Una reunión con el director regional del Serviu en Valparaíso, Rodrigo Uribe, y su equipo jurídico sostuvo ayer la abogada de la viuda e hijas del asesinado ingeniero Alejandro Correa, Jeanette Bruna, quien pidió a las autoridades concretar la demolición del asentamiento ilegal levantado por familias que usurparon el terreno de sus clientas en Quilpué.
El miércoles se cumplieron los 10 días hábiles de plazo que el artículo 157 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones otorga para reclamar contra la orden de demolición dictada en 2021 por la Seremi de Vivienda, contados desde que fue notificada mediante su publicación en el Diario Oficial del 9 de octubre.
"El ministerio y el Serviu tienen claro que este es el único caso en que los autores de las construcciones ilegales decidieron usufructuar del asesinato de una persona con el objeto de usar su terreno para instalarse. Basta de dilaciones, se deben ir ahora. El plazo venció", enfatizó la abogada urbanista.
El Serviu, por su parte, dijo en un comunicado que "la Seremi de Vivienda nos informará cuando la resolución esté en estado de cumplimiento".
