioscar, dependen jerárquicamente todos los mandos operativos de Carabineros: jefaturas de zona, prefecturas, subprefecturas y comisarías; órganos subalternos que deben someterse a las órdenes de su superior", dijo la fiscal.
Dentro de los deberes del imputado estaba el planificar, dirigir, controlar, evaluar y coordinar al nivel estratégico el cumplimiento de la misión institucional de Seguridad y Orden Público realizadas a través de las zonas de Carabineros.
"El imputado Ricardo Yáñez, como director de la Dioscar, debía emitir órdenes, realizar evaluaciones periódicas e imponer sanciones disciplinarias, pudiendo incluso disponer cambios a políticas nacionales emanadas del general director (en ese entonces, Mario Rozas)", sostuvo Chong. Asimismo, Yáñez "contaba con las facultades para impedir o hacer cesar los apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes que se estaban produciendo".
Uso de armamento
La fiscal afirmó que "la cantidad de lesiones ocurridas por manifestantes y observadores durante el trimestre final de 2019, imputables a funcionarios de Carabineros, fueron conocidas por Yáñez".
Sobre los apremios ilegítimos y el uso de armamento, Chong describió las directrices de las circulares internas por uso de armamento. Así, todo uso de armamento no letal, "sólo puede ejercerse en niveles de resistencia bajo", mientras que el uso de armamento letal, "sólo en niveles de resistencia alto".
Chong citó además el manual de operaciones que indica que "si se toma conocimietno de haber provocado lesiones a una persona, se procederá a dar asistencia al afectado, dar cuenta al mando, y adoptar el procedimiento policial correspondiente, incluyento, si procediere, la detención del causante (de la lesión)".
"En ninguno de los casos que exponemos, funcionarios de Carabineros, bajo el mando de los imputados, prestaron ayuda a los lesionados, y en ninguna se produjo la detención del causante de las lesiones", subrayó.
La fiscal sostuvo que entre octubre y diciembre de 2019 y entre enero y marzo de 2020, a lo largo de todo el país, "diversas personas fueron víctimas de funcionarios de Carabineros, quienes bajo el mando de los imputados, infringiendo el reglamento, hicieron uso de armamento antidisturbios, provocando lesiones de carácter menos graves, graves gravísimas, mutilaciones y muerte".
Sólo en la Fiscalía Centro Norte, cantidad de personas afectadas por situaciones de violencia institucional es 2.438 desde el 18 octubre de 2019 al 31 marzo de 2020; de esos, 1.002 casos corresponden a lesiones provocadas por proyectil de arma de fuego, de los cuales 653 fueron en la zona de la cabeza o cuello. De esas lesiones, 430 fueron producto de disparos de perdigones y 172 por disparos de gases.
Por otro lado, dijo Chong, 2.027 casos corresponden a presuntos delitos cometidos por Carabineros en las fechas indicadas, lo que constituye el 83% de los casos investigados.
"Dichas lesiones configuran delitos de apremios ilegítimos, u otros tratos crueles inhumanos y degradantes", precisó Chong, junto con subrayar que los tres imputados "conociendo de su ocurrencia, omiten sus deberes de intervención ni ejecutan acciones ordenadas a impedir y hacer cesar su comisión".
Posteriormente, la fiscal Chong pormenorizó los ataques por parte de funcionarios de carabineros a una serie de víctimas ocurridas en el contexto del estallido social, acusando disparos a manifestantes al tercio superior del cuerpo y sin distancia segura, lo que generaron diversos casos de trauma ocular.
