La crisis actual del Sename reveló la trayectoria que puede seguir la vida de un niño institucionalizado.
Ilustración de Edith Isabel
REVISTA VIERNES DE LA SEGUNDALos hermanos Clara (6), Tomás (3) y Paula (1) salieron juntos de su casa para ser institucionalizados en la Red Sename, en 2012. Después de dos años, sólo Clara regresó y los otros dos hermanos fueron entregados en adopción. El Estado determinó que Elizabeth, la madre, no era apta para todos sus hijos.
En Chile hay dos vías posibles para que un niño pueda ser adoptado: que sus padres no quieran hacerse cargo de él, o que un Tribunal de Familia considere que los padres biológicos no garantizan sus derechos básicos y no pueden criarlo. Esta última opción agrupa al 39% de los 442 niños que, en 2015, fueron declarados en susceptibilidad de adopción en el país. ¿De qué manera se comprueba la incapacidad de esos padres?
La crisis por la que actualmente atraviesa el Servicio Nacional de Menores (Sename) reveló la trayectoria que puede seguir la vida de un niño institucionalizado, en donde incluso sufre nuevas vulneraciones físicas y psicológicas, a veces aún más graves que las que lo alejaron de su casa y de su entorno familiar.
Hace una semana, el organismo reveló que en los últimos 11 años han muerto 865 niños, niñas y adolescentes dependientes de la Red Sename. Realidad que motivó el anuncio de la Presidenta Michelle Bachelet, en el que adelantó que se inyectarán de forma inmediata $2.500 millones al servicio para fortalecer la atención directa y la infraestructura de los centros. El objetivo a largo plazo, dijo, “apunta a consolidar las políticas de desinternación, a través de familias alternativas o adoptivas. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir en una familia, y eso no se puede reemplazar”. Dijo, también que “se deben fortalecer las capacidades de las familias para proteger a sus hijos y evitar el traslado a instituciones, las que sólo deben ser un instrumento de última instancia”.
Este reportaje se pregunta en qué medida el Estado chileno le garantiza a un niño la posibilidad real de volver con su familia de origen, después de vivir internado en un hogar. El foco está puesto en los derechos de los niños, y no en los derechos de los padres sobre ellos. Todos los nombres de los protagonistas de estas historias han sido cambiados para proteger su identidad, dignidad y derechos.
En las últimas décadas ha existido un cambio de paradigma respecto de la adopción. Naciones Unidas enfatiza que los Estados deben agotar todos los recursos para lograr la revinculación familiar; también deja en claro que cuando esto no se logra, entonces recién se puede aplicar la adopción con el objetivo único de “buscar una familia para un niño y no un niño para una familia”.
“La adopción no debería ser la primera opción”, dice Clarice da Silva, especialista en protección infantil de Unicef. “Cuando un niño es apartado de su familia, cualquiera sea el motivo, tiene el derecho de volver a ella si las condiciones son favorables. El Estado tiene la obligación de apoyar a esta familia, para que el niño pueda retornar. Cuando un juez determina que un niño va a ser adoptado, esta decisión es final e irreversible. Es por esto que hay un proceso con varias tentativas para determinar realmente si existe la posibilidad de reintegrarlo a su familia. Si no, la segunda opción sería que el niño esté con su familia extendida, y la tercera sería una familia de acogida temporal, hasta que el problema sea resuelto. La última opción es la adopción”.
Pero el sistema es imperfecto. En Europa, las adopciones realizadas en casos en que el niño fue separado de sus padres por condiciones de vulnerabilidad han tenido un fuerte cuestionamiento. En 2013, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España al pago de 30 mil euros por separar a una madre de su hija. La historia comenzó cuando, en agosto de 2005, la mujer pidió ayuda al servicio social para conseguir trabajo, comida y alojamiento. La pequeña, de tres años, fue trasladada a un centro de acogida y a la madre se le prohibió visitarla; la niña fue declarada en desamparo y se inició el proceso para su adopción.
Después de ocho años, el tribunal le dio la razón a la madre: fue apartada injustamente de su hija porque ni el servicio social ni los jueces desplegaron los medios necesarios para que volvieran a estar juntas, contribuyendo “de manera decisiva a la ausencia de toda posibilidad de reagrupación familiar”.
Pero el fallo no le garantizó a la niña volver con su madre biológica: fue adoptada y ya llevaba ocho años viviendo con una nueva familia. ¿Hay en Chile casos como el de España? Sí.
Daisy tenía 5 años cuando el Estado determinó que Julia, su madre, no estaba capacitada para cuidarla, pero sí a sus hermanos. El abogado Francisco Estrada, ex director del Sename, logró revertir la susceptibilidad de adopción. En 2009, uno de los cuatro hijos de Julia murió por una bronconeumonía. Ese invierno, ella no regresó al control de salud con otro de sus hijos, que había estado hospitalizado por virus sincicial. Desde el consultorio se alarmaron y la denunciaron ante un tribunal que decretó como medida de protección la internación de los niños, considerando el inminente riesgo que enfrentaban. Por sus edades (9, 5 y 3 años), los tres quedaron en hogares diferentes.
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