Estudió leyes en la Universidad Católica, período en el cual le quedó rápidamente claro que su camino no era el ejercicio libre de la profesión. “No quería ser abogada de tribunales, no me gustó cuando hice la práctica”, dice.
Buscando alternativas, a través de un conocido, se le abrió la posibilidad de ser asesora legal del Consejo Superior de Educación. Ahí se encantó con el tema, por lo cual, no dudó, años más tarde, en trasladarse al Ministerio de Educación y terminar en la división jurídica de Educación Superior.
Estando ahí concursó, a través de una empresa de head hunter, para ocupar el cargo de directora de la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, que asumió como interina cuando se produjo el escándalo de los créditos mal asignados en el 2006.
-Estando en el Consejo de Educación Superior, participaste de la elaboración de la ley sobre acreditación. ¿Crees que zanjó el tema de asegurar la calidad?
“Creo que el tema de asegurar la calidad de la educación no es sólo una cuestión de ley, sino que de voluntades de muchos actores. La ley es un gran paso y tiene como ventaja que recoge la experiencia anterior, o sea, no es una ley que parte de una teoría. Acá se optó por crear un sistema voluntario y a partir de eso, ver qué cosas podían usarse.
“Obviamente, después se hicieron ajustes; la ley tuvo bastantes cambios respecto del proyecto original por lo que hay cosas que no sabemos muy bien cómo van a funcionar. Esperamos que se logren regular bien, pero es un gran avance en esta labor de transparentar la información para los estudiantes”.
-¿La ley asegura poder ir elevando, con el tiempo, los niveles de exigencias?
“Creo que sí, pero, insisto, esto también depende de las personas. La ley no establece requisitos mínimos, sino que un marco en el cual las personas que trabajan en la comisión se mueven. Ellos deben establecer estándares, por lo tanto, aquí tiene que haber un tema de convicción de todos los involucrados de la necesidad de ir elevando esos estándares; todo se puede hacer en forma progresiva porque la ley les permite cambiar periódicamente. Para esto se requiere también que no haya intereses corporativos involucrados, una suerte de protección de unos a otros”.
-Uno de los temas centrales de la ley es la transparencia en la información. Por muchos esfuerzos en ese sentido, ¿se consigue que el público se informe?
“Una de las deficiencias que tenemos en el sistema es la información y por eso, se le dio un énfasis especial en la ley. La información es un bien público, sobre todo en un mercado tan poco transparente como éste; y es deber del Estado proveer esa información al público. Creo que eso, hasta ahora, no se ha hecho; puede ser que el informado es el que rebusca, pero entregar información de calidad, clara, procesada, accesible, es un deber que no hemos cumplido a cabalidad y por eso es una exigencia”.
-¿Pero, el ciudadano tiene incorporado el ejercer ese derecho?
“Probablemente no tanto y es algo que hay que ir desarrollando. Si no se tienen las herramientas para poder ejercerlo es difícil que se genere la cultura, es difícil generar la demanda. Si se dan señales de que la información es clave para acceder a la educación superior y así evitar problemas a futuro (cierre de carreras y establecimientos), la familia empezará a utilizar la información de mejor forma”.
Alejandra Contreras cuenta que la comisión que dirige, durante el segundo semestre de cada año, visita colegios para entregar información del crédito y llama la atención la cantidad de información que manejan los alumnos. En esto, también, ha ayudado mucho el sitio “Futuro laboral” que desarrolló el Mineduc y donde se señalan las remuneraciones futuras en cada profesión.
-Las críticas de algunos es que la acreditación es voluntaria (cada 7 años) y obligatoria sólo para las carreras de medicina y pedagogía. ¿Pero no es un pie forzado para la acreditación el hecho que sin ella no se accede a créditos?
“En realidad, no es tan voluntaria. O sea, es voluntaria, pero existe un incentivo (se ríe), no pie forzado. El incentivo a participar está dado por los sistemas de financiamiento y no podemos desconocer que ese fue el objetivo, vincular las dos cosas.
“Tiene sentido; sí se mira desde el lado del financiamiento, es razonable que el sector público, que coloca las garantías, exija cierto nivel de calidad”.
-Los críticos de la acreditación apuntan a que esto homogeniza el sistema, es decir, no permite la diferenciación entre establecimientos. Y que esto significa nivelar para abajo.
“Creo que no es así, ésa es una visión con poco conocimiento de cómo se desarrollan los sistemas de acreditación. Tengo la impresión que existe suficiente flexibilidad en los mecanismos para, justamente, reconocer los énfasis de cada institución. De hecho, por eso fuimos defensores de no establecer estándares mínimos predefinidos de qué se entiende cómo buena calidad docente o de infraestructura. Todo dependerá de la carrera y la institución, del proyecto. A ver, no sé si es tan claro que se tenga que tener un buen edificio si se pueden hacer cosas mejores virtualmente o tener un equipamiento especial si se puede establecer un convenio con una empresa y hacer una práctica en terreno. El proyecto educacional define las características en infraestructura, docencia, biblioteca, etc., y, obviamente, debe haber una coherencia entre lo que se dice que se quiere hacer y lo que se hace, con un nivel mínimo de calidad”.
-Algunos esperaban un nivel de acreditación más exigente para los post grados?
“Efectivamente no se creó una comisión única y todo quedó entregado a las agencias de acreditación. Durante la discusión de la ley hubo un fuerte debate sobre el rol del Estado versus las instituciones privadas, se discutió sobre a quién le correspondía evaluar la calidad de una determinada entidad o programa de estudio y había posiciones muy contrarias. Se llegó a un acuerdo que fueran las agencias acreditadoras, pero que éstas debían estar, previamente, certificadas”.
-El escéptico del sistema diría ¿quién acredita al ente que certifica a las agencias acreditadoras?
(Se ríe). “Bueno, hay una agencia nacional que es pública y vela porque toda esa cadena de acreditación tenga cierto nivel. Al ser pública está sujeta a todos los controles, los administrativos y político; se trata de un control social ya sea a las personas que están a cargo como el funcionamiento global de la institución. Cualquier entidad que funcione mal va a estar en tela de juicio, esperemos”.
