SANTIAGO.- Fue en la noche del miércoles 25 junio cuando una cuenta en Twitter comenzó a circular un listado de datos bancarios pertenecientes -en su mayoría- a clientes nacionales. "The Shadow Brokers" es como se hace llamar este grupo de supuestos hackers, quienes, desde entonces, han filtrado dos nuevas listas y, según ellos, un grupo de personas que ha sido borrada de Dicom.
Esta misma lista fue desmentida por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF). A pesar de que esta cuenta ha perdido credibilidad desde su inicio, el problema continúa siendo una situación a enfrentar por parte de las autoridades en el país.
Desde entonces, la SBIF se ha dedicado a investigar el tema y solicitar mayores medidas de seguridad a las entidades que están bajo su fiscalización. Sin embargo, en oportunidades anteriores, expertos han detallado a Emol que esta es una situación más global.
Anoche, otro grupo se sumó a estas filtraciones masivas. Se trata de "La Balsa Pirata", quienes a través de Twitter mostraron una lista de clientes de BancoEstado. Filtración que fue enfrentada por la entidad.
Para Pablo Viollier, analista de políticas públicas de Derechos Digitales, este tipo de filtraciones "que pueden afectar a las personas ya son una realidad. Es algo que va a seguir sucediendo a futuro".
81es la posición de Chile en el índice de ciberseguridad entregado por la ITU
Actualmente el país cuenta con una Política Nacional de Ciberseguridad que fue actualizada en 2017, bajo la administración de la ex Presidenta Michelle Bachelet, en la que se plantean los objetivos hasta el año 2022, pero que en rigor, el país continúa utilizando una normativa obsoleta y que según el último informe de ciberseguridad global emitido por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), el país se encuentra en el puesto 81 del mundo en estándares de calidad en la materia.
Los expertos insisten en que las medidas de ciberseguridad deben ser proactivas por parte de las instituciones -sin importar el rubro en que se desempeñen- ya que ninguna plataforma es inmune a potenciales ataques. Principalmente porque al momento de programar se pasan errores que luego son utilizados por hackers.
Algo así fue lo que le ocurrió al Banco de Chile a inicios de este año en un ataque que, aunque no dejó clientes afectados, le costó a la empresa cerca de diez millones de dólares.
Frente a las últimas filtraciones, el Presidente Sebastián Piñera decidió nombrar a un asesor presidencial en ciberseguridad, cargo al que llegó el ex subsecretario de Telecomunicaciones, Jorge Atton, quien este mes ya se ha reunido con diversos organismos, entre ellos el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe), para estudiar y emular medidas de seguridad en Chile.
Según un estudio realizado por la firma de seguridad informática NovaRed y publicado esta semana, las empresas chilenas destinaron durante el año pasado 195,7 millones de dólares en ciberseguridad, un 4,1% más respecto de 2016 y equivalente a un 0,07% del PIB, por debajo del promedio de la región, que alcanza a un 0,12% del producto interior bruto.
Sin embargo, las medidas aún no han sido tomadas. Felipe Cruz, jefe de Proyectos de Seguridad de Soluciones Orión, ha señalado a Emol que "en Chile nos hemos quedado muy atrás respecto a las normas internacionales [de protección de datos] que han mostrado ser más efectivas".
