Manifestaciones en las cercanías de Plaza Baquedano, a tres meses del estallido social, en enero de 2020.
El Mercurio/Archivo
Han pasado cinco años desde el
estallido social de octubre de 2019, proceso que incluso a esta fecha continúa dejando consecuencias sociales, económicas y políticas. Pero además, hay varios datos que pueden traducirse en números, lo que permite ponderar la magnitud de los hechos que ocurrieron en el contexto de 18-O en clave judicial.
Y es que las manifestaciones dejaron miles de detenidos, personas que fueron a la cárcel y varios policías condenados por atentado a los derechos humanos. De todas formas, son varias las causas sobreseídas y personas -tanto civiles como uniformados- que hoy están en libertad.
De acuerdo a Reportajes de El Mercurio, un total de 33 personas murieron, siete de ellas atribuibles a agentes del Estado, de acuerdo a los datos del Ministerio Público. Además, hay cuatro militares y un marino condenados, y un carabinero formalizado.
En tanto, 70 uniformados recibieron condenas por atentado a los DD.HH. En el desglose, se trata de 62 carabineros, siete militares y un efectivo de la Armada. En tanto, 55 carabineros fueron absueltos de distintas acusaciones.
Por su parte, las detenciones por hechos de violencia en las calles -entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020- llegaron a las 29.660.
Hasta agosto de 2021, un total de 77 personas estaban presas por graves delitos de orden público durante las las protestas, de las cuales 26 cumplían condena.
De acuerdo al covocero de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos de la Revuelta, Osvaldo Durán, quedan 13 civiles privados de libertad a la fecha, la mayoría por ley de armas.
Indultos y pensiones de gracia
Las pensiones de gracia se convirtieron en un Talón de Aquiles para el Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Esto , luego que en 2022 -y cumpliendo una promesa de campaña- el Mandatario indultara a 13 reos, de los cuales 12 estaban condenados por acciones violentas durante las protestas.
Entre ellos, estaba
Luis Castillo Opazo, quien había sido condenado a siete años y cuatro meses por una serie de delitos cometidos en el marco de las manifestaciones ocurridas entre octubre y noviembre de 2019. El 2 de enero, tras salir de la cárcel, Castillo sostuvo que "los insurrectos no nos calmamos, no descansamos, los insurrectos damos la vida por la causa, compañero (...) sigan así hasta la victoria final, hasta que cambiemos todo".
Si bien las palabras abrieron una oleada de críticas por la decisión del Gobierno, la crisis se avivó en diciembre de 2023, luego que el indultado Castillo volviera a prisión por un secuestro extorsivo y un robo con violencia a una mujer, en Copiapó.
El Gobierno también entregó 418 pensiones de gracia a víctimas civiles de la violencia del 18-O (270 en el actual Gobierno y 148 en el periodo de Piñera).
No obstante, este beneficio también agudizó la crisis, puesto que en enero de 2023, un informe de la Contraloría señalara que del total de pensionados, 58 tenían antecedentes penales por condenas; incluso, más de una decena era por diversos tipos penales, como estafa, tráfico, abuso sexual, homicidio y hasta producción de materia pornográfico infantil.
Lo anterior llevó a que después de un intenso debate político y público, además de varios daños colaterales, el Gobierno decidiera revocar algunas pensiones, vía facultad administrativa del Presidente Boric. De acuerdo a El Mercurio, con datos de la Subsecretaría del Interior, finalmente fueron 27 las pensiones de gracia que se revocaron, y una fue invalidada.
