El ministro de Justicia, Luis Cordero, abordó las nuevas diligencias sobre la arista Procultura del caso Convenios. En particular, el allanamiento de 14 domicilios de Santiago y Concepción con el que la PDI incautó dispositivos del exfundador de la ONG, Alberto Larraín.
Se trata de un tema que podría complicar al Presidente Gabriel Boric y a su expareja, Irina Karamanos, por su cercanía con Larraín, y por la develación de abonos de parte de la exprimera dama hacia la fundación.
En conversación con CNN Radio, el secretario de Estado fue requerido por los motivos de la dilación del procedimiento de entrada y registro, considerando que pasaron 15 meses de iniciada la investigación. Algo que reprochó el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma.
"Siempre se tiene un problema cuando uno compara investigaciones singulares y no tiene la capacidad de tener el panorama general. Lo digo porque el Ministerio Público genera estrategias de investigación para casos específicos, pero cuando son de un volumen determinado, suponen estrategias de persecución que son distinta", indicó el ministro.
Y destacó que "de hecho, en el caso Convenios hay una estructuración y una coordinación entre los distintos fiscales regionales, coordinadas desde la Fiscalía Nacional y, particularmente, desde Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, que la coordina el ex Fiscal Campos".
"Si la demora es o no razonable, yo creo que eso forma parte de un juicio que está dentro de la estrategia más global del Ministerio Público. Yo lo único que diría es que en el caso Procultura, hay que tener cuidado con hacer un juicio individual, porque esa es una investigación que está en el marco más global del caso Convenios, donde el Ministerio Público ha desarrollado mecanismos más bien de integración de información para efectos de la investigación", sostuvo.
Ahondando en ese punto, Cordero reiteró que "hay que tener cuidado con hacer evaluaciones de las investigaciones penales que están sujetas a ciertos estándares legales".
Sobre la coincidencia con la salida del exfiscal Carlos Palma, el ministro reparó que la diligencia está "en un contexto donde las explicaciones están asociadas a la investigación y donde probablemente las dimensiones públicas tienen otras características". Además, consideró que "en el caso del Fiscal Palma hay un mecanismo de investigación que está en su contra".
Con todo, el titular de Justicia recalcó que "en el caso Convenio, al igual que en otros que son más bien macro, lo que yo veo son más bien estructuras miradas en su globalidad de persecución por parte del Ministerio Público. Entonces, hacer una evaluación en singular, yo no estoy en condiciones de hacer esa evaluación, solo aprecio que el Ministerio Público tiene una estrategia más global".
