El actuar de la Policía de Investigaciones (PDI) se convirtió en otro de los grandes focos en medio de la indagatoria por el caso Monsalve. Esto, porque los funcionarios habrían obedecido instrucciones del entonces subsecretario del Interior -imputado por violación a una subalterna- incluso antes de que existiera una denuncia en su contra.
Los funcionarios llegaron tres semanas antes de que estallara el caso a revisar las cámaras del Hotel Panamericano, mientras que Monsalve, además, les entregó uno de sus tres celulares para que se le realizaran pericias. Posteriormente, el aparto se le devolvió al todavía ex subsecretario.
Esta situación complicó tanto al director de la PDI, Eduardo Cerna, como a miembros de Inteligencia de la institución, en concreto, a la jefa nacional de esa repartición, Cristina Vilches, quien ayer fue destituida de su cargo. Vilches fue quien ordenó a su subalternos realizar las revisiones de las cámaras, por lo que su permanencia en el cargo quedó en entredicho.
Esta arista no es menos relevante, puesto que tiene implicancias directas en el curso que sigue la indagatoria que lleva adelante la Fiscalía Centro Norte, y deja dudas sobre cuál es el rol del propio Cerna, y ha abierto debates paralelos, como si la PDI debería continuar bajo el mando del Ejecutivo.
El debate que abrió Sallés
El miércoles, el juez Ponciano Sallés, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, resolvió mantener en secreto la carpeta investigativa del Ministerio Público, donde se detallan las diligencias en torno al caso Monsalve. Esto, tras tener a la vista la orden que le dio Monsalve a la PDI.
En medio de la audiencia de cautela de garantías, el magistrado Sallés se dio tiempo para problematizar respecto a las funciones de la Policía de Investigaciones y de sembrar un debate adicional a la luz de la instrucción que dio Monsalve: ¿debe la PDI seguir dependiendo del Poder Ejecutivo (en concreto, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública) o debería pasar a otro organismo, como el Ministerio Público?
En su reflexión, el juez sostuvo: "para el Ministerio Público, evidentemente, existen serios indicios de que la investigación pudiera haber sido alterada (...) y eventualmente, cuestión que también es relevante, que las policías acaten instrucciones directas del Ejecutivo o de un miembro del Ejecutivo, cuando en definitiva,
son policías cuya función es de investigar delitos, esa es la única función que tiene la PDI, a diferencia de Carabineros, que por definición tiene también el resguardo del orden público".
"Si la PDI presta funciones de escolta o de resguardo de determinadas personas importantes, eso no los habilita desde ya para realizar investigaciones o diligencias investigativas a solicitud de aquellas personas que, en ningún caso, tienen el monopolio de la acción penal como sí la tiene el Ministerio Público".
"Por lo tanto, se discutirá probablemente, en un tiempo más, en unos meses más, si es que la Policía de Investigaciones en Chile deberá o no seguir dependiendo del Poder Ejecutivo o si sería conveniente que dependiera del Ministerio Público o algún otro organismo si es que existe únicamente para las investigaciones de carácter penal".
Y añadió: "porque aquí lo que hay es un choque entre lo que debiera hacer la PDI y lo que aparentemente hizo, en total contrasentido para la función para la cual fue creada".
Un debate "válido" pero con debilidades
En conversación con Emol, expertos en seguridad y ciencias políticas entran al debate en torno a los dichos del magistrado.
Para Daniel Soto Muñoz, Doctor en Ciencias Sociales de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, el comentario del juez "demuestra un entendimiento limitado de las funciones asignadas a las instituciones policiales chilenas". Tanto Carabineros como la PDI tienen responsabilidades más amplias que las meramente preventivas o investigativas, respectivamente. Por ejemplo, la PDI tiene atribuciones de policía migratoria, que no dependen directamente del Ejecutivo".
"El juez parece desconocer esta diversidad funcional, sugiriendo que la PDI solo debería actuar por solicitud del Ministerio Público. Adicionalmente, el juez cuestiona que la PDI 'acate instrucciones del Ejecutivo', cuando su dependencia orgánica de este poder forma parte del diseño institucional vigente".
Por su parte, Juan Castañeda, cientista político y Doctor en sociología de la Universidad Autónoma, comenta que "respetando la autoridad de un juez de la República, me parece que es entendible lo que él dice, pero desde el punto de vista de un ciudadano que da su opinión. Pero a mí no me parece que un juez de la República de cierto modo pauteando un debate legislativo, porque hay un principio detrás de independencia de poderes".
En cuanto al centro del debate, el experto comenta que si se observa la experiencia internacional, el referente de la PDI es el FDI americano, y ellos dependen de la "fiscalía, por decirlo así, del Poder Judicial".
"Pero eso responde a razones históricas y al desarrollo histórico jurídico. No es que al depender exclusivamente del Poder Judicial, ergo, tú vas a eliminar inmediatamente de manera mecánica todo acto de conducta individual con respecto a la normativa", dice Castañeda.
Ese es, a su parecer, una de las principales "debilidades" de un debate "válido": "No es que la dependencia de Fiscalía, o Ministerio Público, o Poder Judicial, o Ministerio del Interior, determine que se van a anular estas prácticas, sino que tiene que ver con los procedimientos de control interno".
Mecanismos de control y competencias en seguridad
Los mecanismos de control interno a los que apunta Castañeda, por ejemplo, podrían mejorar en la forma en que se hace el reclutamiento de profesionales que luego llegan a los mandos de las áreas de especialización que tienen la PDI.
"Un ejemplo concreto: la directora de la Jefatura de Inteligencia no está mandatada ni tiene atribuciones como para realizar una investigación en el ámbito de inteligencia ordenada por un miembro del Poder Ejecutivo. No puede hacerlo. Yo creo que lo que probablemente lo que está pasando en nuestras policías a nivel chileno y latinoamericano, es que no respetan la normativa interna o la desconocen", afirma el cientista político.
Por su parte, Soto planeta que a partir de la reflexión del magistrado, es posible establecer al menos dos problemas clave que ha develado esta arista del caso Monsalve.
En primer lugar, que "la seguridad de las autoridades debe estar bajo el mando y control único e interoperable de Carabineros de Chile, aunque la ejecución involucre a funcionarios de otras instituciones, sean de la PDI o de instituciones militares, si fuera del caso. Esto evitaría improvisaciones y, lo más importante, la elusión de responsabilidades", dice el experto.
Y en segundo lugar, plantea que los cargos de los cuales depende la seguridad pública deberían ser ejercidos por profesionales con competencias en materia de seguridad.
"Lo mínimo sería que puedan distinguir los efectos que generan ciertas medidas administrativas (como la responsabilidad del superior frente a órdenes ilegales a subordinados) y conozcan las diferencias entre medidas de obtención de información lícitas e ilícitas, tanto en el ámbito de la inteligencia policial como de las investigaciones penales", subraya.
El rol de Cerna y su amistad con Tohá
Al debate anterior, se suma el rol que ha tenido Cerna en medio del caso. Esto, porque fue él quien le avisó a la ministra del Interior, Carolina Tohá, el día martes 15 de octubre que había una investigación contra Monsalve en curso.
Esa versión no ha estado exenta de contradicciones, puesto que Cerna aseguró que no se le entregaron detalles a la ministra, mientras que días más tarde, Tohá afirmó que la información "fue desde un primer momento completa", tanto por el presunto abuso sexual como porque en la indagatoria "se estaba abordando el uso que él hizo (Monsalve) de la ley de Inteligencia para solicitar que se levantara información".
Cerna, además, como máxima autoridad de la policía civil, ha sido fuertemente cuestionado por haber "puesto en riesgo" la indagatoria al comunicarle lo que ocurría a la ministra Tohá, quien además, es su amiga personal, luego que estrecharan lazos cuando ella era alcaldesa de Santiago. A ello, se suman dudas por el escaso "control" que habría ejercido en esta materia, a raíz de la magnitud del caso.
El director de la PDI llegó al alto mando en marzo de este año, tras la bullada salida de Sergio Muñoz, formalizado por violación de secreto en una de las primeras aristas del caso Audio. Antes de asumir, Cerna era subdirector de la Administración Logística y Administración de la PDI, y tenía la cuarta autoridad de la policía civil, por lo que dejó atrás a otros nombres que no tenían la amistad y confianza de Tohá.
El mandamás de la PDI posse el grado de Magíster de Inteligencia Estratégica, Diplomado en Ciberseguridad, Diplomado en Técnicas de Análisis de Inteligencia, todos de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE), y entre otros títulos, un diplomado en Investigación Policial del Crimen Organizado mención negociación y manejo de crisis.
Luego de su nombramiento por parte del Presidente Gabriel Boric, hubo una valoración transversal por parte de parlamentarios del oficialismo y oposición. El diputado PPD, Jaime Araya, comentó en aquella oportunidad que "el nuevo director tiene un extenso currículum y amplia trayectoria operativa. Esto blinda a la PDI de cualquier anomalía".
Por su parte, el senador DC, Iván Flores, opinó que con Cerna la PDI iba a quedar "en buenas manos", y el diputado RN, Jorge Durán, comentó que "su currículum es bastante llamativo y completo. Sumado a lo anterior, creo que tiene una labor muy importante de volver a reposicionar a la PDI en una institución con altos estándares de transparencia y probidad".
