MADRID. - "Desde que me quedé sin trabajo no he levantado cabeza", dice Dolores Ferrer, una española que, golpeada como otros millones por el desempleo, lleva años sin poder pagar las facturas en el diminuto apartamento del que ella y sus dos hijos están amenazados de expulsión.
"La electricidad la dejé de pagar hace tres años, porque si yo de 400 o 500 euros quito para luz, qué comían mis hijos", dice mientras junto a ella Cristian, de 10 años, hace los deberes taciturno sobre un sofá destartalado.
Separada de su marido hace ocho años por malos tratos -"me pegó una paliza que me desperté en el hospital", recuerda-, Dolores lucha por sacar adelante sola a Cristian y a Nerea, de 14 de años.
Hasta finales de 2011 trabajó en empresas de limpieza aunque "nunca con contrato fijo", reconoce esta mujer de 35 años, determinada, afable y de mirada franca.
"Tampoco era mucho lo que yo ganaba. En el último trabajo cobraba 500 euros pero con eso me apañaba" (me las arreglaba), dice. Hasta que hace más de dos años, en el peor momento de la crisis, perdió ese empleo y ya no encontró otro.
Durante 15 meses subsistieron con un subsidio de 400 euros, que llegó a su fin en enero de 2013. Pero mucho antes ya no podía pagar las facturas. "La luz ha subido muchísimo, más que el agua y que el gas. El precio es una exageración en algo tan vital", se indigna.
Desde 2008, año en que estalló la crisis, la tarifa doméstica de electricidad aumentó 43% en España. En un país que terminó 2013 con un 26,03% de desempleados, muchas familias se vieron obligadas a reducir su consumo energético.
Casi un 18% de hogares, más de tres millones, no podían calentar suficientemente su vivienda a finales de 2012, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Un problema que ya se conoce como "pobreza energética".
La electricidad "no puede faltar en una casa", afirma Dolores. Por eso, cuando le cortaron el suministro encontró una solución. "Estuve casi 20 días sin luz y me tuve que llevar a los niños a casa de mi hermana", recuerda.
Luego un vecino de Villaverde, este suburbio obrero del sur de Madrid donde más de una familia está en la misma situación, le explicó cómo "reengancharse" ilegalmente a la red.
"La compañía se lleva una pieza, un fusible especial que es difícil de encontrar pero que se vende en algunas ferreterías y se puede reemplazar", afirma. Una búsqueda desesperada que ahora Dolores repite cada dos meses, tras cada nuevo corte.
También "me he tirado (he pasado) cinco meses sin agua caliente" por no poder reparar la caldera, explica. "Nos lavábamos calentando ollas, muchas ollas, o pidiéndole a la vecina cubos de agua caliente".
"Era terrible, se te quitaban las ganas de bañarte", dice Nerea, una adolescente de largo cabello moreno, mientras juguetea con Narco, el pincher enano con el que viven en este apartamento de 33 m2 y un único dormitorio, con dos camas para los tres.
Por la minúscula pieza donde se hacinan salón, comedor y cocina corretean también un gato y un conejo blanco, ante la mirada divertida de los niños. ¿Cómo sobrevivieron el último año? Gracias a la solidaridad. "En el barrio me ayuda muchísima gente, siempre que hay comida me llaman del banco de alimentos", dice Dolores.
"Y le debo mucho a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca", organización de defensa de la vivienda englobada en el movimiento de 'los indignados'.
Interponiéndose entre ella y la policía, ya impidieron en junio y septiembre que su familia fuera expulsada de esta vivienda social que Dolores ocupa desde hace 20 años sin autorización. Una pesadilla a la que tienen que volver a enfrentarse este viernes.
Tras muchos años de trámites infructuosos, Dolores confía ahora en recibir pronto una ayuda pública destinada a las mujeres maltratadas y una vivienda social. Esta vez, con todo en regla. "Lo que quiero es vivir sin miedo. Que mis hijos vivan tranquilos", dice, sin poder contener las lágrimas.
