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“La persona discapacitada debe desarrollarse integrada en la sociedad y no en un ghetto”

La abogada, experta en legislación sobre discapacitados, asegura que la nueva Convención de Derechos Humanos sobre Personas Discapacitadas implicará, para algunos, un verdadero ‘terremoto jurídico’ para el país debido a las reformas legales que se deberán hacer.

16 de Noviembre de 2006 | 09:57 |
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Tiene unos grandes ojos verdes con largas pestañas, hermosos. De una intensidad llamativa, pero… no ven.

Sus ojos no ven los colores, luces y formas de este mundo, pero ven las desigualdades, injusticias que sufren los discapacitados en Chile. Sí, porque siendo uno de ellos, esta abogada se ha entregado por entero tras el objetivo de conseguir mejores condiciones para ciegos, sordos, mudos, paralíticos y muchos más.

María Soledad Cisternas, asesora internacional en legislación sobre discapacitados, se muestra –por estos días- entusiasmada por el hecho de que a fines de mes la Asamblea General de Naciones Unidas debe aprobar una nueva Convención de Derechos Humanos, en esta oportunidad sobre las Personas Discapacitadas. Ella ayudó a redactar el texto que votarán los embajadores.

Su arduo trabajo a favor de quienes son discriminados la convierte en una profesional más que autorizada para hablar de unos de los temas pendientes de la sociedad chilena, la falta de acogida y tolerancia frente a personas que tienen algún impedimento físico o mental.

-¿Cuál es la realidad de la discapacidad en Chile?
“Es difícil dar una cosmovisión a priori y por eso, el trabajo de Naciones Unidas en esta materia nos va a permitir evaluar la situación y ver cómo estamos respecto de los estándares internacionales. Muy a grosso modo, en algunos aspectos estamos mejor que otros países de la región y en otros, tenemos bastante que avanzar si nos comparamos con países desarrollados o los estándares que ONU nos está fijando.
“Se puede dar cuenta de un avance interesante en aspectos referidos a la promoción del tema discapacidad en algunos estamentos de la sociedad, pero todavía nos queda un montón de desafíos”.

-¿En qué estamos mejor que otros?
“Si comparo nuestra situación con la de otros países donde los discapacitados no tienen acceso a ningún tipo de ayudas técnicas, que les permitan compensar su funcionalidad, evidentemente en Chile estamos mejor. Ahora, ¿nos faltan otras cosas? Claro, en inserción laboral mucho; ése es un ámbito en que este sector de la población es discriminado y de eso dan cuenta las cifras, hay mucho mayor desempleo tratándose de personas con discapacidad y que están en edad de trabajar que de las personas sin discapacidad y esto aumenta en el caso de la mujer con algún impedimento”.

-¿Ella es más discriminada aún?
“Quiero en esto hacer una expresa mención. Siempre se habla de la igualación entre la mujer y el hombre, pero en el caso de la mujer con discapacidad, su primer peldaño de igualación no es el hombre, es el hombre con discapacidad, y de ahí transita a la mujer sin discapacidad y luego, el hombre, que es la vara. Es una mujer que está en una situación bastante compleja en relación a los demás. La Convención se refiere en artículos específicos a ella, para colocarla en pie de igualdad en el ejercicio de diversos derechos como la libertad, movilidad, acceso a cargos públicos, el ejercicio de derechos políticos”.

-En Chile se han dictado normas a favor de los discapacitados y ni siquiera los servicios públicos las aplican como el acceso a discapacitados en los edificios. ¿Tenemos leyes sólo para pasar el examen ante los organismos internacionales?
“Bueno, así es como se ponen a prueba los sistemas. Cuando se tiene como parámetro el estándar internacional en los distintos derechos y al contrastarlo con la realidad, se ve que hay problemas, nos damos cuenta que éstos no se cumplen o hay falta de fiscalizadores para esa función.
“Esto significa que faltan políticas, medidas concretas de implementación de aquello que es el norte al que debemos llegar. En esto sentido, el reto corre tanto para las autoridades –Ejecutivo, Legislativo y Judicial- como de las mismas personas con discapacidad, que deben ejercer un liderazgo, un rol activo y de la ciudadanía”.

María Soledad Cisternas se detiene en esto y hace una reflexión: “El tema de la discapacidad tiene que ver con la aceptación de la diferencia y más que eso, la inclusión social de la diversidad en una sociedad. Y esto se asume como conjunto y desde una perspectiva o enfoque político completo, intersectorial, transversal. Esto no debe mirarse como una temática que debe ser abordad por un servicio o ministerio ‘x’, esto es mucho más amplio, es parte de la evolución sociocultural de nuestro país”.

Para esta abogada, lo anterior se logra partiendo por la educación de los niños en su etapa prebásica, oportunidad en que se debe hacer conciencia de la inclusión de los discapacitados en el entorno y siguiendo con la formación de todos los profesionales en esta materia sin importar la carrera. Así no sólo queda el tema delimitado para los educadores diferenciales o terapeutas educacionales, sino que también se debe formar a abogados, arquitectos, ingenieros, médicos, periodistas. “Esto es un tema amplio e implica un cambio de mentalidad sustancial para poder mirar el futuro con altura”, asegura.

-El aparato legal chileno establece una serie de limitantes para el discapacitados, ¿hay voluntad política de modificar aquello?
“Este punto, la discapacidad jurídica de las personas con discapacidad, –ante el proyecto de Convención de ONU- va a implicar en Chile la adecuación de nuestra legislación y eso va a significar, seguramente, que muchos especialistas en Derecho Civil sientan que eso es un terremoto jurídico. Se debe empezar por dejar atrás el concepto de muerte civil o el poder declarar en interdicción a ciertas personas, anulándolas en el ejercicio de su capacidad jurídica. El paradigma hoy es la capacidad jurídica para todas las personas con discapacidad y aquéllos que lo requieran podrán tener apoyo gradual para el ejercicio de sus facultades ‘decisionales’, esto siempre sujeto al respeto de sus derechos y libertades fundamentales y a su voluntad y también sujeto a revisiones periódicas”.

-¿Se terminaría con la doble discriminación que sufre el discapacitado en Chile? Los sordomudos no pueden casarse si no se hacen entender claramente.
“Bueno, de hecho, en Chile no se pueden casar las personas que se consideran dementes, concepto que debería ser ampliamente revisado, ¿qué se entiende por una demencia que implica estar exento de poder ejercer derechos y contraer obligaciones? Por eso, insisto, estamos en un umbral muy significativo, de cambio; siento que ya la mirada no puede ser seguir llorando sobre la leche derramada, siento que hoy el piso es importante para que los chilenos, en todos los estamentos, podamos hacer efectivos estos cambios a nivel legal y luego a nivel político, de programas y acciones. Siempre quiero mirarlo en positivo, quiero que esto de la inclusión social sea una realidad, que la empecemos a aplicar ahora y en el futuro de muchos niños”.

-¿Esa mirada positiva es la que te hace afirmar que Chile está mejor en relación a otros países?
“Quedemos claros, en relación a compañeros de Latinoamérica o África, sí. Ahí, en algunas partes, si una persona tiene una paraplejia tiene que arrastrarse por el suelo o quedarse postrada. En Chile, de alguna forma se trata de llegar a las personas con, a lo menos, las ayudastécnicas más básicas. ¡Qué nos falta, nos falta! Porque en los países desarrollados esas ayudas son mucho más sofisticadas, pero hay que tratar de hacer justicia en eso.
“Nos falta también terminar con la ‘institucionalización’ de las personas discapacitadas en centros, porque hoy el parámetro es que la persona pueda desarrollarse integrada en la sociedad y no en un ghetto aislado. Nos falta ver cómo podemos hacer una rehabilitación basada en la comunidad y cómo hacer que la persona con discapacidad sea tratada en total igualdad que el resto de las personas, incluido el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos”.

-¿Crees que el Estado ha sido deficiente en el cumpliendo de su rol subsidiario en materia de discapacidad?
“Creo que en materia de discapacidad el Estado debe tener mucho más que un rol subsidiario; en materia de discapacidad y de otros colectivos con vulnerabilidades, debe tener un rol bastante más activo, más proactivo, porque lo que se busca es una igualación de oportunidades. Y ojo, en muchos casos, se requiere hasta asegurar una igualdad en los resultados, porque la brecha es tan inmensa entre una persona con discapacidad – que si le agregamos condiciones de pobreza, ser mujer, la tornan más vulnerable- que una persona normal que el concepto de igualdad de oportunidades nos queda corto”.

-¿Y cómo ha actuado hasta ahora?
“Siento que hay actores del Estado, ciertos agentes, que han tratado de comprender en mayor profundidad la situación, pero no puedo decir que el Estado, en su conjunto, lo haga a cabalidad. Veo que al existir una comisión de discapacidad en la Cámara de Diputados hay una comprensión de la situación y eso nos da una mirada, en que estas entidades, tendrán que ejercer un fuerte rol catalizador”.

-¿O sea, pasar de la comprensión a la acción?
“Exactamente. Esto puede resultar bastante chocante para algunos pero, una cosa es trabajar en el tema de la discapacidad y diversidad y otra cosa distinta es comprender el tema y un paso más allá, es accionar con comprensión en el tema de la discapacidad. Cuando alguien trabaja en el tema sin comprenderlo a cabalidad toma medidas de parche, que quedan desconectadas con el resto del sistema jurídico-político. Si se comprende transversal e intersectorialmente, recién ahí vamos a hacer cosas distintas”.

En este punto, María Soledad plantea una inquietud: ¿la Comisión Asesora Presidencial en Educación se hará cargo de la situación de las personas discapacitadas? Para ella, la respuesta demostrará qué tanta comprensión hay de este tema.

-¿Crees positivo haber nombrado a un discapacitado jefe del Fonadis?
“Creo que es una señal tremendamente positiva designar a una persona que tenga competencias para ejercer el cargo y además, tenga discapacidad y creo que la señal es muy importante, significativa para las personas con y sin discapacidad. Para algunos ha sido un impacto, y un impacto positivo. Esto se va a traducir en muchas cosas buenas”.

-¿La sociedad chilena está ‘al debe’ en este tema? ¿Su psicología social le impide hacerse cargo de este tema, le duele, le molesta? ¿Por ser sólo un 13% de la población, pero dispersos, no se le ve, literalmente?
“A mí no me gustan las frases tan radicales. Los chilenos están al debe en considerar la inclusión de manera global y completa en los diversos ámbitos”.

-¿O sea está el debe con la pobreza…?
“Sí y con muchos otros. Dentro de eso está al debe con el tema de la discapacidad en términos de inclusión educacional y laboral, en atención de salud, en acceso a la cultura y deporte, acceso a cargos públicos, dejando de lado los temas duros como el ejercicio del derecho a sufragio.
“Esto es mucho más que la acogida de una campaña pública, es una cuestión de apertura mental, que un director de colegio, que un jefe de servicio, que un empleador incluyan con alegría y convicción a una persona con discapacidad”.

A días que se apruebe la nueva Convención de Derechos Humanos, esta abogada afirma que es un “imperativo ético” del Estado de Chile ratificar el tratado una vez sancionado. “Tiene normas de derechos humanos incuestionables que no debieran producir ningún escozor en nuestro Congreso como para poder hacer la ratificación”, dice.

-¿Crees que va a ser controversial?
“Sí, la de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en el Código Civil. Pero siento que es un desafío, hay que jugársela y después de ratificada la Convención tenemos que trabajar por adecuar nuestra legislación y políticas públicas a todo lo que la comunidad internacional ha consensuado en la materia”.


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