El jueves, cuando el funeral de alto riesgo de "Enzo Bombazul" -barrista de la U. de Chile asesinado el fin de semana pasado con más de 60 tiros en La Pintana-, aún estaba llevándose a cabo, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, hizo un llamado a aprobar el proyecto de ley que regula estos sucesos.
Para la autoridad, existe una "urgente necesidad de contar con el proyecto de ley que regula los funerales de alto riesgo". "Estamos a la espera del último trámite legislativo -destacó-, que nos permitirá brindar más tranquilidad a las comunidades".
En concreto, la iniciativa ofrece la posibilidad de que la delegación regional del lugar donde ocurre el deceso ordene "en el más breve plazo posible, mediante resolución fundada, que la inhumación o cremación se realice dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde su notificación".
Añade que "sin perjuicio de la calificación de riesgo que realice" el delegado, "Carabineros de Chile podrá calificar los funerales en los niveles de riesgo que considere necesarios para los efectos estratégicos y operativos que estime pertinentes".
Propone además que la resolución que dicte el delegado deberá considerar un informe técnico de la policía, y que el ministerio que esté a cargo de la seguridad pública deberá dictar un reglamento que tiene que, por ejemplo, contener los criterios para calificar un funeral de riesgo. Se incluirán "los antecedentes delictuales del fallecido y su vinculación con el crimen organizado o el narcotráfico, el entorno y las circunstancias del deceso".
A pesar de la premura del Ejecutivo para que la iniciativa avance, no todos la ven con buenos ojos. Y es que hay quienes la entienden como una validación del narcotráfico. Mientras, otros sostienen que no corresponde utilizar recursos públicos para acompañar una ceremonia de quienes están vinculados al crimen. Entre los que están a favor, en cambio, dicen que de todos modos es "necesaria".
"Valida la cultura narco"
El proyecto de ley avanzó a su tercer trámite luego de ser aprobado esta semana en la Cámara Alta. Durante la discusión, uno de quienes expresó su desconfianza fue el senador Alejandro Kusanovic (Ind.). "Están enviando un mensaje claro a los delincuentes, de que no somos capaces de aplicar las leyes que tenemos", comentó el parlamentario.
En esa línea, sostuvo también que el proyecto no solo es ineficaz, sino que también, simboliza un fracaso en la materia de seguridad pública y persecución criminal. "Estamos legislando sobre un problema que indica la incapacidad de las autoridades para hacer cumplir las leyes vigentes. Este tipo de iniciativas solo valida y legitima la existencia de estos funerales y la cultura del narco, lo que debe ser erradicado, no regulado", aseveró.
Por último, puso un énfasis en el hecho de que la solución es ejercer las funciones que ya existen y hacer cumplir la ley. "Todo lo que ocurre en estos funerales está prohibido: el porte de armas no autorizado, el uso de fuegos artificiales, el consumo de alcohol y drogas en lugares públicos, los actos de violencia. Hagamos nuestro trabajo, no inventemos excusas para no hacerlo", recalcó.
En el debate, en todo caso, dominan las posturas a favor. Una es la de la senadora Carmen Gloria Aravena, del Partido Republicano, quien reflexionó que no queda otra opción que apoyar la legislación.
"Uno podría decir '¿por qué vamos a tener que permitir esto? ¿No sería lógico simplemente detener a todos quienes participen de una actividad como esta?' La verdad es que sería, en la práctica, bien complejo. Y probablemente como todo lo que pasa en Chile, dejamos pasar demasiado tiempo. Y hoy día ya es imposible frenarlo, con excepción de que se elabore una ley", expresó la parlamentaria durante el debate en el hemiciclo.
El senador Iván Flores, presidente de la comisión de Seguridad, también es de quienes está preocupado por el avance de la iniciativa. Según explicó, "necesitamos una ley". En esa línea, mostró su disposición a resolver eventuales diferencias en una Comisión Mixta.
La posición de los expertos
La exdirectora ejecutiva de la Fiscalía Nacional, Francisca Werth, valora el proyecto. No obstante, advierte en El Mercurio que "hoy estamos ya en un problema mucho más grave, que en el fondo tiene que ver con que estos narcofunerales son una manifestación de una narcocultura que ya está instalada".
Esta instalación, agrega, ha forzado a "destinar recursos policiales porque en esas comunidades, en esos territorios, hay personas que no están en estos grupos organizados de delincuencia, que pueden ver afectada su vida, su propiedad, su capacidad de transitar".
Al exsubsecretario del Interior, Felipe Harboe, en tanto, le parece "indignante ver el uso de recursos públicos para acompañar un funeral de personas vinculadas al crimen".
Es "el mundo al revés", plantea al medio citado. "Esos policías deberían haber estado cuidando a los miles de deudos que fueron a visitar pacíficamente a sus fallecidos", resalta, en relación al funeral de alto riesgo de "Enzo Bombazul".
Desde el Instituto Libertad y Desarrollo, en tanto, Francisco Alcorta sostiene que "el gasto en este tipo de operativos es considerable y afecta el normal funcionamiento de los planes operativos en todas las comunas que potencialmente se verían afectadas por este procedimiento".
"No es normal que un funeral implique el despliegue de esa cantidad de efectivos -añade-. Pareciera ser que ya naturalizamos este tipo de hechos, lo que da cuenta de que no estamos siendo capaces de poner un atajo a la crisis de seguridad y todas sus manifestaciones".
