Están tomándole el pulso al enojo ciudadano. Sí, porque de un tiempo a esta parte, la gente ya no se queda tranquila sin chistar; un grupo cada vez mayor está levantando la voz y ellos, como organización, buscan canalizar ese reclamo frente al mal servicio y abuso de poder.
Según estudios que han realizado, un porcentaje importante de chilenos considera que sus derechos son vulnerados cuando le niegan una atención oportuna en salud, incluso no gratuita, o cuando siente y experimenta inseguridad. De hecho un 77% considera que los derechos de las personas se respetan poco o nada en Chile.
María Eugenia Díaz es la directora ejecutiva de
Genera, la ONG que busca crear conciencia en la ciudadanía y otros entes como el Estado y las empresas privadas de la importancia de respetar los llamados derechos ciudadanos.
“Cuando hablamos de derechos ciudadanos estamos hablando de derechos humanos”, explica y agrega que ellos se han focalizado en la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, es decir, lo que se denominan de tercera generación y que tienen que ver con la calidad de vida de las personas.
-Pero, ¿derechos ciudadanos no debieran ser aquéllos referidos con hacer ciudadanía?
“Sí, tienen que ver con la vida democrática. No basta haber logrado la posibilidad de votar y elegir a los gobernantes cada cierto tiempo, sino que también hay otros derechos y responsabilidades que tienen que ver con la calidad democrática, la convivencia en el espacio común y ahí hay derechos como la participación, ser parte de un proyecto país, a debatir de los temas, a opinar, lo que implica informarnos adecuadamente.
“Nuestra democracia es inmadura en ese sentido, los ciudadanos ejercemos poco nuestros derechos de opinar, de incidir en los temas gravitantes del país”.
-¿Ustedes se enfocan en este tipo de derechos ciudadanos o en los derechos económicos-sociales?
“Nuestro tema central es la democracia ciudadana, es decir, no bastan los derechos civiles y políticos, sino que necesitamos de más ciudadanía para fortalecer una democracia más moderna, más participativa, más inclusiva”.
-¿Los ciudadanos hacen poco ejercicio de los derechos ciudadanos?
“Hacemos poco ejercicio de los derechos en general. En los últimos años se habla de derechos, pero también se habla de manera limitada de lo que ellos implican. Nuestra cultura está muy acostumbrada a pedir que tú respetes mis derechos, pero con poca conciencia de que yo, como ciudadano, tengo que respetar los de los otros.
“Hay que darle una mirada más amplia, los derechos no son sólo los inalienables como el derecho a la vida, sino también el derecho a la salud o la educación que son derechos básicos; los seres humanos necesitamos condiciones mínimas para desarrollarnos, convivir y ahí están esos derechos básicos. Una vez cubiertos se pasa a otro nivel de ejercicio de derechos que tienen que ver con cómo se participa en los temas de comunidad, en el espacio público”.
-El estudio recoge que los sectores más pobres sienten, en un 96%, sus derechos vulnerados. ¿Es así de correlativa la relación entre pobreza y vulnerabilidad?
“No es así de correlativo. En un estudio se detecta lo generalizado que es el sentimiento de sentirse abusado cotidianamente ya sea por un alguien o una empresa que tiene mayor poder que uno. Para los sectores más pobres puede ser que el tipo de abuso sea distinto, pero la sensación de abuso de poder, la vivencia de sentir que los derechos no son respetados cruza todos los sectores sociales; lo que pasa es que hay algunos sectores que tienen más acceso a la información, más instrumentos o herramientas para pelear, pero la vivencia es generalizada”.
-Casi por igual, tanto el Estado como las empresas privadas aparecen como entes violadores de derechos.
“Eso refleja lo poco instalado el respeto de nuestros derechos en las instituciones públicas y privadas. Este tema se ha puesto de moda, pero para ir instalando una cultura de derechos se requiere tiempo, es un proceso largo de aprendizaje y cambios culturales, pero claramente en nuestras instituciones públicas como privadas la tendencia es pasar a llevar al otro cuando el otro tiene menos poder. Esto es un conflicto con el poder, qué pasa en nuestras instituciones, en el ámbito público, en la política cotidiana que aprendimos que si tengo más poder que otra personas tengo más autorización de abusar del otro.
“Los derechos no están suficientemente internalizados, hay poca comprensión de que los derechos son un elemento fundamental de la convivencia humana; o sea, aunque estemos en situaciones de jerarquía distinta no te puedo poner la pata encima porque tú tienes tus derechos”.
-En este tema tendríamos que decir que en el Estado cabe una agravante, porque está llamado por sobre todo a la protección o cuidado de la ciudadanía.
“Efectivamente, pero las empresas privadas también tienen dentro de su responsabilidad social, el respeto mínimo. En el caso del Estado por supuesto (que se da esa agravante); nosotros, en nuestro trabajo estamos viendo como fortalecer el rol del Estado como garante y promotor de los derechos de las personas; ahí, pensamos que el Estado está débil aún, hemos avanzado en garantía de algunos derechos, pero sin duda falta. Además, creo que lo importante es que nuestro país también requiere, además de leyes y normas que aseguren los derechos, que las personas que están desarrollando un papel en lo público, en su quehacer, hagan carne esas leyes”.
-¿Por qué el Estado está fallando en eso?
“Hay varios aspectos que mirar. Uno, es que cuando hablamos de Estado, finalmente hablamos de personas, o sea, el Estado no es una entelequia ni un edificio. Creemos que estamos fallando como sociedad; es decir, independiente que necesitamos una legislación más efectiva y políticas que promuevan el respeto de derechos, también pensamos que como sociedad, como convivencia país, necesitamos trabajar mucho más en educación, formación de convivencia democrática”.
-¿Quiénes son los primeros llamados a garantizar los derechos ciudadanos?
“En el estudio se refleja una contradicción. La gente, por una parte, piensa que el mayor responsable en garantizar los derechos de las personas es el Estado, dentro de éste el Gobierno, el Parlamento, el Poder Judicial, Carabineros. Pero cuando se pregunta cuáles son los actores que están aportando en que se respeten los derechos, esas instituciones ocupan los últimos lugares y se menciona a la familia y los medios de comunicación.
“El Estado tiene un rol fundamental en eso, pero también pensamos que las personas tienen una responsabilidad; los derechos se viven cotidianamente y ellas se tienen que hacer cargo de que se plasme en la vida diaria”.
-Bueno, el reflejo de que ello no ocurre lo recoge el estudio. Hay una alta discriminación en Chile.
“Sí, el 92% reconoce que somos un país discriminador; por eso nuestra acción se plantea instalar un tema en el debate público con una propuesta de acciones respecto de algunos derechos, y por otra parte, apuntamos a la educación ciudadana que es sensibilizar, informar, para que las personas se hagan cargo de que este país lo construimos todos y que cada una de las personas tiene un rol. No podemos esperar que el Estado nos garantice todo o solucione nuestra convivencia. Cuando hablamos de una ciudadanía débil nos referimos precisamente a eso, creemos que culturalmente Chile ha tendido mucho a la queja, al lamento, de que
esto no se puede cambiar, o qué terrible son los políticos, los servicios públicos, pero en vez de hacer algo para que eso cambie, nos volcamos a los espacios más íntimos”.
-En abuso de poder, las personas lo ven, primero, como que otro saque ventaja de una situación de privilegio, antes de ser un consumidor afectado.
“Las personas reconocen un fenómeno de que, cuando se está en una posición de poder, fuera lo lógico abusar del otro y la gente ve los dos roles, o sea, que si uno está en una posición superior a otro tiende a abusar y si está en menor posición, a agachar el moño, a rumiar la rabia que te da. Es decir, una misma persona que se siente abusada por su jefe, esa misma persona, llega a su casa, y puede ser igual de abusadora con su nana; no se trata de que algunos sientan que sólo algunos abusan con ellos, sino que distinguen también que, en determinado momento, también se pueden convertir en abusadores”.
-Llama la atención de que hay un reconocimiento de que este abuso del poder es cotidiano y que no hacemos nada.
“Es cotidiano, no hacemos nada y además le estamos recién poniendo nombre a situaciones que vivimos hace muchos años y que considerábamos normales como la violencia contra la mujer o los niños; hace algunos años era mal visto denunciarlo, era parte de cómo se educaba a los hijos o la relación de pareja. Eran situaciones permitidas culturalmente y en eso hemos ido avanzando como país, le estamos poniendo nombre, podemos reconocer situaciones que son injustas y que vulneran fundamentalmente nuestros derechos como personas. Sólo por ser personas tenemos derecho a ser bien tratados, a que no te pasen gato por liebre, a ser bien atendido en el sistema de salud, aunque sea gratis. Ahí, hay mucho que desarrollar como cultura”.
-O sea, en definitiva no somos un país reclamón, no levantamos la voz y reprimimos hasta la rabia. ¿Hemos avanzado y qué se puede hacer?
“En el estudio, más del 45% siente primero rabia y después frustración, que son sentimientos que no ayudan mucho a movilizarte; la rabia te podría ayudar más, pero depende cómo se canalice el resultado que tengas. En no hacer nada hemos empezado a cambiar un poco; las nuevas generaciones nos están dando lecciones interesantes; en la medida en que somos más conscientes de que indistintamente del origen, las personas tienen derechos, esa situación va a ir cambiando; eso ha ido mejorando”.
-¿Nos falta educación?
“Nos falta educación, pero no sólo al nivel del discurso, sino que educación llevada a la práctica; o sea, si efectivamente no quieres que te pasen gato por liebre tienes que informarte sobre eso, hay que leer la letra chica, en ese sentido falta mucho.
“Falta también que así como tenemos derechos, tenemos responsabilidades en ser ciudadanos y en eso, muchas veces la tendencia es exigir lo inmediato y no hacer un trabajo responsable, informado de demanda”.
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