Creada el 2000, la red de Pro Bono comprende hoy a 50 estudios y 250 abogados voluntarios asociados, además de representantes afines en las ciudades de Antofagasta y Concepción.
Los fundadores son un grupo de abogados que tuvieron la experiencia de conocer el concepto pro bono durante sus estudios en el extranjero y quisieron instalar esta práctica en Chile inspirados por el modelo de Estados Unidos, aunque con sus particularidades.
Pilar Aspillaga afirma que una de las decisiones más importante fue crear una institución autónoma que no dependiera ni de una universidad ni del Colegio de Abogados, porque eso hizo que “la fundación fuera de todos”. Así, se fueron invitando a otros actores y con el tiempo, profesionales de regiones decidieron replicar el modelo en sus localidades.
-¿Ha sido difícil introducir el concepto de pro bono en los estudios de abogados?
“Diría que no. Todo esto se sustenta en el hecho de que los abogados tienen el concepto del voluntariado, partiendo por la práctica profesional que son 6 meses obligatorios. En muchos casos fue una buena experiencia, aunque hay de todo, porque para otros fue una práctica tediosa o difícil. O sea, está esa experiencia previa y también la existencia de clínicas universitarias y el sistema de turno en lo penal, donde se puede ser llamado a defender a alguien.
“Sin embargo, la idea de la fundación fue hacer de esa práctica de voluntariado algo permanente, sistemático y organizado que es nuestro gran plus. Para lograrlo asumimos un rol de canalizador de la demanda. Muchos estudian derecho por su deseo de hacer justicia, aportar al mundo, pero, después, en el trabajo profesional, varios se van metiendo en sus respectivas pegas y los va comiendo el tiempo, asumiendo obligaciones con la familia. Uno se comienza a alejar del mundo y nos hemos dado cuenta que servimos de puente entre las necesidades de las personas y los abogados que tienen la vocación. Hay mucha gente que tiene la voluntad, la buena disposición, sobre todo los jóvenes, y uno les lleva los casos a las oficinas que eligen según los temas que los motiven más o quieran aportar según sus habilidades”.
-50 estudios y 250 abogados deber ser un mínimo del universo.
“Sí, pero estamos hablando de las 45 oficinas más importantes que hay en Santiago que aglutinan de 20 a 60 abogados; trabajar con oficinas fue una manera muy eficiente de llegar a un grupo de varios profesionales.
“También hemos extendido este proyecto a Antofagasta y Concepción donde las culturas legales son distintas y nos estando llegando de otras partes como ahora de Temuco. Hemos llegado con este concepto a distintas ciudades, a grandes oficinas o personas que practican en forma particular. Se ha generado un movimiento súper grande”.
-¿Se han encontrado con resquemores?
“Sí; en un principio, sobre todo en las oficinas grandes cuyo mundo es conservador, apegada a las tradiciones; tenían cierto resquemor con la publicidad. Nosotros creemos que esto hay que difundirlo, contar lo que hacemos para conseguir extender la práctica y algunas oficinas y abogados expresaban cierto temor. Nos decían oye, nosotros hacemos pro bono, pero no queremos que se sepa, un poco que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda, por un cuento de pudor.
“Nosotros hemos asumido la tarea de mostrarles que es importante visibilizar este aporte porque eso lo que hace que otros quieran hacerlo. Pasa lo mismo con el tema de la responsabilidad social de la empresa, que muchos critican, pero que debe ser mostrado, porque sino no existe”.
-Efectivamente esto tiene que ver con la responsabilidad social de las empresas. ¿Habrá algunos que hagan pro bono por mejorar imagen, algo de marketing?
“Como Fundación hemos asumido el tema de difundir nuestro trabajo y en ese camino, necesariamente, tenemos que difundir lo que hacen los abogados o prestadores de servicio. Pero no tenemos más intención que extender la práctica, conseguir que otros lo hagan.
“Los estudios han mantenido un perfil súper bajo en este tema y poco a poco hemos logrado que vayan valorando el pro bono de manera de ponerlo dentro de las áreas de práctica en su página web, al lado de derecho tributario o fusiones, y en sus memorias. Es importante porque nosotros que esto se valorice, que sean reconocido por lo que hacen; de hecho médicos, psicólogos nos han dicho que pena que no haya esta práctica en nuestras instituciones”.
Pilar Aspillaga insiste en este acápite al hacerse cargo de que hay sondeos que han develado que los abogados son una de las profesiones más desprestigiadas ante la opinión pública y “queremos mostrar esta cara solidaria, comprometida, responsable con la comunidad”.
“Muchos de estos estudios son empresas y nosotros queremos que se hagan cargo del concepto de responsabilidad social empresarial sumado a la responsabilidad social que le asiste a todos los abogados en materia de acceso a la justicia”, dice.
-¿En estos años, a cuántas personas han podido ayudar?
“Nosotros derivamos alrededor de 20 causas mensuales, pero dentro de esto hay una serie de casos que son de largo aliento, los abogados le dedican largas horas y por eso, es difícil medir el impacto pro bono”.
-¿Y lo van a hacer?
“Bueno, estamos caminando hacia allá. Lo que estamos haciendo es plantearle a las oficinas una renovación del compromiso pro bono que incluya el número de horas que se aportarán de manera que esta buena práctica sea más profunda y la podamos fortalecer. Esto nos va a permitir, además, saber con cuánto pro bono contamos para saber que demanda podemos generar y satisfacer. En el último año asistimos a 600 personas”.
-¿Qué otros proyectos tienen?
“No sólo hacemos asesorías jurídicas individuales, sino que también muchos talleres de capacitación individual y grupal a organizaciones sociales o microempresarios sobre temas legales; esto lo hacemos con el Colegio de Abogados, la Corporación Simón de Cirene, la Fundación para la Superación de la Pobreza y su programa ‘Emprender Juntos’. Prestamos asistencia cuando nos piden asesoría en temas laborales internos, tributarios, comerciales y otras materias.
“También tenemos un área referida a involucrar a los abogados en el debate de temas de interés social; ellos son profesionales que por sus conocimientos técnicos tienen mucho que aportar en la discusión de ciertas leyes, reformas o políticas públicas”.
