El anuncio del Presidente Gabriel Boric en torno al ingreso del proyecto que pone fin al
Crédito con Aval del Estado (CAE) dejó una serie de dudas en el debate público y en la esfera política, planos desde donde emanaron varias críticas a raíz del "fondo" de la iniciativa.
La discusión académica, por ejemplo, se centró en las dudas sobre el impacto que podrá tener el proyecto en los recursos económicos que perciban las universidades, el costo que tendrá para el propio fisco, y cómo funcionará exactamente el sistema de Financiamiento Público para la Educación Superior (FES) que viene a reemplazar al CAE.
No obstante, el momento en el que se presenta esta iniciativa también abrió críticas, puesto que las elecciones municipales -de las más relevantes en el último tiempo-, son inevitablemente un telón de fondo para anuncios de este tipo, al menos en clave política, y así lo exteriorizaron desde el Congreso.
Asimismo, desde la oposición, junto con criticar el contenido del anuncio, también han apuntado a que existen otras urgencias en la ciudadanía por sobre la condonación parcial a los deudores del CAE, como aquellos temas relativos a la crisis de seguridad.
A ello, se suma la batería de acusaciones constitucionales que hoy mantienen ocupado al Congreso, contra ministros de la Corte Suprema, además de la ofensiva del Partido Republicano, con un libelo contra la ministra del Interior, Carolina Tohá.
Pero el entramado no termina allí. Hoy, la clase política y la institucionalidad atraviesan complejos momentos a raíz del caso Audio, el que se ha tomado la agenda en durante varias semanas y que ha desatado la condena ciudadana en torno al tráfico de influencias, transparencia y funcionamiento de las instituciones.
En ese contexto, distintas voces revisan cómo el anuncio del fin al CAE se entrecruza con el actual escenario político, así como la facibilidad -o no- de que el proyecto prospere en esta última ronda de iniciativas de lo que resta del actual Gobierno.
Viabilidad en el Congreso
En conversación con Emol, Jaime Retamal, experto en políticas públicas y Educación de la Usach, comenta que a su juicio sí es posible que el proyecto tenga luz verde en el Congreso, "considerando que ha tenido un trabajo prelegislativo interesante y que además viene con la aprobación de Hacienda. Es un proyecto que se hace cargo de manera relativa y no completa de una promesa de campaña, pero que con todo, servirá para decir 'cumplimos'".
Por el contraste,
José Joaquín Brunner, director del Doctorado en Educación Superior de la UDP, ve un poco más lejana esta posibilidad a raíz del ambiente que hay en el Parlamento y las características de la iniciativa.
Según comentó a 24 Horas, "esa es mi mayor preocupación en lo inmediato, creo que mis colegas que están en el Mineduc y han diseñado la estrategia de este nuevo instrumento no se han hecho cargo de que la condiciones políticas hoy día son objetivamente extremadamente adversas, al llevar al Parlamento una discusión de esta envergadura y esta complejidad".
Para Claudio Alvarado, director ejecutivo del IES, resulta "curioso" que "el Gobierno se queja una y otra vez de la falta de diálogo político, de que la oposición no colabora, pero este tipo de cosas solo profundizan aún más el quiebre de confianza, y da la impresión de que el gobierno al final no tiene otro interés más que hablarle a un nicho muy particular de partidarios suyos".
Cercanía a las elecciones
Derivado de lo anterior, otro elemento en el debate es la cercanía a las elecciones del 26 y 27 de octubre con el que aterriza el anuncio. Para Alvarado, anunciar el fin al CAE resulta "sorprendente" en términos de prioridades políticas.
Esto, "porque el país vive una crisis de seguridad brutal. Además, estamos en medio de múltiples problemas educacionales, especialmente en materia de educación escolar, y lo que el Presidente decide hacer es priorizar un proyecto en materia de educación superior, y en el que además retoma una bandera muy descaminada, como es la condonación parcial del CAE".
"En términos de prioridades políticas cuesta mucho comprenderlo más allá de un afán electoralista de cara, supongo, a reforzar a su base", subrayó.
"Poner en este momento este proyecto en la agenda muestra una intención por lo menos de asumir un liderazgo que (el Gobierno) necesita imperiosamente si quiere ser un actor relevante en el proceso político hacia las futuras elecciones parlamentarias y presidenciales".
Eric Latorre, director de Magíster U. Autónoma
En la misma línea, Retamal acota que "no es necesario ser muy listo para comprender que el proyecto tiene efectos electorales, sin embargo, al tramitarlo en la escena del Congreso, es decir, en el debate diario de la política que se efectúa en ambas cámaras, es lógico que muy pocos se quieran mostrar como críticos a un proyecto que en términos electorales, por supuesto, renta mucho".
Por su parte, Eric Latorre, director del Magíster en Gobierno y Administración Pública de la U. Autónoma comentó que el proyecto puede ser un guiño al electorado para "mostrar que el Gobierno aún tiene capacidad de operar y de llevar agenda, y que a partir de un cierto éxito o una derrota electoral no tan grande en las municipales, que aún tiene capacidad de gobernar".
"Por consiguiente, poner en este momento este proyecto en la agenda muestra una intención por lo menos de asumir un liderazgo que (el Gobierno) necesita imperiosamente si quiere ser un actor relevante en el proceso político hacia las futuras elecciones parlamentarias y presidenciales, de lo contrario, el Gobierno se va a transformar en un actor totalmente irrelevante el próximo año", subrayó.
Caso Audio
Consultados por la injerencia del caso Audio en este contexto complejo para la institucionalidad y cómo el ingreso del proyecto del fin al CAE podría, al menos, desviar el debate público o incidir en un giro en la agenda, los expertos descartan una mayor injerencia: el caso Audio sigue ocupando mucho espacio.
Retamal considera que el caso Audio es un problema institucional grave, "que superará con creces las crisis que ha vivido nuestra democracia a causa de la corrupción, y salir de esto, con instituciones más fortalecidas, es una gran prueba para la democracia".
"El hecho de que múltiples actores políticos y judiciales estén haciendo trampas a la institucionalidad republicana, exige un tiempo de análisis mucho mayor que este tipo de coyunturas, como el proyecto de eliminación del CAE, que sólo será un ítem más dentro de todos los proyectos que se tramitan en el Congreso. Por de pronto, es menos importante que la Ley de Presupuesto 2025", acotó.
Misma opinión tiene Latorre, quien descarta que se pueda producir un cambio significativo en la agenda producto del anuncio, ya que ésta "sigue marcada por el caso Audio, por la corrupción en general, que es un tema muy de fondo, y por el tema de la seguridad".
"Por consiguiente, nuevamente el intento del Gobierno por poner un tema en la agenda o eventualmente desviar el foco, es un esfuerzo un poco voluntarista. La eliminación del CAE podrá generar algún tipo de debate, pero al final del día las personas hoy están más preocupadas, por un lado el tema de la seguridad, que se va a ir tomando cada vez más la agenda, y la contingencia por el caso audio y por la corrupción en general".
Dimensión "ideológica"
Otros resquemores en torno al proyecto del Gobierno apuntan a la posibilidad de que exista algún sesgo ideológico en su propuesta, especialmente en uno de los aspectos que se ha tomado el debate, de la eventual afectación a los ingresos económicos de las universidades, entre otras cosas, porque quienes comiencen a estudiar con el FES, lo harán sin pagar aranceles.
"La crítica respecto a que habría un tema ideológico, como que fijarán aranceles a las universidades, por supuesto que ahí hay tema. El Frente Amplio y Presidente Boric nunca han ocultado su malestar con cualquier sistema de educación privado, por consiguiente sin duda que lo que se puede apreciar sobre algún tipo de fijación de aranceles, está en la línea de lo que el Gobierno piensa", comentó Latorre.
Para Retamal, en tanto, fijar los aranceles universitarios, "pensando que con ello se pone coto al mercado de las universidades privadas, es un error de proporciones, porque en primer lugar, las más perjudicadas serían las universidades del Estado".
"El tema ideológico sobre la regulación de la oferta de mercado en educación superior no es nuevo y debe ser pensado en todo su alcance más que ideológico, me atrevo a decir, pragmático. Fijar los aranceles puede ser una muy mala noticia para las instituciones que forman educadores, por ejemplo, son las carreras más perjudicadas. ¿Será el actual gobierno capaz de sacrificar la universidad pública por una condonación de deudas contraídas con conocimiento de causa?", cerró.
