WASHINGTON.- Un equipo de expertos en computación insistió que las fuerzas del orden no deben tener acceso a las comunicaciones encriptadas, cosa que las autoridades desean obtener para combatir el terrorismo, porque esto abriría la puerta a actores "maliciosos".
Una investigación publicada por el Massachusetts Institute of Technology (MIT) rechaza las aseveraciones de autoridades británicas y estadounidenses de que tal acceso es la respuesta política necesaria para luchar contra el crimen y el terrorismo.
Proveer este tipo de acceso "abrirá puertas a través de las cuales los criminales y las naciones-estado maliciosas pueden atacar a los mismos individuos que las fuerzas del orden pretenden defender", señaló el informe realizado por 13 expertos e investigadores.
El estudio fue divulgado un día después de que el director del FBI, James Comey, convocara a un debate público sobre el uso de las comunicaciones encriptadas. En su llamado, el agente dijo que los estadounidenses pueden no estarse dando cuenta de la vehemencia con que grupos radicales y criminales usan la tecnología.
Comey además argumentó, en el texto publicado en su blog, que los militantes islámicos -entre otros- usan comunicaciones encriptadas para evitar ser detectados.
El diario New York Times, que reportó previamente sobre este estudio, informó que se espera que Comey pida en una audiencia en el Congreso este acceso a las comunicaciones encriptadas, para no trabajar "a oscuras".
No obstante, los científicos informáticos señalan que cualquier esfuerzo orientado a dar acceso a las fuerzas del orden puede ser no sólo complejo, sino además traer "consecuencias inesperadas". Entre ellas, sofocar la innovación y crear entre el público un ambiente de hostilidad hacia los nuevos productos tecnológicos.
"Los costos serían importantes; el daño a la innovación severo y las consecuencias sobre el crecimiento económico, difíciles de predecir", señalan.
También dijeron que proveer a las autoridades un acceso especial crearía muchos desafíos técnicos y legales. No estaría claro quién tendría acceso y quién establecería las normas. "El mayor impedimento al acceso excepcional puede ser la jurisdicción", señaló. "Construir acceso excepcional podría ser arriesgado incluso si sólo una agencia del orden en el mundo lo tuviera".
El gobierno británico está considerando una legislación que, de aprobarse, forzaría a los proveedores de servicios de comunicación -incluidas las corporaciones basadas en otros países- a dar acceso a las agencias británicas del orden.
