Hacen su trabajo en forma silenciosa, pero son claves a la hora de resolver conflictos. Pueden dedicar gran parte del día a la fusión de dos empresas en la cual se transarán millones y, al caer la tarde, están al frente de una partición o la formalización de una organizacional vecinal en donde los recursos escasean.
Así es el trabajo ad honorem que realizan muchos abogados en Chile motivados por la Fundación
Pro Bono, entidad que desde hace algunos años ha permeado a estos profesionales de la filosofía del servicio social gratuito.
La directora ejecutiva de la Fundación, Pilar Aspillaga, considera fundamental el trabajo que hacen porque cree que sin él muchos chilenos quedarían desamparados en el aspecto legal y tendrían serios problemas para acceder a la justicia.
-¿Cuál es la realidad de los chilenos respecto al acceso a la justicia, ya sea en defensa o como querellantes?
“El Estado tiene un rol importante en el acceso a la justicia de las personas que no cuentan con recursos para pagar un abogado y en ese sentido existen las corporaciones de asistencia judicial cuyo rol es sumamente relevante, pero el sistema no es fácil, porque, de partida, las personas que brindan este servicio legal son estudiantes que si bien egresaron de la carrera de derecho y están asesorados por abogados titulares, tienen poca capacidad de estar encima de todas las causas debido a la alta demanda.
“Hay muchas críticas y quejas frente a este sistema en cuanto a que las causas nunca llegan a puerto; de hecho, una causa puede pasar por varios estudiantes y hay juicios en materia civil que se demoran años; surgen una serie de complicaciones. De hecho, cuando hice la práctica tuve que llevar más de 90 casos, que es una alta cantidad para una persona que no tiene experiencia y además, había errores de practicantes anteriores. O sea, esta serie de situaciones no hacen que el sistema sea el mejor, aunque se están haciendo cosas y se están invirtiendo recursos”.
-Definitivamente, la falta recursos es una limitante.
“Por supuesto. En el tema penal, con la entrada en vigencia de la reforma procesal se ha ido solucionando el problema, pero, principalmente, por parte de quienes infringen la ley que pueden tener acceso a la defensoría, pero no respecto de las víctimas. O sea, aunque están los fiscales y en teoría defienden a las víctimas de los delitos, su rol principal es proteger los intereses de la sociedad, entonces muchas veces, los intereses particulares quedan desprotegidos”.
-¿Hay gente que hoy día está en la indefensión frente a la justicia?
“Pero sin duda. En nuestra experiencia como Fundación hemos ido asumiendo algunos nichos de la justicia que estaban absolutamente desprotegidos, justamente porque no calzan dentro de los criterios de admisibilidad de la propia Corporación de Asistencia Judicial.
“Por ejemplo, toda la gente que pertenece a la clase media empobrecida es gente que, según los parámetros que atienden los asistentes sociales no calzan con los requisitos de la Corporación; y éstas no son personas que tengan recursos para pagar un abogado. De cierto modo, ellos quedan en la indefensión.
“También hay materias que las Corporaciones no tienen la facultad de abordar como las particiones de bienes; las Corporaciones llegan sólo hasta la posición efectiva de una herencia y muchas veces, grupos de personas, familias enteras, quedan con un bien común después de la muerte de alguien y no tienen cómo resolver el tema; o sea, 20 personas quedan a cargo de la casa que el padre compró con esfuerzo; esa partición de comunidad, muchas veces, es materia de arbitraje forzoso y esa es una manera de hacer justicia que cuesta caro porque se tienen que pagar abogados. Y esto tiene efectos porque por estar en esa condición no pueden postular al Serviu para tener una vivienda propia.
“Otro grupo que queda fuera del acceso a la justicia son las organizaciones sin fines de lucro que requieren formalizarse”.
-¿O sea, los grandes vacíos se ven mucho en las causas civiles que en las penales?
“En ambas y lo que ha tratado de hacer la Fundación es entregar no sólo asistencia legal, sino que ésta sea de calidad, gratuita y oportuna. El tema de la oportunidad tiene mucho que ver con la justicia”.
-Ustedes están supliendo, en parte, el trabajo de corporaciones, fiscales y otros?
“Más que supliendo, porque eso es demasiado ambicioso, lo que planteamos es ser una contribución al mejoramiento del acceso a la justicia de los sectores y grupos vulnerables y personas de escasos recursos a través del voluntariado profesional de los abogados”.
-¿En qué áreas se necesita más labor pro bono?
“En todas; nosotros hemos focalizado nuestro trabajo pensando en varios factores; un poco en lo que los abogados nos han manifestado en cuanto a sus intereses, de acuerdo a alianzas que hemos generado, pero en general son todas las áreas. Un abogado es un profesional que se necesita para muchos trámites, de partida, para acceder a tribunales o para resolver de buena manera un acuerdo entre dos partes. Son múltiples los espacios donde los abogados pro bono pueden actuar”.
-Pero ustedes han tomado causas de interés público.
“Sí, ésa es una de las áreas y el objetivo ha sido involucrar a los abogados, con su experiencia, en ciertos casos emblemáticos donde se estuvieran vulnerando ciertos derechos fundamentales de las personas y cuya resolución podría generar resultados no sólo aplicables a ese caso, sino que a un grupo mayor.
“Uno de los temas es la accesibilidad de las personas discapacitadas al Metro, donde nosotros presentamos una demanda contra esa empresa por lo que pasa en la Línea 1; de esto podemos conseguir un beneficio para todas las personas que se encuentran en la misma situación.
“También tuvimos el caso de una pareja de discapacitados con una pequeña limitación mental que no se podía casar; eran personas que trabajaban y demostraban que podían convivir y mantener una relación y el Registro Civil no se los permitía”.
-Han asumido también casos de violencia intrafamiliar pues tienen una alianza con el Sernam.
“Ésa es otra área de trabajo de la Fundación. Uno de los más interesantes es el caso de la carabinera Marcela Valdés que sufría maltratos de parte de su marido, que también era carabinero, y que cuando denunció la situación derivó en que ella fuera dada de baja por la institución. En este caso, incluso, llevamos la causa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debido a que en Chile se le denegó justicia y en este momento se está gestando una solución amistosa o acuerdo con el Estado”.
Continúa leyendo:
La responsabilidad social de los abogados
Una enamorada del arte que busca los cambios pequeños
