El secuestro del pequeño Ignacio no dejó a nadie indiferente. Muchos padres se preguntaron, a partir de ese hecho, qué tan vulnerables se encuentran ellos y sus familias frente al accionar de los delincuentes que ya no sólo no trepidan en ingresar armados y drogados a los domicilios, sino que son capaces de urdir un plan para sustraer a una persona y cobrar un rescate.
La delincuencia se mantiene, desde hace años, en el primer lugar de las preocupaciones de la ciudadanía y el último índice de victimización ascendió a un 42%, lo que quiebra la tendencia a la estabilización que se venía dando.
Las autoridades comprometidas con la seguridad ciudadana aseguran que las acciones emprendidas están dando resultados. No sólo mencionan que se ha hecho una fuerte inversión en lo que se refiere a enjuiciamiento criminal con una reforma procesal penal que está en marcha en todo el país, sino que se ha puesto en marcha un plan de modernización carcelaria que permitirá contar con 10 nuevos centros y se ha invertido en el aumento de dotación de las policías y Plan Cuadrante.
La subsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco, no obstante, señala que la labor en seguridad ciudadana no se queda ahí y hoy está muy presente la necesidad de hacer prevención social, teniendo en cuenta que la persona que delinque, en algún momento de su vida, se llegó a interesar por el delito y lo cometió.
-La demanda mayor de la gente es más policías, ¿es un error asumir que ello le dará más seguridad?
“El Plan Cuadrante trae asociado una mayor cantidad de dotación policial y en las zonas que ha llegado ha tenido una incidencia en bajar los índices de criminalidad. Ahora es necesario (tener más policías), pero no es lo que va a definir que un país, en un momento determinado, vaya a tener tasas sostenidas a la baja de la delincuencia. Sólo hacer copamiento policial, ¡no!; éste es sólo un elemento más dentro de una estrategia integral.
“O sea, podríamos llenar los barrios de carabineros, pero de partida, en costo-beneficio no resulta rentable porque es un recursos bastante caro que hay que saber focalizar. No es única y exclusivamente de responsabilidad policial bajar los índices de criminalidad porque hay otra serie de factores que tienen incidencia”.
-Como la drogadicción, la falta de oportunidad de los jóvenes, la rehabilitación?
“Sí, el tema de la rehabilitación es otro de los importantes. A la gente le cuesta entender que la solución no es encerrarlos a todos. Las personas dicen
los aprehenden y los sueltan, detrás de eso no siempre es que hay un mal manejo judicial y la persona quedó en libertad; la razón de muchos de esos casos es que no todos ameritan llegar a la cárcel”.
-¿Cuánto se ha avanzado en atender las causas como la drogadicción?
“Creo que se ha hecho mucho; lo que ha reflejado la última encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, que es una baja en los índices de criminalidad, no es una casualidad. Llevamos varios años de analizarlo y hoy tenemos herramientas concretas; cuando hablamos que se está pensando en incrementar en 3.500 los cupos para todo lo que es drogo dependiente infractores, en el marco de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente es un paso adelante. Cuando el Conace trabaja en las cortes de droga, que es una manera innovadora de enfrentar el procedimiento judicial (cambiar la pena de cárcel por rehabilitación), se está avanzando.
“Se está apuntando a las causas y ese es un pensar de una sociedad moderna, o sea, ya no somos una máquina moledora de carne, sino que comenzamos a diferenciar que hay infractores de ley en donde mientras no se ataquen las causas que los hacen delinquir vamos a seguir en el círculo”.
-¿Pero cuánto estamos abarcando?
“Hemos tenido una gran inversión en tema rehabilitación los últimos años, y en este período se le ha dado especial atención, precisamente porque hoy se sabe que si no se habla de prevención, control y rehabilitación no se puede pensar en disminuir sostenidamente la delincuencia.
“Se está pensando en entregar fondos a las cortes de droga, en cupos de tratamiento, porque hoy, el fenómeno más presente en lo delictual es la droga”.
La subsecretaria explica que un estudio realizado hace algunos años estableció que son aproximadamente 150 mil personas las que delinquen, pero muchos lo hacen una sola vez y salen del circuito. Asimismo, se determinó que el 10% de los infractores menores de edad son responsables del 40% de las infracciones y si se atiende ese 10% (unos 150 niños por comuna) se logra disminuir la criminalidad en un poco menos del 50%. “Es una cifra bastante abordable, porque no todos los 150 mil requieren el mismo nivel de intervención; yo creo que los cupos para rehabilitación están, el desafío va a estar en que a esos cupos lleguen el 10% que es el núcleo más duro”, sostiene.
-¿Qué impacto ha tenido en la disminución de la delincuencia la entrada en vigencia de la reforma procesal penal?
“La reforma procesal penal parte del concepto de economía procesal y, en ese marco, hace una distinción. Hoy hay una serie de delitos menores que no ameritan poner en marcha un sistema caro y llegar a la instancia de juicio oral, lo que le ha dado mayor racionalidad la proceso y ha posibilitado que las causas más graves se solucionen en un menor tiempo porque el sistema está más desatochado. Antiguamente todos tenían igual importancia y todos llegaban a proceso aún cuando no tenían ninguna viabilidad como el robo de la radio del auto sin huellas y sin testigos. Ese caso estaba destinado a morir, pero hacia espacio y horas hombres; hoy el sistema se volvió más racional.
“Esa racionalidad impacta en que hoy los hechos criminales tienen una respuesta, en promedio, dentro de 6 meses y obviamente, la probabilidad de condena es un elemento más a considerar en el fenómeno delictivo. Cuando se habla de disminuir la delincuencia se aborda la probabilidad de captura, de condena y de cumplimiento de condena; la de condena aumentó. Ahora hay más probabilidades de que me condenen si cometo un delito”.
-¿Y la gente ha visto esa diferencia?
“De pronto, se mal entiende lo que es la reforma y hay gente que no tiene una visión positiva, pero los números dicen otra cosa. Hoy el flujo de gente a la cárcel, o sea, de condenas es tan alto como en el antiguo sistema. Es decir, la visión de la gente que esta reforma deja más libre a la gente que antes no es tal.
“Sí creo que es un desafío país dar la respuesta alternativa. Es decir, si sabemos que un menor de edad involucrado en un hecho delictual, que puede ser menor como un robo de una gargantilla, en ningún caso lo vamos a mandar a la cárcel para que se pudra porque no corresponde. A ese niño, dado que se está iniciando en el proceso delictivo, lo vamos a intervenir, pero fuera de la cárcel donde haya un delegado que se encargue de él, de insertarlo en el sistema educacional. En eso se está trabajando con la Ley de Responsabilidad Penal Adolescentes que entra en vigencia el 8 de junio. El gran desafío es demostrarle a la gente que la respuesta alternativa es igual de eficiente que mandar a la cárcel, porque el grueso de los infractores no son homicidas, no son violadores; la mayor cantidad de delitos en Chile son contra la propiedad y cuanto uno ve de que se tratan, los hurtos y robos con fuerza son la gran mayoría, no los robo con violencia”.
-¿Qué estaría explicando que haya una sensación de inseguridad en la gente?
“Creo que hay desmitificar un tema. Efectivamente hay un temor asociado a un problema objetivo que es la victimización; normalmente la gente se saca el pillo diciendo que el temor no tiene nada que ver con la victimización. Pero los estudios han demostrado que la gente que ha sido victimizada presente niveles de temor mucho más altos que los que no, o sea, el primer elemento, que es haber sido víctima, incide.
“Ahora, lo que ocurre es que en algunas áreas este temor tiende a estar muy disparado con respecto a los índices de victimización y creo que hay que hacer una diferenciación entre la gente expuesta a la victimización –con las cuales hay que trabajar- y la gente que está evidenciando niveles de temor alto sin estar dentro de este grupo de victimizados”.
Javiera Blanco es categórica en este tema: “Hay que desmitificar esto. De las encuestas que se han hecho, el 85% de la población, si no más, vive con niveles de temor moderados y bajos, o sea, en Chile la gente no vive alterada por el problema de la delincuencia. Lo que uno ve en las encuestas es el nivel alto de temor y ese se mueve entre un 15 y un 18%”.
Agrega que es entendible que la delincuencia sea una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. “Que yo te diga que internacionalmente estamos mucho mejor que otros países, que el 85% vive con niveles moderados y bajos no hace que el tema siga siendo una preocupación porque es, obviamente, uno de los problemas que te puedes encontrar; para las personas resulta mucho más vulnerable el estar expuesto eventualmente a un hecho delictivo que otra cosa como el desempleo, la salud, sobre todo porque los indicadores económicos están bien y las expectativas de vida son bastante bueno”.
-¿Cuánto influye en esto la construcción de los medios de comunicación? ¿O no es tan así la responsabilidad que se les atribuye?
“He recorrido muchos estudios y la mitad de ellos te dicen que hay un efecto y la otra mitad, que no. Creo que más allá de la sensación, los números son concretos y dicen que más de ¾ partes de la población tiene niveles normales de temor. Como gestor de una política pública me preocupo del 15% restante porque ese efectivamente tiene una mala calidad de vida y gran parte de ellos han estado, ciertamente, involucrados en un hecho de victimización”.
-¿Y qué se hace?
“La estrategia nacional estableció que uno de los ejes y lineamientos principales es la atención de víctimas. Se van a abrir centros de tratamiento de atención de víctimas; o sea, efectivamente es un área que, quizás, hasta ahora estuvo poco abordado. La atención de víctimas pasaba por el Ministerio Público y el programa de atención de víctimas del ministerio de Justicia. Hoy se está abriendo una línea de trabajo concreta que va a involucrar 14 centros de atención de víctimas con especialistas. La respuesta, más allá de lo que es lo que la gente puede pensar, tendría que estar focalizada en qué es lo que está pasando y lo que está pasando es que hay un grupo de personas víctimas de delitos que necesita una respuesta, que van a registrar más altos niveles de temor que cualquier otra y por lo tanto, necesitamos llegar a ellos. Te aseguro que atendiendo ese núcleo duro, los niveles de temor deberían, por lo menos, estabilizarse.
“Es difícil decir que si baja la delincuencia van a bajar los niveles de temor, porque como digo, no es el factor exclusivo el haber sido víctima para expresar temor”.
-¿Sirve de algo endurecer las penas?
“Todos los estudios internacionales han establecido que no. El endurecimiento de la pena por sí solo, no tiene un efecto en la disuasión de las conductas. Lo que tiene un efecto es la suma de aumentar la probabilidad de captura y de condena. Si yo le digo a un delincuente
le voy a cortar las dos manos si me roba una manzana, pero esa personas sabe que puede robarse 200 manzanas y nunca van a dar con él y nunca lo van a condenar, lo va a seguir haciendo, independiente que sean las penas más altas del infierno. Ahora, yo le puedo decir a la persona
usted va a tener que pagar 10 veces el valor de una manzana, y en el primer robo lo agarran y lo hacen pagar, puede ser una pena mucho menor que la otra, pero más efectiva porque la probabilidad de pagar es más alta”.
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