El objetivo es reducir el consumo de energía de la industria procesadora de plástico, y la contaminación causada por los desechos.
Reuters
PARIS.- Los recientes esfuerzos de Francia para reducir la contaminación también afectarán a los que disfrutan de comer al aire libre, ya que bajo una nueva y controvertida ley, los que vayan de picnic ya no podrán usar vasos de plástico para su vino, tampoco cubiertos ni platos de ese material para sus baguettes.
Y la vida en la oficina también será diferente, porque las máquinas expendedoras de café ya no darán vasos de plástico.
La nueva medida, que entró en vigor en agosto, dará a los productores hasta el año 2020 para asegurarse de que todos los platos vendidos en Francia provengan de fuentes biológicas y puedan usarse como abono orgánico. Esto sigue a la prohibición de las bolsas de plástico vigente desde julio.
Aunque varios países han prohibido también las bolsas plásticas, Francia parece ser el primero en introducir una restricción a los utensilios de plástico. La medida llega después de que París fue sede de una importante conferencia el mes pasado sobre cambio climático, y mientras el gobierno socialista trata de poner a Francia al frente de la lucha ambiental.
Mientras las organizaciones ecologistas aplaudieron la ley francesa y esperan que sea ejemplo para otras naciones, los que se oponen argumentan que afectará a los consumidores y viola las normas de la Unión Europea del libre movimiento de los bienes.
Preocupada de que la medida francesa pueda expandirse a otros países, Pack2Go Europe, una organización con sede en Bruselas que representa a fabricantes de empaques europeos, dijo que seguirán luchando contra ella.
"Estamos exhortando a la Comisión Europea a que haga lo correcto y tome acción legal contra Francia por violar la ley europea", dijo el secretario general de Pack2Go Europe, Eamonn Bates. "Si ellos no lo hacen, nosotros lo haremos".
La prohibición fue propuesta en un principio por el Partido Europa Ecología Los Verdes y fue adoptado por legisladores franceses con el objetivo de reducir el consumo de energía y desperdicio de la industria procesadora de plástico, además de la contaminación causada por los plásticos desechados.
Los ecologistas querían que la medida entrara en vigor en 2017, pero se pospuso hasta 2020 porque la ministra del Medio Ambiente Segolene Royal se oponía en un principio a la medida al considerarla "antisocial". Ella argumentó que las familias con menos recursos económicos usan frecuentemente los utensilios de plástico.
