En medio del crispado ambiente que se tomaba varios puntos de Santiago durante el 18 de octubre de 2019, pero en especial, en la llamada zona cero, surgía una acusación sobre un
presunto centro de torturas de Carabineros que se había instalado en Metro Baquedano. A cinco años, sigue incomodando a quienes defendieron en ese entonces aquella versión.
Y es que las consecuencias de lo que hoy tiene el rótulo de "fake news" fueron amplias. Se abrió una investigación penal, hubo solicitudes de renuncia, se convirtió en banderas reivindicativas de manifestaciones posteriores al 18-O, y de paso, terminó bloqueando la entrada principal de la estación Baquedano.
Esa investigación terminó en junio de 2020, luego que el 8° Juzgado de Garantía de Santiago dictara el sobreseimiento definitivo de la investigación. No había una denuncia formal, pero se investigó de todas formas. En su exposición, la fiscalía señaló que se "descartó la existencia de hechos que puedan configurar delitos de torturas en la 60° Comisaría".
En el quinto aniversario del 18-O, y con un Gobierno que hace dos años viene tomando distancia de aquello -dejando atrás episodios como los indultos y pensiones de gracia-, de nuevo rondó la pregunta en torno al rol que cumplieron personeros que hoy están a cargo de la administración.
La postura del Gobierno
El lunes, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC) fue consultada por si había alguna autocrítica por las declaraciones que emitieron en el pasado sobre la presunta existencia del "centro de torturas" en el Metro Baquedano.
En su calidad de diputada, en 2019, Vallejo había señalado respecto al presunto centro de torturas en "un espacio del Metro donde no habían cámaras, encontraron un bidón de alcohol, un paño para limpiar y sí encontraron amarras que usan los militares, declarado por el juez (Daniel) Urrutia".
A cinco años de sus dichos, y en calidad de ministra, la militante PC respondió que "en nuestro sector se ha hecho muchas autocríticas sobre declaraciones, sobre un momento que fue álgido, muy tenso, de violencia, de denuncias por posibles violaciones a los derechos humanos y sobre eso hemos hablado bastante".
"Lo que falta hoy día es hablar más sobre las tareas que tenemos pendientes. Y por eso les decía, no vamos a caer en el discurso de solo la violencia, porque eso es pretender tapar el sol con un dedo y es irresponsable", agregó.
La trama de la "denuncia"
Fue durante la tarde del 22 de octubre que las redes sociales comenzaban a hacer eco de un presunto centro de torturas en el Metro Baquedano, el que correspondía la 60° Comisaría de Carabineros, ubicada al interior de la estación.
El presunto hecho adquirió fuerza con la intervención del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), liderado en ese entonces por Sergio Micco. El organismo se sumó a la revisión del lugar junto a efectivos de la PDI y los jueces del 7° Juzgado de Garantía de Santiago Daniel Urrutia y Darwin Bratti.
Micco involucró a dos detectives en la denuncia por torturas y apremios que habría llegado al INDH, lo que
desató la molestia del entonces director del PDI, Héctor Espinoza, quien contó que había recibido un llamado de Micco donde le exigía iniciar un sumario por la presunta responsabilidad de sus policías.
Sobre la polémica, Micco salió a reconocer el "error" de vincularlos con los presuntos hechos. Esto, porque aquellos policías eran, en realidad, quienes habían sido convocados para acudir al lugar a levantar evidencia.
El 23 de octubre, Beatriz Sánchez, ex carta presidencial del Frente Amplio y actual embajadora de Chile en México, tuiteó: "el INDH denuncia torturas, sí, torturas en la Estación Baquedano. Simplemente inaceptable. El ministro del Interior, Andrés Chadwick debe renunciar hoy".
Quien también daba fuerza a esas acusaciones fue el entonces jefe de bancada del PS y actual subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, "El hecho es gravísimo, las detenciones ilegales y las torturas ocurren en dictadura, no en democracia. El Presidente y el Ministro del Interior tienen que hacerse responsables de aclarar estos hechos ante el país y garantizar a los chilenos que el estado de excepción no implica violación a los derechos humanos", dijo ese 23 de octubre.
Fiscalía descartó centro de torturas
El 22 de octubre, una profesora de la Universidad de Chile ingresó un amparo ante el juez Daniel Urrutia, teniendo como base el relato de un estudiante, Nicolás Lüer S., quien aseguraba que carabineros lo había "tomado de sus cuatro extremidades y golpeado hasta luxarle las rodillas", según recoge Reportajes de El Mercurio.
Pero además, se sostenía que el joven "se encontraba muy conmocionado y choqueado, relatando que en la bajada del metro Baquedano había visto a efectivos de Carabineros, quienes habrían mantenido amarrados de las manos a 'cabros' y les habrían disparado a quemarropa, desconociendo el tipo de arma utilizada".
Urrutia contactó al juez Darwin Bratti, para la revisión antes mencionada del lugar. Fue entonces que al no encontrar detenidos en el lugar, no acogieron el amparo.
Ese mismo día, y luego de la revisión de los jueces, la
Fiscalía Oriente también
salió a descartar que hubieran realizado torturas y apremios en el lugar.
"No se pudo verificar la presencia de ningún detenido, tampoco de ninguna sala que se correspondiese con lo señalado en la referida denuncia. Esto es que fuese utilizada para fines de tortura o que tuviera elementos que pudieran indicar que se utiliza para ese fin. Tampoco se pudo verificar algún residuo de las personas que hayan sido lesionadas o hayan estado al interior", dijo el fiscal Omar Mérida, quien había quedado a cargo de la investigación.
Pese a los antecedentes que surgían hasta entones, el mundo político -alimentado por las múltiples 'denuncias' en redes sociales-, continuaba insistiendo en que se investigara, y se exigía la salida de Andrés Chadwick como ministro del Interior.
Otras voces que tomaron la palabra para validar la teoría de las torturas fueron la diputada Carmen Hertz (PC) y el diputado independiente Tomás Hirsch. Otras voces, como el académico Jaime Bassa -quien posteriormente se convirtió en vicepresidente de la Convención Constitucional-, se sumaron a la divulgación de la "fake news", tras participar en la Comisión de Derechos Humanos del Senado.
"En comisión de DDHH Senado, el INDH informa que túneles de Estación Baquedano de Metro de Santiago siendo utilizado como centro de detención ilegal y tortura", tuiteó Bassa ese 23 de octubre.
El "jardín de la resistencia"
Ya convertido en uno de los temas de "reivindicación" que dejó el ala violentista del 18-O, la entrada principal del Metro Baquedano no pudo volver a abrir durante cuatro años.
En el lugar se instaló el llamado "
jardín de la resistencia", luego que grupos de la zona se reunieran e instalaran plantas en la también conocida "plaza hundida". De acuerdo a los colectivos que se sumaron a estas iniciativas, autodenominándose "custodios", se trataba de un "espacio de memoria".
Fueron esos mismos colectivos quienes se oponían al desarrollo de las obras que buscaban reabrir esa entrada del Metro Baquedano, que comenzaron en abril de 2023. Aunque hubo un debate entre las autoridades sobre cómo abordar "el jardín de la resistencia", el diseño final fue cubrirlo con cemento, dejando una explanada que forma parte del proyecto Nueva Alameda.
En enero de 2024, en el contexto de la reapertura del acceso a la estación, llamó la atención una placa con imágenes corporativas de la Municipalidad de Providencia, de Metro y del Gobierno de Chile, que versaba: "En este lugar se emplazó el Jardín de la Resistencia, espacio de memoria ciudadana autogestionado. Bajo este acto, sepultamos la historia con la intención de blanquear a nuestra clase y mantener intacto el modelo. Esta placa fue gestionada vía licitación directa".
Desde Metro y el Municipio salieron a descartar que la placa tuviera relación con ello ni la hubieran autorizado, por lo que fue retirada.
Lo que tampoco fructiferó fue la querella que interpusieron dos carabineros de la comisaría de la estación Baquedano por "denuncia calumniosa" contra quienes resultaran responsables, donde apuntaban a que como miembros de la 60° Comisaría se les había estigmatizado "como torturadores y violadores de derechos humanos". No obstante, la denuncia fue desestimada y la causa sobreseída de manera definitiva, puesto que la querella "no tenía como objeto una sentencia ejecutoriada".
