Luego de que se revelara que la ministra del Interior, Carolina Tohá, llamó al ex subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, en el marco de las indagatorias por presunta violación que habría cometido la entonces autoridad del Ejecutivo, expertos coinciden que dicho acto puso en riesgo las diligencias investigativas de la causa.
Desde la cartera emitieron un comunicado de prensa señalando que "esta llamada fue solicitada por la Policía de Investigaciones con el objetivo que el ex subsecretario se trasladara inmediatamente a su hotel" y que "el llamado no fue realizado para advertir a Manuel Monsalve, sino que para instruirle, por requerimiento de la PDI a través de su director general (Eduardo Cerna), que debía trasladarse al hotel".
El actual subsecretario del Interior,
Luis Cordero, esta jornada en un punto de prensa abordó la situación. Al ser consultado sobre si no considera que es un privilegio el hecho que Manuel Monsalve haya sabido del allanamiento en su hotel, y
que se haya mantenido en el cargo hasta día jueves, Cordero replicó: "subyace en su pregunta un supuesto que no se compadece con los hechos que se han informado".
"Lo que hizo la ministra no fue avisar sobre una diligencia, sino que instruir al exsubsecretario Monsalve porque debía comparecer en el hotel donde se encontraba la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público para efectuar una diligencia. Por lo tanto, la afirmación sobre la cual descansa su pregunta carece de un error y por eso lo aclaró la ministra Tohá ayer en plena sesión especial".
"El que se haya tomado conocimiento previo de la diligencia, me parece que es incorrecto"
el ex miembro de la Fiscalía de delitos de alta Complejidad Oriente, José Antonio Villalobos
"¿En qué consistió esa llamada?", precisó, "pues esencialmente para que Manuel Monsalve compareciera en diligencias que se estaban ejecutando en ese momento y garantizar su comparecencia en ese momento en el lugar donde él pernoctaba".
Expertos
En diálogo con Emol, el ex miembro de la Fiscalía de delitos de alta Complejidad Oriente, José Antonio Villalobos, sostuvo que "es muy poco habitual y, de hecho, es algo que no debiera hacerse".
En ese sentido, planteó que la diligencias para incautar evidencia era bajo reserva y contaba con autorización respectiva del tribunal. De hecho, el jefe de la Fiscalía Centro Norte, Xavier Armendáriz, sostuvo durante la audiencia de cautela de garantías que tras la denuncia "con una orden de este tribunal de entrada registro y de incautación, o sea no se trata de diligencia voluntaria (sino que) se trata de cumplir una orden judicial, se concurrió hasta el Hotel Panamericano, donde concordamos con la defensa que residía el imputado".
El jurista califica como "esencial" que este tipo de diligencia se realice "sin conocimiento previo del imputado". "El que se haya tomado conocimiento previo de la diligencia, me parece que es incorrecto en relación con la tramitación que deben tener las pesquisas investigativas", detalló.
Explicó que con esta acción se busca "que no se frustre el existo de la diligencia investigativa". Ejemplificó con que al avisarle al ex subsecretario de la operación, él podría haber realizado "algún tipo de actividad para eliminar o manipular evidencia".
A raíz de esto de esta posibilidad, "se generan dudas respecto a la diligencia" y agregó que "la policía tiene las herramientas" para ubicar al ex subsecretario del Interior.
Por su parte, Gabriel Celis, experto en Derecho Administrativo y director de la Escuela de Derecho -Campus Santiago- de la Universidad de Talca, sostuvo que "como el aviso viene de la misma ministra del Interior, que es la jefa directa, se trata entonces de una instrucción, vale decir, una orden superior en el orden administrativo (...). Pero, no tiene competencia, como diríamos en el derecho administrativo".
En ese sentido, profundizó señalando que Tohá "no tiene atribuciones" para dicha orden, ya que la diligencia "dice relación con una gestión de la PDI, por lo visto, totalmente regular en el marco de una investigación de Fiscalía".
También ahondó en su punto sosteniendo que "Fiscalía si le da la investigación a PDI, la policía civil no tiene ninguna forma de pedirle a la ministra del Interior (dicha solicitud): no es el procedimiento". "Desde el punto de vista administrativo, es una o varias infracciones", añadió.
Consultado sobre si la comunicación puso en riesgo la diligencia, Celis apuntó a que "puede ponerlo en riesgo. Perfectamente, podría alterarlo".
El ex ministro de Justicia Isidro Solís dijo a La Segunda que cree que "si él no les contestaba el teléfono no podían garantizar que la diligencia se cumpliera. Veo las cosas sin mayor información..."
"¿Si Monsalve ya había liberado a su escolta como en otras ocasiones? Es lo que yo entiendo, que no tenían acceso a Monsalve ¿Dónde estaba Monsalve en esos momentos? No lo sabe nadie", cuestionó.
Mario Herrera, académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, señaló que "en términos políticos, este tipo de situaciones implica complicar aún más la situación".
"Las dudas que subsisten a partir de ahora son por el itinerario del caso. El Gobierno inició su estrategia comunicacional argumentando que la renuncia se le solicitó en 48 horas. Sin embargo, ya hubo razones para indagar en una posible situación de crisis. Esto implica una revisión también de los canales de comunicación y de los flujos de información al interior del Gobierno", comentó.
Con todo, afirmó que "si uno lo compara con la situación de Democracia Viva, en aquella ocasión el asunto se manejó entre menos personas sin involucrar ministros, sino que más bien fue manejado por la subsecretaria, asesores y el seremi. Acá, en cambio, se traslada el problema directo a La Moneda".
