La detonación de una bomba molotov al interior de un baño del Internado Nacional Barros Arana (INBA), dejó a 34 alumnos heridos, mientras
cuatro de ellos permanecen en riesgo vital; además, hay dos docentes afectados.
El hecho, registrado en la tarde de ayer, se habría producido luego que un grupo de alumnos manipularan los elementos para construir estos explosivos, al interior de un baño del internado.
Fue allí cuando uno de los aparatos explotó y les generó las lesiones. Esto, además de daños a la infraestructura del establecimiento.
La gravedad de los hechos volvió a traer al centro del debate las medidas que ha tomado la Municipalidad de Santiago en torno a los liceos emblemáticos, que hace años vienen arrastrando episodios asociados a violentas manifestaciones, en su mayoría, para exigir mejoras en las condiciones de los inmuebles.
Los cuestionamientos sobre "qué se ha hecho" hasta ahora en torno a los liceos emblemáticos se agudiza aún más, a sólo días de las elecciones municipales, donde la alcaldesa Irací Hassler (PC) busca la reelección.
Ayer, junto con enviar "fuerza" a las familias, la alcaldesa dijo a través de su cuenta de X que "esperamos que se investigue a la brevedad y que se aplique todo el rigor de la ley. Estamos con la comunidad educativa en este triste momento".
Acusó "desmantelamiento"
El vínculo entre Hassler y las movilizaciones estudiantiles es relevante en su historia política. Fue en esa etapa que decidió militar en las Juventudes Comunistas, para luego saltar, en 2016, como concejala por Santiago. Durante ese periodo fue una férrea crítica de cómo el entonces alcalde, Felipe Alessandri, enfrentó las movilizaciones en la comuna, específicamente las del Instituto nacional.
Durante su gestión como concejala también criticó duramente el programa Aula Segura del Ministerio de Educación del entonces gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera, y se opuso a la revisión de mochilas de los estudiantes.
En julio de 2021, ya en su primera fase de su gestión, criticó al ex alcalde Alessandri por el estado de la infraestructura escolar en Santiago, y lo acusó de un "
desmantelamiento".
En su ofensiva, la alcaldesa sostuvo que Alessandri "generó una reducción en el presupuesto de educación, se preocupó de criminalizar, desprestigiar a las comunidades educativas y a generar proyectos junto a la ex ministra (de Educación) Marcela Cubillos, como 'Aula Segura' que solo vinieron a generar mayor confrontación, y un abandono y una desidia administrativa tremenda, lo que hemos visto especialmente ahora que nos tocó asumir".
Polémica por Aula Segura
En junio de 2022, Hassler afirmó que los problemas de los colegios de la comuna se "arrastran" desde la época de Alessandri, y que la administración del ex Presidente Piñera dejó "las confianzas rotas" en las comunidades escolares. Por eso, aseguró que su desafío era "recomponer las relaciones" con los establecimientos.
Sobre la gestión anterior, criticó que "la única respuesta que hubo hacia toda la comunidad educativa fue una respuesta violenta y eso tiene consecuencias, implicó todos los problemas tuvimos y fueron de público conocimiento el 2018 y 2019, eso implicó una fragmentación en las propias comunidades".
Hassler
había sido crítica del programa Aula Segura en varias oportunidades, lo que incluso llevó a que en noviembre de 2022, diputados de RN presentaran un
recurso de protección a favor de la directora del Liceo Darío Salas, Lilian Vincent, quien estaba suspendida de sus funciones y con un sumario en su contra.
De acuerdo a Vincent, "nunca había sido sumariada, nunca antes había tejido una mala evaluación, 100% en mi convenio (...) No obstante, por erradicar la violencia, por utilizar la Ley de Aula Segura, he sido gravemente perseguida desde que Irací Hassler, era concejala", junto a otros representantes comunales de 'la misma ideología'".
La oposición también levantó una denuncia ante la Contraloría, pues según acusaban, Hassler había instruido a los liceos de la comuna no aplicar la Ley Aula Segura. De hecho, el ex rector del Liceo de Aplicación, Humberto Garrido, había señalado en una entrevista a El Mercurio ese mismo mes, que "existía un mandato en el ambiente de que no se usaba porque esa es la postura de las autoridades".
Asimismo, Garrido remarcó que "en el programa de la alcaldesa estaba en el punto 23, ahí sale clarito que no quiere usar la política de Aula Segura, ni criminalizar a los estudiantes…".
Hassler salió a defenderse y aseguró que "jamás he instruido no utilizar la normativa vigente", y aseguró en el programa Tolerancia Cero que más allá de aplicar o no Aula Segura, desde el Municipio buscaban implementar una política que separara los actos delictuales de la comunidad educativa.
"Hay una política, una lógica que está cambiando en la comuna de Santiago, que es no entender a toda una comunidad educativa desde la criminalización, sino que de separar muy bien aquellos hechos que son constitutivo de delito, de violencia, que requieren de la persecución del Estado, particularmente de las policías y Fiscalía, de lo que es el diálogo con la comunidad educativa", se defendió Hassler.
Añadió además que "nos corresponde abordar un problema que es profundo, desde una perspectiva que logre separar lo que implica el abordaje de situaciones que son delitos, que tiene que ver con el uso de artefactos incendiarios, con la quema del transporte público, situaciones que ponen en riesgo la integridad física de las personas. Y no con ello, criminalizar a toda una comunidad educativa que lo que quiere es fortalecer la educación pública, mejorar sus establecimientos educacionales".
Tohá también criticó Aula Segura
En noviembre de 2022, Carabineros ya contabilizaba más de 100 personas detenidas durante ese año por incidentes en los liceos emblemáticos. Un 53% de los detenidos habían estado cerca del perímetro del Instituto Nacional, y el resto, distribuidos en las inmediaciones de recintos como el Carmela Carvajal, INBA, Liceo de Aplicación, entre otros.
Fue en ese contexto donde se abrió la oleada de críticas de los rectores y exrectores de los liceos emblemáticos contra la presunta instrucción de Hassler de no aplicar la Ley Aula Segura.
La
ministra de Interior, Carolina Tohá, salió a respaldarla, y afirmó por esos días que "
yo en esto no tengo gustos, tengo experiencia y veo el resultado que tuvo esa dinámica, fue catastrófico".
"Hay muchas legislaciones a las que se puede recurrir y hay que ocupar las que sirven, lamentablemente, para desgracia de todos, cuando esa legislación se ocupó tuvimos los peores periodos de violencia en los colegios. La época más crítica de violencia se dio en la época en que se aplicó ese tipo de legislación", enfatizó a su vez la ministra.
Las tensas semanas de 2023
Durante las tensas semanas de manifestaciones en los liceos emblemáticos, en septiembre de 2023, el Municipio de Santiago afirmó que se había aplicado el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE), y de acuerdo a la Dirección de Educación Municipal (DEM), en el primer semestre de ese año, con agregados hasta septiembre. Con esa herramienta, se iniciaron 570 debidos procesos por faltas graves o gravísimas a la convivencia escolar, y se habían concretado 30 expulsiones.
Según comentaron los apoderados de esos establecimientos, Hassler "saca a estudiantes de un liceo y los traslada a otro con la misma problemática, generando lo mismo en la nueva escuela", y cuestionaban que no existía una intervención real, puesto que "siguen las tomas, cortan las calles y movilizaciones por años. Son las y los mismos estudiantes".
Un apoderado del Liceo de Aplicación señaló que aquellas expulsiones eran "un cambio de actitud del municipio para enfrentar las elecciones". Otro apoderado, del Liceo Manuel Barros Borgoño cuestionó que "hay tensiones políticas muy claras dentro de los liceos, que incluye a apoderados, profesores y estudiantes. Da la impresión de que el municipio no puede hacer mucho frente a eso".
