El tema copa la agenda pública entre noviembre y marzo, todos los años. Son los meses en que miles de jóvenes estudiantes cruzan los dedos por obtener alguna ayuda que les permita pagar una carrera universitaria.
Hasta el 2005, sólo podían acceder a un crédito barato los sectores de menores ingresos a través del Fondo Solidaridad, muchas veces desfinanciado por la cantidad de morosos que arrastraba. Desde el 2006, no sin polémicas y problemas, los grupos de clase media pueden optar a un crédito con aval del Estado que no sólo les permite estudiar en una universidad tradicional, sino que también privada y hasta en institutos profesionales.
La abogada Alejandra Contreras es quien, desde el Sistema de Créditos de Estudios Superiores,
Ingresa, puede dar cuenta del cambio revolucionario que esto ha implicado. Y, junto con anunciar que se pidieron recursos para 45 mil nuevos alumnos, hace el primer balance del sistema.
-La primera pregunta es de cajón. ¿En Chile nunca más habrá educación universitaria gratuita?
“Efectivamente, es una realidad. Es una realidad que, en mi opinión, es correcta; está bien que así sea y eso tiene varias razones. En general tiene que ver con razones de equidad, a pesar de que suena extraño porque se dice que
por la equidad, la educación debiera ser gratuita para que puedan acceder los más pobres y no es tan así. Las cifras nos indican, más bien, que quienes acceden a la educación superior son personas que van a lograr una condición socioeconómica futura mejor, porque al tener un título profesional o técnico tienen mejores remuneraciones y las mejores oportunidades. Una educación gratuita, obviamente, alguien la paga y es la sociedad en su conjunto, a través de los impuestos; finalmente, los más pobres están financiando la educación de ese grupo con mayores oportunidades”.
-Y cómo está la calidad de la educación en Chile...
“Esa es la otra razón. Accederían a la universidad los grupos que vienen de los colegios de mejor nivel. O sea, en nuestro país, la gente que viene del sector público tiene menos oportunidades de acceder a la educación superior, los más pobres terminan pagándoles a los más ricos, así de claro.
“Por eso, no tiene ningún sentido (tener educación gratuita) y esto se ha demostrado por la experiencia internacional, no es sólo un descubrimiento de aquí. Todos los estudios dicen que es mucho más razonable, desde el punto de vista de la equidad, ayudar a la gente que no puede financiar su educación, pero esas ayudas deben ser devueltas cuando, terminada la carrera, se puede pagar. Éste, más que un problema de no poder pagar es un problema de liquidez, de cuándo se tiene el dinero para poder pagar la educación superior y por eso, se han pensado estos sistemas de créditos y la forma de poder expandirlos”.
-En la práctica, el crédito universitario se ha convertido en ‘la’ barrera de ingreso a la universidad, incluso más que la PSU.
“Yo diría que más que el crédito, el financiamiento, es decir, poder acceder a algún tipo de financiamiento es la barrera para poder estudiar y eso era mucho más grave hasta hace 2 años, cuando los accesos a vías de financiamiento estaban restringidos sólo a un grupo de instituciones, es decir, las 25 universidades que se conocen como las tradicionales y que forman parte del Consejo de Rectores. Todas las ayudas del Ministerio de Educación estaban destinadas a ellas, que además son las más selectivas desde el punto de vista académico.
“El crédito con garantía del Estado una de las grandes ventajas que tiene es que, justamente se abre a todas las instituciones, sean privadas o tradicionales, institutos profesionales (IP) y centros de formación técnica (CFT). Esto permite abrir el abanico de oportunidades para jóvenes que no pueden ir a las universidades más selectivas, pero sí pueden ir a otras”.
-¿Por qué no crear un subsidio estatal para la educación superior?
“Mira, eso ya es una definición más compleja. Creo que todos estos sistemas tienen implícitos subsidios, son créditos que no necesariamente funcionan en la lógica de mercado. El Fondo Solidario tiene un fuerte subsidio estatal, porque tiene una tasa de interés bajísima (del 2%) y es contingente al ingreso posterior, o sea, se paga según lo que se gana, por lo que prácticamente ningún alumno termina pagando la totalidad de su crédito y todo lo demás es pagado por el Estado.
“El crédito con aval del Estado tiene menos subsidio (tasa de interés del 6,1%), porque la idea es que funcione más en una lógica de condiciones de mercado, pero igualmente tiene un aporte público importante”.
-¿Es un hecho que el Fondo Solidario no podrá desaparecer?
“Es poco probable que desaparezca, porque está enfocado en los sectores más pobres. Lo bueno, es que ha tenido modificaciones en los últimos años que han mejorado su asignación, es decir, la forma de focalizarlo es mejor y permite asegurar que se está colocando en los sectores de los más bajos ingresos. Básicamente se coloca hasta el tercer quintil de ingresos. Además, tiene condiciones muy ventajosas para los estudiantes”.
-La morosidad del Fondo Solidario, que casi es de un 50%, nos dice que la gente que accede a ese crédito tiene la mentalidad de considerar que es el Estado el llamado a hacerse cargo de su educación.
“Sí, lo comparto, pero creo que eso, en los últimos años, ha ido cambiando. Creo que se ha hecho un trabajo importante –desde la época de la ministra Aylwin- en orden a ir modificando esa conducta, que es más bien un tema cultural, en cuanto considerar que es el Estado el que debe pagar y era un mero trámite pedir el crédito. Se ha hecho una política por cambiar esa lógica y hacerlo realmente exigible como las leyes de reprogramación y la que permite cobrar a través de la retención de la devolución de impuestos. Eso ha permitido recuperar una cantidad importante de dinero y que se genere una sensación de que el crédito debe pagarse. Además, la deuda del crédito es informado a los boletines comerciales. Todo, también, nos ha permitido armar este otro modelo donde se mejoraron las formas de pago para no caer en lo mismo”.
-El crédito con aval del Estado efectivamente buscó mejorar la equidad en el acceso a un número mayor de universidades que ya no sólo pertenecen al Consejo y donde se consideran algunos IP y CFT acreditados. ¿Realmente se resuelve el problema cuándo el número de acreditados es tan bajo?
“Uno nunca puede resolver los problemas en 2 años de funcionamiento. Este es un sistema que va creciendo, las instituciones se siguen acreditando y se pueden ir incorporando. Además, hay que considerar que se trata de las instituciones más grande, por lo tanto, en proporción de matrícula debemos estar cubriendo un 70 u 80% de las matrículas del sistema. Además, la solución, más que la cantidad de instituciones, tiene que ver con la posibilidad de acceder a la mayor cantidad de alumnos, o sea, un crecimiento numérico que ha sido de un 70% en dos años y esperamos mantenerlo, aunque no creemos que pueda ser a ese nivel y esto implica un compromiso no sólo del Gobierno, sino de las instituciones de educación superior y de los bancos que participan en el sistema.
“Esto nos permite no sólo cubrir el tercero y el cuarto quintil, sino que seguir avanzando en este último que es donde está el mayor déficit; se trata de la clase media, de familias a las que les es muy difícil financiar la educación superior de sus hijos”.
Alejandra Contreras asegura que el nuevo crédito ha permitido ampliar el abanico de postulaciones hacia las carreras técnicas y profesionales no universitarias, que comprenden carreras más cortas y que son las que hoy capacitan una mano de obra demandada. Con cifras en las manos dice que de los que obtuvieron el crédito, un 16% postuló a las casas de estudio del Consejo de Rectores, un 38% lo hizo a las universidades privadas, un 32% lo hizo a los IP y a los CFT partieron un 14% de los estudiantes.
“Esta proporción hay que ponderarla por la cantidad de instituciones. CFT tenemos sólo seis acreditados, versus universidades privadas que son más de 20, por lo que en un grupo tan pequeño captaron el 14%”, explica.
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