A las 10:00 de la mañana se convocó a los parlamentarios a votar la acusación constitucional contra los ministros de la Corte Suprema Ángela Vivanco y Sergio Muñoz, impulsada por los diputados de Chile Vamos.
Sin embargo, durante casi una hora, el debate se centró en si procede o no pronunciarse sobre un libelo que incluye a dos personas por causas distintas. Los cruces entre la izquierda y la derecha retrasaron el inicio de la discusión sobre la procedencia del libelo, mientras los abogados de los ministros, Juan Carlos Manríquez y Jorge Correa Sutil, esperaban en la testera para que comenzara el debate.
A pesar de que la secretaria de la Corporación tenía una postura clara sobre el asunto,
los parlamentarios oficialistas insistieron en que el libelo debería dividirse. Para no retrasar más el debate, la presidenta de la Cámara, Karol Cariola (PC), decidió convocar a una reunión de comités para zanjar la discusión. No obstante, el secretario general, Miguel Landeros, enfatizó que la Cámara solo evalúa la procedencia del libelo y que el Senado puede dividir explícitamente los capítulos al estudiar el fondo. Además, hizo hincapié en que primero se debía debatir la cuestión previa.
La diputada Lorena Fries (FA) manifestó: "Estamos a punto de cometer una grave violación a los derechos humanos de una persona a la que se le imputan cosas. Yo le pediría a la mesa que actuemos de manera correcta, de acuerdo al derecho, no con leguleyadas. Debemos garantizar que cada una de las personas aquí imputadas en términos de acusación constitucional tenga derecho a la defensa. No podemos salir de aquí equiparando los argumentos de uno para que sirvan como defensa del otro; esto es inconcebible".
Por su parte, el diputado Alberto Undurraga (DC) señaló: "Hemos presentado una solicitud para que se voten por separado las acusaciones constitucionales del ministro Muñoz y de la ministra Vivanco. Las acusaciones son personalísimas, salvo que los hechos sean los mismos, y en este caso se trata de hechos distintos. El sentido común indica que, si hay hechos distintos, deben ser causas distintas. En términos futbolísticos, es como expulsar al arquero por una falta que comete el delantero; no tiene ningún sentido. Además, en términos políticos, si se permiten votaciones conjuntas de acusaciones por hechos distintos, se abre la puerta para que, en este y futuros gobiernos, ministros de Estado sean acusados de forma conjunta, incluso por hechos gravísimos y otros discutibles, y finalmente se les juzgue como si fueran un solo caso".
El socialista Jaime Naranjo sostuvo que "estamos en la antesala de cometer un error tremendo en esta Cámara de Diputados. No puede votarse en un solo acto una acusación constitucional contra dos personas acusadas por situaciones distintas. Me pregunto: ¿les gustaría a los parlamentarios que los desafueros se vieran en paquete en el futuro? Que, al desaforar a un diputado,
se junten tres o cuatro causas distintas y los tribunales fallen en conjunto".
Por su parte, el jefe de bancada del Partido Republicano, Luis Sánchez, planteó que "no entiendo por qué estamos discutiendo como punto de reglamento una cuestión que es parte de la cuestión previa. Iniciemos el debate. Además, respecto de la preocupación que tienen mis colegas de la izquierda, esto se hará una vez aprobada la acusación en la Cámara; pasará al Senado, donde se votará por separado. Por lo tanto, sostener aquí que hay alguna vulneración a los derechos fundamentales de los involucrados en esta acusación constitucional me parece un exceso y carece de fundamento. Invito a mis colegas a estudiar mejor el funcionamiento de las acusaciones constitucionales para que todos comprendamos cómo opera esta tramitación. En el Senado, cada uno de los acusados será juzgado o evaluado por el mérito particular de sus acciones. A nosotros, en la Cámara, nos corresponde evaluar la admisibilidad de estas acusaciones, y el Senado resolverá después".
También surgieron otras controversias durante la discusión, como el hecho de que la defensa de Ángela Vivanco haya solicitado la inhabilidad de 62 parlamentarios por haber manifestado públicamente su opinión sobre el caso; solicitud que fue descartada tanto por los parlamentarios como por la secretaría. Además, se planteó el conflicto que surgió ayer en la comisión que revisó la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Tohá, donde el Partido Republicano acusó una falta al reglamento durante la votación.
