MADRID.- La presidenta de una asociación defensora de animales en el sur de España podría enfrentar cuatro años de prisión, acusada de matar con un cómplice más de 2.000 perros y gatos que agonizaron dolorosamente, indicó el martes una fuente judicial.
La acusada, Carmen Marín, sometida a juicio en Málaga desde mediados de noviembre, presidía una asociación sin fines de lucro (la protectora Parque Animal de Torremolinos) que cuidaba animales abandonados o donados para ser ofrecidos en adopción.
El refugio operaba también como peluquería, residencia y clínica privada para animales, pero su presidenta carecía del título de veterinario, según la acusación.
Tras la investigación, el fiscal concluyó que la responsable y un empleado (Felipe Barco) encargado del mantenimiento "han sacrificado y entregado para su incineración entre los meses de enero de 2009 y octubre de 2010" alrededor de 2.183 animales.
Les inyectaban un producto eutanásico, pero en dosis inferior a la recomendada "con el solo objeto de ahorrar costes", sin haberlos sedado previamente, provocándoles "una lenta y dolorosa agonía", indicó el fiscal.
"Para llevar a cabo estas exterminaciones masivas y programadas (...) se desconectaban las cámaras de seguridad del centro y se conectaba la música a la megafonía del centro a alto volumen" para acallar "los alaridos de los animales", según las conclusiones del fiscal.
La defensa de la acusada
Durante una sola semana en el verano de 2010, sacrificaron a más de 50 gatos y 20 perros, destacó el documento, donde se agregaba que el objetivo era rebajar costos y privilegiar las actividades privadas lucrativas.
"Los días de exterminio solían ser los lunes (...) Si un viernes había una galería de perros llena y el lunes no había ninguno, lo que suponíamos es que los habían sacrificado", dijo en calidad de tetigo, un veterinario que trabajó en la protectora. Otro, por su parte, señaló: "No podíamos pasar a la parte de atrás donde estaban los chillidos de los perros y entonces sabíamos que iban a sacrificarlos, pero no podíamos hacer nada".
En un video difundido por el diario El Mundo, se escucha a la acusada defenderse de las acusaciones: "Es más, yo tengo fobia a poner las inyecciones, tengo que mirar hacia otro lado porque no puedo ver cómo se clava la aguja".
Podría ser condenada a cuatro años de prisión por maltrato animal, ejercicio ilegal de la profesión de veterinario y falsificación de documentos.
La última sesión del proceso, en el que participan como partes civiles las organizaciones Colectivo Andaluz contra el Maltrato Animal y Asociación para el Bienestar de los Animales, tendrá lugar el 9 de diciembre, según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
