El camino no lo tienen fácil los parlamentarios. Al descrédito de las instituciones como el Congreso y los partidos políticos, se suma hoy el juicio público por las eventuales ilegalidades en el financiamiento de algunas campañas y carreras políticas.
Por eso, algunas ONG han intensificado sus campañas para develar de una vez el manto de oscurantismo que cubre a la actividad política. Una de ellas es
Ciudadano Inteligente, que mediante distintas iniciativas busca que los parlamentarios den cuenta de sus acciones; así la consulta
¿Quién te financia? pretende que transparenten sus fuentes de ingreso en período electoral.
La abogada María Jaraquemada, que se define como abogada de las causas perdidas –esperamos que ésta no la sea- está dispuesta a jugársela por sacar adelante una Ley de Financiamiento de la Política que ponga coto a todos los vicios que hoy se conocen y por años, reconocen bajo cuerda. Directora, jefa de investigación de Ciudadano Inteligente, con un magister en derechos humanos en España, sabe de lo que habla tras su paso por el Consejo para la Transparencia.
-Pongámonos en el peor escenario para iniciar esta conversación. ¿Qué podemos esperar de una ley de este tipo si quienes la van a votar son los que se verán afectados?“Creo que las cosas han cambiado; en el pasado han habido muchos proyectos en la materia con los que no pasó nada, como uno de la Presidenta Bachelet en su otro gobierno, que fue el que más avanzó no pasó el primer trámite. Hoy, con el caso Penta y otros cuestionamientos a la campaña presidencial, el escenario ha cambiado y eso obliga a los parlamentarios a entender que hay que cambiar las reglas, que la ciudadanía ya no acepta que el financiamiento no sea transparente”.
-La experiencia demuestra que en todas las leyes que tocan sus intereses, los parlamentarios no avanzan mucho como ley del lobby, límite a la reelección y otros.
“Bueno, para eso está la sociedad civil, para eso estamos nosotros, para empujar estos cambios y de ahí que tengamos la campana de ¿Quién te financia?, que nos obliga a hacer presión. Nosotros asociamos esa campaña con imágenes de El Padrino, que sabemos son fuertes, y con lo que queremos decir que si no se hace algo, nuestro escenario podría ser así a futuro. Tenemos que provocar”.
-El debate no será fácil si vemos lo impopular que es postular el financiamiento público de la política.“El proyecto mantiene el financiamiento privado, aunque saca a las empresas, y es verdad que aumenta el público y establece el financiamiento público de los partidos. Pero sabiendo que es absolutamente impopular, creemos que es algo en lo que debemos avanzar. Los partidos se financian con privados por lo tanto no sabemos de qué mecenas o empresas dependen. Si se quiere una democracia fuerte y estable se necesitan partidos políticos estables, con programa, que vayan mucho más allá de tratar de elegir autoridades. Esto es una inversión en democracia, pero sabemos que va a costar”.
María se adelanta y señala que enfrentan varios escenarios probables donde cabe que no pase nada y todo quede en statu quo, que se llegue a un acuerdo a puertas cerradas donde las normas les convengan a los políticos o que, en el otro extremo, salga una ley de primera línea.
-¿No es un poco ingenuo sorprenderse con el caso Penta? Porque alguien debe financiar a los políticos cuando no se encuentran en el período legal de campaña.“Nosotros sabíamos por conversaciones con los mismos parlamentarios que ellos hacen campaña por más tiempo que los tres meses legales y que sólo declaran ese período. También, confiesan que se sobrepasan los límites, pero siempre en relación al de al lado, nunca ellos. Pero si el Servel no tiene capacidad para fiscalizar y se limita a recibir papeles y tramitarlos formalmente, esto seguirá pasando.
“Aunque para nosotros un caso como éste era esperable, siempre sorprenden los montos, el cómo, los nombres. De ahí que urge una mayor transparencia y una profunda reestructuración del Servel. Si no le damos dientes y brazos para que se salga a la calle y se meta en los documentos, no sacaremos nada”.
-¿Hay algún sistema de financiamiento político que sea incorruptible en algún país?
“No, y ninguna ley es perfecta, o sea, siempre se podrá eludir y hacer trampa. Pero si con mayor transparencia la prensa, la ciudadanía y las ONG fiscalizan, será más difícil que se arriesguen a cometer una infracción. Además, esperamos que si se cometen la sanción sea no penal, sino que moral como en otros países donde ante infracciones graves, el involucrado pierde el cargo. Esas sanciones potentes inhiben conductas”.
-Ustedes creen que las empresas no deben donar porque ellas no votan. Pero ellas pueden argumentar que les importa el fortalecimiento del sistema democrático en su conjunto.
“Creemos que a los dueños de las empresas sí les interesa la democracia, pero no a las empresas; a ellas les interesa maximizar sus utilidades. Claudio Agostini, que ha investigado este tema, dice que un estudio de Suiza, Canadá y EE.UU. -donde la información es transparente-, demuestra que las empresas que más donan son las reguladas, preferentemente cuando se discuten proyectos que las afectarán y a parlamentarios que están en las comisiones que discuten los proyectos. Eso es lógico, donar a las personas que defenderán mis intereses económicos.
“Además, se podría entender si estuviéramos en un país donde las pymes que no tienen para donar, tuvieran igualdad de condiciones de acceso a los parlamentarios que una empresa que tiene poder económico para influir, pero en un país tan desigual, la influencia del dinero en la política es demasiado alta”.
-¿Y si las empresas donaran a un fondo común a repartir?“Podría ser, pero tengo entendido que a ellas no les gusta. Se planteó que el fondo se distribuyera según votación y fueran los ciudadanos los que decidieran cómo se repartía, pero no les pareció bien. Además, hoy los beneficios tributarios incentivan que las empresas donen y no las personas naturales”.
María sostiene que en Chile se ha ido instaurando una cultura de la transparencia, donde la ciudadanía fiscaliza y en ello tienen mucho que ver las redes sociales. Pero que ahora, en una segunda etapa hay que hacerse cargo de que si se quiere un sistema no corrupto, se debe poner plata del bolsillo, además del Estado. “Y también reducir el límite gasto”, acota.
-¿Avanzar en transparencia es terminar con las donaciones anónimas?“El proyecto lo plantea así, pero tenemos un reparo porque eso podría afectar a personas como funcionarios estatales que donen a un candidato opositor al gobierno o periodistas, que se les acusaría de no ser objetivos. Creemos que montos pequeños, 20 UF, debieran ser reservados, pero no más altos”.
-¿Te gusta el proyecto de ley en este sentido?“Da más transparencia terminar con las donaciones de empresas y anónimas, así como hacer pública toda la información en la página del Servel. Ahora el tema es cuando se sube y se hace pública esa información, porque se podrá saber de qué parte fluye el dinero a los candidatos, pero tienen que ser en la campaña. También eleva las sanciones y la más alta comprende pena aflictiva, lo que implicaría perder el derecho a sufragio y por lo tanto, a ser elegido.
“Ahora, le faltan cosas como más atribuciones y recursos al Servel y exigirle a los partidos transparentar su información considerando que recibirán dineros estatales, éstos se deben regir por la Ley de Transparencia o un estatuto especial como el de las empresas públicas”.
-¿Te parece correcto que el financiamiento sea sólo a los partidos con representación parlamentaria?“No hemos resuelto el punto. Planteamos que se diera un monto de acuerdo con su resultado electoral, de manera que los votantes resuelvan y otro fijo para financiar temas como promoción de mujeres y jóvenes. Es bueno que sea de acuerdo a los parlamentarios electos, pero se ha planteado que también se considere el número de alcaldes, algo que pudiera ser razonable. Lo importante es que no se financien aventura política individuales”.
-¿Y qué les parece que los candidatos no puedan usar sus recursos personales en sus campañas?“No los hemos resuelto. Lo que queremos es que haya transparencia, que se sepa de dónde vienen los recursos. En EE.UU. se permite usar tus recursos personales en la campaña y de hecho, eso tiene menores restricciones que los que reciben dinero público. Ahora entendemos que el proyecto trata con esto de dar mayor equidad, que todos los candidatos tengan mayor igualdad y se equipare la cancha”.
-¿Bajar el límite del gasto no derivará en un mayor gasto en negro?“Es que hoy ya es así, se reconoce que se gastan 2 o 3 veces más que lo que se puede. Pero hay software que permite fiscalizar en forma más eficiente. El proyecto, postula que el Servel puede salir a terreno, visitar las sedes y exigir información. Además, los mismos candidatos saben perfectamente lo que gasta el del lado, por lo que el Servel también lo podrá saber”.
