BRUSELAS.-La Comisión Europea (CE) pidió hoy que se refuerce la protección de las mujeres frente a la mutilación genital, que aún supone una amenaza en 13 estados miembros, entre los que figura España.
El Ejecutivo comunitario presentó hoy, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una serie de medidas para asegurar que se respetan las normas europeas para personas refugiadas y que estas acciones, que constituyen una violación de los derechos humanos, son debidamente juzgadas en los tribunales.
La mutilación genital femenina, también reconocida como una forma de abuso de menores, afecta a 500.000 mujeres en la UE y a más de 125 millones en el mundo.
Aunque esta práctica suele producirse durante estancias en un país tercero, la CE asegura que también se está llevando a cabo en territorio comunitario.
"La Comisión reitera su compromiso en la lucha contra la violencia contra las mujeres y la eliminación de la mutilación genital femenina, tanto en la UE como a nivel internacional", señaló la comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, en un comunicado.
En él, recordó que la CE no puede lograr este objetivo sola y que necesita la implicación de los Estados miembros, Naciones Unidas, y las ONG. La jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, por su parte, ha declarado que "todas las herramientas y recursos políticos y económicos de la UE serán utilizados para promocionar iniciativas y apoyar leyes que ayuden a crear un mundo donde ninguna niña sufra esta práctica cruel e intolerable".
La propuesta de hoy de la CE incluye distintas iniciativas dirigidas a mejorar el entendimiento de este fenómeno, reforzar la prevención y el apoyo a las víctimas, hacer más efectivo el seguimiento judicial en los países comunitarios e impulsar la protección de las mujeres en riesgo en territorio comunitario.
Según un informe reciente del Instituto Europeo de Igualdad de Género, citado por la CE, hay víctimas o potenciales víctimas de mutilación genital femenina en España, Austria, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Holanda, Portugal, Suecia y el Reino Unido.
Este estudio pone de manifiesto, no obstante, que la base para hacer frente a este problema es contar con datos rigurosos.