Abogados, dirigentes sociales y autoridades de la zona expresaron su punto de vista a raíz de que la Delegación Presidencial de Valparaíso
solicitó a la Corte de Apelaciones el aplazamiento por un año del desalojo de la megatoma en San Antonio.
De acuerdo con El Mercurio de Valparaíso, la Corte Suprema ratificó en marzo de este 2024 el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que fijó para el 6 de noviembre la expulsión de alrededor de 3.000 familias.
Ante ello, la Delegación Presidencial interpuso en la Corte de Apelaciones porteña un Téngase Presente, en virtud de la cual se ordenó el desalojo de todas las personas que usan ilegalmente
los predios denominados "Hijuela Llo-Lleo" y "Parcela Catorce", ubicados en las comunas de San Antonio y Cartagena, Respectivamente, Provincia de San Antonio.
La abogada Jeanette Bruna afirma que "en nuestra legislación existe el ítem presupuestario para el cumplimiento de sentencias. Y considerando que el fallo dio una orden perentoria a las autoridades, sería posible acudir a dicho financiamiento, pero es indispensable superar el problema informado por la Delegación, respecto a que la Municipalidad de San Antonio no ha ejercido la labor de coordinación ordenada por la Corte Suprema, lo que incluso podría ser reclamado como desacato por el recurrente".
"Lo que hace la Delegación (Presidencial) es dar la cara en este escrito, lo encuentro desafiante", explicando que "la Delegación pide que se suspenda el plazo, porque la Municipalidad de San Antonio no ha hecho nada para ver lo del albergue", agregó la también académica de la PUCV.
Milko Caracciolo, concejal de San Antonio, planteó que "aquí hay un tema más de fondo que tiene que ver con la política que el país asume respecto a la vivienda y al derecho al techo y cómo la ineficiencia del Estado, más allá de un gobierno, las políticas han sido bastante mediocres".
Rosa Gómez, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, advierte que "dicha determinación puede ser contraproducente, puesto que implicaría mantener la lesión del derecho de propiedad que se buscó proteger mediante la acción".
Al respecto, afirmó que "los dueños de la propiedad no están obligados jurídicamente a soportar la vulneración de sus derechos debido a la descoordinación o demora de la administración en la adopción de las medidas ordenadas por la Corte, la cual no solo debe ejecutar el desalojo, sino que además disponer de un lugar transitorio para albergar a las personas", añadió.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo reveló en agosto pasado un informe que contiene las principales características de quienes componen la megatoma: viven cerca de 10 mil personas, de las cuales un 33% son niñas, niños y adolescentes; más del 70% del total de las familias tiene una situación de alta vulnerabilidad social; 19% de extranjeros y más del 90% no tiene segunda vivienda.
La alcaldesa de San Antonio, Constanza Lizana, manifestó que "el municipio no dispone de terrenos ni de presupuesto para materializar el albergue. Ha habido una reacción tardía de parte del Gobierno, respecto de tomar medidas adecuadas ante una acción judicial que lleva más de seis meses".
