En 2007, casi 39 mil alumnos obtuvieron el crédito con aval del Estado, de los cuales un 91% ya firmaron los papeles para oficializarlos.
-¿Qué significa que un porcentaje del casi un 10% renuncie al crédito? ¿Por qué?
“En nuestra breve historia mantenemos el mismo porcentaje todos los años. Esto tiene varias razones; algunas con que entre medio, hay alumnos que logran financiar sus estudios en forma personal; otros, son alumnos que ya han desertado y deciden pagar el semestre en vez de adquirir el crédito; y algunos, que están rezagados porque nunca se enteraron de las fechas”.
-¿No hay un grupo que tampoco puede, finalmente, asumir el compromiso?
“Sí. Hay que considerar que este crédito no cubre el valor total de las carreras, sino que un arancel de referencia y falta cubrir un diferencial. Puede haber alumnos que no hicieron bien sus cálculos; en un CFT podemos cubrir prácticamente el 100 % del valor de la carrera, no así en una universidad privada”.
De las buenas noticias que tiene Alejandra Contreras es que para el año 2008 se ha solicitado al Estado un presupuesto que pueda cubrir las garantías de 45 mil alumnos nuevos, independientes de los créditos que tienen seguir dándose a los 39 mil de este año y los 21 mil de 2006.
“No podemos presionar tampoco a las instituciones de educación superior en un número mayor, porque ellas también dan garantías de crédito. No podemos tener un crecimiento explosivo”, dice.
-¿Cuál es la tasa de morosidad que registran?
“No la tenemos todavía porque los primeros alumnos van a empezar a pagar el próximo año; se trata de alumnos de último año que están egresando y tienen un plazo de gracia de 18 meses”.
-¿Y por deserción?
“La calculamos anualmente, por lo tanto, los que en marzo de 2007 no se matricularon y eran del 2006, tienen un plazo de 12 meses para cambiarse de carrera o institución. En marzo de 2008 vamos a tener los primeros desertores ya reales. Hoy tenemos potenciales desertores, que es un número súper bajo, aproximadamente de un 7% de los 21 mil que obtuvieron crédito el 2006”.
-Éste es un tema, porque las instituciones deben pagar hasta el 60% de la garantía si los jóvenes se van sin terminar. Se cuestionó que para evitar la deserción, los establecimientos bajarían las exigencias académicas con tal de retenerlos.
“Yo tengo una apuesta más bien positiva en ese sentido. Creo que aquí hay un incentivo súper bueno a que las instituciones, al revés de lo que se piensa, se hagan cargo de sus alumnos, es decir, en el fondo, esto las estimula a evitar la deserción sin bajar los niveles de calidad; deben hacerse cargo de las diferencias académicas y socioeconómicas. Analizado desde el punto de vista financiero, es muy rentable invertir un poquito más en el apoyo académico de ellos de forma tal que se mantengan en el sistema.
“Bajar el nivel de calidad a largo plazo puede que les funcione por un tiempo, pero al largo plazo les va afectar desde el punto de vista de la acreditación, que es el mecanismo que tenemos para poder controlar la calidad; y además, en el mediano plazo, porque hay una norma de la ley que señala que aquellas instituciones que tengan morosidad más allá del promedio del sistema tienen que salir de él, es decir, no puede recibir nuevos créditos. Está pensando que si un alumno no puede pagar es porque tiene problemas de empleabilidad, y una institución que da mala calidad va a generar ese problema”.
-Antes hablamos de educación gratuita y morosidad. Para asegurar el pago de los créditos, ¿tuvieron que involucrar a la banca privada?
“No sé si es la que lo asegura, pero sí nos facilita la vida (se ríe), porque cada uno se dedica a lo que le es propio. La ventaja de este sistema es focalizar los esfuerzos y trabajos en quien sabe hacerlos. Las universidades no son empresas cobradoras...
-Y el Estado es mal cobrador.
“No estoy tan segura que sea mal cobrador...
-Hace perdonazos.
“Claro... pero no se justicia gastar más en cobrar. Hay que tener infraestructura y el Estado no externaliza estos servicios, entonces trata de tener las estructuras. El modelo de este crédito permite que todo sea más eficiente; el Estado apadrina todo esto, lo que tiene un gran valor para el mercado, no es una garantía nominal”.
-¿El crédito de la Corfo (con la banca privada y aval familiar) está destinado a morir?
“Yo no tengo la respuesta; es una decisión de la Corfo. Lo hemos conversado y creemos que no tiene mucho sentido que muera, porque se trata de segmentos o públicos diferentes. Lo que se ha logrado con todos estos mecanismos es que se vayan complementando; tiene mucho sentido que ambos créditos coexistan porque nosotros no tenemos posibilidad de abarcar más alumnos y eso nos impide cubrir en su totalidad el cuarto quintil de ingresos y menos, el quinto, en circunstancias que hay familias que están en ese segmento y necesitan ayuda; ellos pueden pagar una tasa comercial y tienen aval familiar”.
