Diversas posturas generó la suspensión del desalojo de la megatoma ubicada en San Antonio, Región de Valparaíso. Los más críticos aseguraron que esta decisión podría ser un incentivo para otras usurpaciones de terrenos en el país.
El ministro de Vivienda, Carlos Montes, mencionó que esto "no debiera incentivar la irresponsabilidad" de los pobladores, aunque reconoció que existen "el riesgo" de que algunos no cumplan con el proceso regular de acceso a la vivienda en el país.
El propio alcalde de San Antonio, Omar Vera, en diálogo con Radio Universo, enfatizó en que este proceso no representa una legitimación de las tomas ilegales, ya que las familias "van a tener que entrar en un crédito hipotecario, a través de la entidad financiera que se determine, con lo cual pagarán un dividendo mensual, como cualquier chileno que accede a una solución habitacional".
Pese a esto, diversos alcaldes de comunas que tienen tomas se alzaron ante la suspensión del desalojo, asegurando que esto podría afectar el Estado de Derecho y que es una "señal nefasta", ya que podría dar paso a futuros asentamientos ilegales en el país.
Uno de los primeros en pronunciarse fue el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, quien criticó que el acuerdo significa una "salida contradictoria al Estado de Derecho".
Esto, porque en la actualidad, el municipio de Lo Barnechea está desarrollando un proceso de desalojo del asentamiento que se encuentra emplazado en la Quebrada de Las Zorras, correspondiente al paño del Loteo Cerro 18 y que ocupa un espacio de 2,7 hectáreas. Esta toma está compuesta por 123 viviendas de material ligero.
Es por esta preocupación que Alessandri señaló que "el acuerdo que celebra el Gobierno no es más que una nueva señal de debilitamiento institucional y cuyo objetivo de fondo fue ganar tiempo y evitar el desalojo a partir de cálculos político electorales".
"Dicho eso, el modelo de una gran federación y muchas cooperativas no tiene ningún sustento en la práctica. Peor aún, entrega una señal nefasta de que en nuestro país cualquier grupo de personas puede usurpar un terreno y luego legalizarlo por la vía de la presión social", detalló el jefe comunal.
Asimismo, criticó que "como en tantos otros temas, la toma de San Antonio también deberá solucionarlo el próximo gobierno".
Otra comuna de la RM que cuenta estas usurpaciones de terrenos es La Florida, que cuenta con la toma Dignidad, ubicada desde la década de los 90 al borde de la Quebrada de Macul, y que alberga a cerca de 750 familias.
Cabe señalar que en diversas ocasiones este asentamiento ha sido declarado inhabitable por riesgo de aluvión, ya que en el mismo lugar ocurrió uno de esos episodios en 1993, que resultó con la muerte de una veintena de personas.
En tanto, el jefe comunal de La Florida, Daniel Reyes, calificó como "una nefasta señal", el acuerdo del Gobierno -a través del Ministerio de Vivienda- que postergó el desalojo de la megatoma de San Antonio.
En esa línea, el alcalde mencionó que "hoy los usurpadores celebran. La fuerza ilegítima se ha puesto por sobre la institucionalidad. La señal que se le está enviando a la gente es que el uso de la fuerza permite obtener resultados".
Sobre las críticas al acuerdo del Gobierno por el asentamiento de San Antonio, el jefe comunal señaló que "la pregunta que debemos hacernos es qué le vamos a decir a los más de 90 comités de la comuna de La Florida que sí han estado dispuestos a hacer las cosas como corresponden, sin saltarse la fila, sin el uso ilegítimo de la fuerza. No podemos permitir que los usurpadores se impongan ante el Estado de Derecho".
La toma más grande de la RM
El asentamiento "Nuevo Amanecer" se emplazó en la explanada del ex vertedero Lo Errázuriz, en Cerrillos, durante junio del 2020.
Es la más grande de la Región Metropolitana, ya que está compuesta de aproximadamente 14 mil habitantes, en su mayoría extranjeros de nacionalidad haitiana, venezolana y peruana.
En 2024 se vio envuelta en polémicas por ser foco de delincuencia en la comuna. Ha sido calificada como una "mini ciudad", ya que la exalcaldesa de Cerrillos, Lorena Facuse, denunció que en su interior existían discoteques, prostíbulos, fiestas clandestinas, además de la venta ilegal de alcohol, de drogas y armas.
Los dueños del terreno son empresas como Copec, Goodyear, inmobiliarias, mineras, personas naturales e incluso, una pequeña parte es propiedad de la Municipalidad de Maipú.
Por este asentamiento es que el alcalde Johnny Yáñez aseguró que la suspensión de desalojo en San Antonio "es complejo, ya que estamos hablando de miles de familias las que están detrás de esta decisión".
En esa línea, el jefe comunal agregó que "como alcalde de la comuna con la toma más grande de la RM, espero la reacción del Gobierno o de los dueños, que son empresas importantes y prestigiosas como Copec y Goodyear. Necesitamos que todos los actores políticos y sociales tomen cartas en el asunto, y den respuestas reales a los ciudadanos que nos vemos afectados con esta situación".
Sobre la posibilidad de soluciones para las tomas de terreno en el país, Yáñez afirmó que "el gobierno actual es reactivo, por ende, no tengo esperanza de que podamos iniciar ese tan ansiado diálogo".
Sobre la decisión de suspensión de desalojo, aseguró que "como alcalde, estaré de acuerdo con cualquier decisión que esté dentro del marco legal, pero que también vele por el bienestar de las personas y las familias".
El caso de Alto Hospicio
Alto Hospicio, comuna en la Región de Tarapacá, es la que tiene más tomas y campamentos en el país. El alcalde Patricio Ferreira mencionó que "Alto Hospicio nace como toma, y hoy tenemos en torno a 40 mil vecinas y vecinos que viven en en situación de toma, lo que representa más del 20% de nuestra población".
Consultado sobre su opinión por la suspensión de desocupación en la megatoma ubicada en la quinta región, el jefe comunal nortino mencionó "¿qué hacer? Esta pregunta requiere entender que las tomas son principalmente las consecuencias de un problema: el déficit crónico y creciente de vivienda en Tarapacá. Mientras esto no se enfrente de manera drástica y a la vez creativa, no lo resolveremos".
Además, complementó sobre lo ocurrido en San Antonio que "los desalojos, por sí solos, no son la respuesta, sólo desplaza las ocupaciones ilegales". Si bien desde el municipio han realizado esfuerzos para llevar a cabo un plan integral de reinserción de los pobladores, el alcalde señaló que es "una iniciativa que aún espera respuesta del Estado".
