BEIJING.- El Parlamento de China publicó un proyecto de ley sobre ciberseguridad que consolida el control de Beijing sobre los datos, con consecuencias que podrían ser significativas para los proveedores de internet y para las multinacionales que operan en el país.
El documento, fechado el lunes pero recogido por los medios el miércoles, refuerza la protección de la privacidad del usuario hacia hackers y distribuidores de datos. Pero a su vez eleva el poder del gobierno para obtener registros y para bloquear la difusión de información privada que la legislación china considere ilegal.
Citando la necesitad de "salvaguardar la soberanía de ciberespacio nacional, la seguridad y el desarrollo", la legislación propuesta le permitiría al país reforzar sus redes contra amenazas a la estabilidad y regular de mejor forma el flujo de información.
A comienzos de julio, el Parlamento chino aprobó una ley de seguridad nacional que reforzaba el control del gobierno en política, cultura, el ejército, la economía, la tecnología y el ambiente.
Pero la seguridad cibernética ha sido un tema particularmente irritante en las relaciones con socios comerciales de Beijing como Estados Unidos y la Unión Europea, que consideran que muchas de las normas que se están proponiendo son injustas para las firmas extranjeras.
Joerg Wuttke, presidente de la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China, dijo que el lobby de las empresas seguía estudiando el borrador pero que les preocupaba el asunto.
"La mayor preocupación es que, como pasa con muchas leyes chinas, el lenguaje es suficientemente vago como para dejar poco claro cómo es que se va a aplicar la norma", dijo Wuttke.
De acuerdo con el proyecto, los proveedores de internet deben almacenar dentro del territorio nacional chino los datos recogidos en China; los datos almacenados en el extranjero por motivos de negocios tienen que ser aprobados por el Gobierno.
Los equipamientos de redes también deben ser aprobados bajo las normas emitidas por Beijing.
El gobierno también ha reiterado su objetivo de pedir a los usuarios de internet a registrarse con sus nombres reales en servicios como los de aplicaciones de mensajería -aunque dichos intentos han fracasado en el pasado-.
El Parlamento recibirá observaciones sobre la legislación propuesta hasta los primeros días de agosto y posteriormente realizaría una serie de lecturas y ajustes antes de su adopción.